Todos, creyentes y no creyentes, conocemos las diferentes versiones del Nuevo Testamento según las narraciones que nos proporcionan los cuatro evangelistas. Para mí la versión más cercana a la realidad es la del Evangelio según Jesucristo de José Saramago. Leyendo unas recientes declaraciones del líder del PP Alberto Núñez Feijóo a la agencia Servimedia, he llegado a la conclusión de que tiene, según su parecer, una interpretación de la ley que se asemeja más a la fantasía de los evangelistas que a la realidad que imponen nuestro texto constitucional y las leyes que lo desarrollan.
Después de la fallida maniobra del PP para perpetuar la composición del Tribunal Constitucional hasta las próximas elecciones, el Sr. Núñez Feijóo reclama el derecho del PP a elegir el nombre del miembro número doce del Tribunal Constitucional que, según él, “le corresponde por ley”. Desconozco si esta afirmación la ha hecho por considerar que se trata de un derecho divino, pero me permito recordarle que no está sustentado por derecho terrenal alguno. El Senado, si existen posibilidades para ello, podrá poner en marcha el mecanismo de cobertura de esta vacante, pero con su actual composición y sin que exista derecho adquirido alguno por parte del PP.
Como es lógico, habrá sido asesorado por expertos constitucionalistas, pero, en mi opinión, los consejos recibidos no se ajustan a los principios generales del derecho que sirven para interpretar la Constitución. Según la locución latina “tempus regit actum”, de general aplicación en nuestro derecho, es el actual Senado, sin ningún condicionamiento, el que está legitimado para cubrir la vacante conforme al quorum exigido por el texto constitucional. Llama la atención que un ferviente “constitucionalista” pretenda politizar el Tribunal Constitucional de forma tan irreverente. La táctica del PP en relación con las renovaciones del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial pasaba por bloquear la composición actual, surgida de tiempos políticos ya superados. El Consejo, insólitamente prorrogado por cuatro años y, como diría el castizo, lo que te rondaré morena, ha suscitado la lógica preocupación de algunos representantes de las instituciones europeas. El Tribunal Constitucional estaba pendiente de renovar el turno de cuatro magistrados, cuyos nombramientos se escapaban del control de las Cámaras, ya que estaban en manos del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial. La maniobra ha sido abortada. Desmontada la maniobra de bloqueo del Tribunal Constitucional al votar los vocales del sector de la izquierda a María Luisa Segoviano, elegida por unanimidad ante la sorpresa y desesperación de los filibusteros, ahora ponen sus ojos en las instituciones de la Unión Europea con la ridícula pretensión de que se condene a España privándola de la Presidencia de turno de la Unión Europea por atentados a la independencia judicial. La noticia de esta pretensión es solo para consumo interno porque en Bruselas no salen de su asombro ante la patética y disparatada postura del PP. A la vista del fracaso, el PP se ha descolgado con una proposición de ley para regular el nombramiento de los doce vocales judiciales el Consejo del Poder Judicial alegando que es una exigencia de la Unión Europea. Una vez más, faltan escandalosamente a la verdad. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea deja en absoluta libertad a los países para elegir el sistema de gobierno de los jueces. De los veintisiete países que la integran, diecinueve tienen Consejos Judiciales. Todos ellos se han integrado en la Red Europea de Consejos de Justicia. Es cierto que esta institución exige que los vocales judiciales sean elegidos por los jueces y entre los jueces y habrá que considerar esta exigencia en una fututa remodelación de más hondo calado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La posibilidad está abierta y habrá que tener en cuenta todas las recomendaciones de la Red Europea, entre las que destaca que el sistema de votación debe reflejar el pluralismo político que existe en todas las sociedades democráticas. El Partido Popular, que no ha dudado en valerse de sus mayorías para imponer a sus vocales, descubre ahora las ventajas del modelo que propugnan los países agrupados en la Red Europea de Consejos de Justicia. Confían en que la mayoría de los componentes de la carrera judicial se decante por personas identificadas con los postulados de la derecha. En todo caso, espero y confío en que los elegidos, sea cual sea su sesgo ideológico, actúen buscando exclusivamente la mejora del funcionamiento del servicio público de la Administración de Justicia que prestan a los ciudadanos y refuercen la independencia de todos los jueces y tribunales. La reforma tendrá que esperar. Habrá que debatirla en el marco de una necesaria remodelación del Consejo General del Poder Judicial. Antes es obligado cerrar el procedimiento vigente que se puso en marcha, cuando en el año 2018 el presidente del CGPJ envió a ambas Cámaras, Congreso y Senado, una lista de los jueces elegidos entre los jueces y por los jueces, abriendo así un trámite que necesariamente tiene que concluirse con la convocatoria de una votación en ambas sedes. Los artículos 204 y 205 del Reglamento del Congreso de los Diputados regulan el procedimiento a seguir para el nombramiento de los vocales del Consejo del Poder Judicial, tanto los de procedencia judicial como los cuatro juristas que completan los veinte vocales que lo integran. Exigen la convocatoria de un Pleno en el que si no se cubriesen las mayorías exigidas se realizarán sucesivas votaciones en las que se podrá reducir progresivamente el número de candidatos, y en estas votaciones sucesivas –si resultan estériles– la Presidencia podrá, si las circunstancias lo aconsejan, interrumpir por un plazo prudencial el curso de las votaciones. En todo caso, los grupos parlamentarios tendrán que explicar cuáles son las objeciones a los candidatos. Ante el bloqueo queda abierta la posibilidad de reformar la Ley Orgánica del Consejo, respetando inicialmente la mayoría de tres quintos y reduciéndola a mayoría absoluta cualificada. El Reglamento del Senado exige también la deliberación en un Pleno en el que se presentará un informe por un miembro de la Comisión de Nombramientos, por tiempo no superior a diez minutos, seguida de la intervención de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios que lo deseen, por tiempo máximo de diez minutos cada uno. Ante la parálisis dañina para la estabilidad del sistema constitucional, creo que ha llegado el momento de romperla enfrentando a los representantes del pueblo español ante sus conciudadanos explicando por qué razones se oponen a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Después, que cada uno saque sus propias conclusiones.
El traje de moderación del PP acaba en la tintorería por culpa de Mañueco
Alfonso Fernández Mañueco no es lo que se suele considerar un político brillante. Un requisito para tal condición debería ser siempre reaccionar con rapidez ante cualquier amago de crisis. En caso de dirigir un Gobierno de coalición como el de Castilla y León, eso obliga a dejar claro cuanto antes cuál es la posición del Gabinete, no sea que el socio esté provocando incendios por su cuenta. En la polémica sobre las medidas contra el aborto anunciadas por el vicepresidente, Juan García-Gallardo, de Vox, Mañueco tardó cuatro días en cerrar el asunto. Gracias a sus dudas, la opinión pública probó un aperitivo de lo que sería un hipotético Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo con Santiago Abascal de vicepresidente.
Es decir, la típica imagen que Feijóo no quiere que aparezca en la mente de los votantes. La primera reacción de Mañueco fue señalar la semana pasada que el protocolo cuyo texto nunca fue dado a conocer resultaba casi irrelevante al no obligar a nadie, ni a médicos ni a mujeres embarazadas. Eso no aclaraba la confusión, porque entonces había que preguntarse de qué serviría escuchar el latido del feto u observar una ecografía 4D si en la práctica sólo lo pedirían las mujeres que sí iban a dar a luz. Tal y como había dicho Gallardo en una rueda de prensa el jueves en la que estaba presente el portavoz del Gobierno autonómico, el objetivo era reducir el número de abortos. Es lo que se ha hecho en Hungría, el país europeo favorito de Vox. El lunes, quedó clara la falta de autoridad de Mañueco cuando su número dos le desmintió al responder a las críticas lanzadas por el Gobierno central que incluían el aviso de medidas jurídicas. A todo esto, el protocolo fantasma seguía sin aparecer al no publicarse en el boletín oficial de la comunidad ni ser enviado a los hospitales. Gallardo afirmó en una entrevista y una rueda de prensa que el protocolo impuesto por Vox iba a ser “obligatorio para los profesionales sanitarios y voluntario para las gestantes”, que podrían rechazar someterse a esas pruebas. El vicepresidente repitió varias veces las palabras 'imperativo' y 'proactivo' con lo que obviamente limitaba la capacidad de los médicos de negarse a participar. Los protocolos sanitarios se cumplen todos, avisó, lo que aparentemente incluye aquellos que nadie ha leído aún. Para comprobar hasta qué punto Gallardo no se maneja bien ni siquiera en entrevistas no especialmente hostiles, hay que comprobar la conversación del lunes con Ana Rosa Quintana en Telecinco en el programa televisivo en el que más entrevistas se hacen a dirigentes de Vox. “Ana Rosa, no presuma usted cuál es mi opinión del tema porque nunca la he expresado y no creo que la conozca”, dijo Gallardo. Hay que tener valor para decir algo tan falso cuando él mismo había anunciado las nuevas medidas en una rueda de prensa. “En este tema creo que usted ha hecho declaraciones suficientes para saber qué es lo que piensa”, le respondió Quintana. Ella también tuvo un momento para las revelaciones inauditas: “Es que ustedes no aprenden. Ustedes no tienen respeto por la libertad de opinión ni por la libertad de los medios de comunicación”. Un poco tarde para descubrirlo. ¿Podía ser Gallardo tan inepto como para anunciar medidas que no había pactado en su totalidad con Mañueco y el consejero de Sanidad? Tratándose del hombre que fue a una concentración motera en coche oficial para aparecer entre los asistentes con un casco en la mano asumiendo el estatus algo contradictorio de motero pijo, era perfectamente posible. ¿O el inepto era Mañueco por no haber cerrado la crisis el mismo jueves o viernes? Al final, Génova no pudo limitarse a silbar y fingir que no pasaba nada. El marketing de la moderación con Borja Sémper prodigando sonrisas en las entrevistas corría el riesgo de verse borrado por un presidente autonómico que no se atrevía a decir a la extrema derecha quién manda en su Gobierno. El desgaste no podía pasar del lunes. Mañueco se vio forzado a comparecer ese día, aunque tampoco pudo presumir de valentía. Dio una “declaración institucional” sin atreverse a responder a las preguntas de los periodistas. Habló durante cinco minutos y salió corriendo. No se puede negar que fue claro en lo que desmintió (no tanto en lo que hará la Consejería de Sanidad). “No se obligará a los médicos a nada. No se obligará a las mujeres embarazadas a nada”, anunció. Todo lo que había dicho el vicemotero se quedó prácticamente en nada. En la práctica, el presidente confirmó algunas de las críticas hechas por el Gobierno de Pedro Sánchez al decir que alterar todo eso “puede derivar en coacciones directas o indirectas a la mujer embarazada”. Elemental, querido Mañueco. Intentar presionar a las embarazadas que pretenden abortar para que se hagan pruebas con las que escuchar latidos tenía una meta clara para Gallardo, al igual que para su héroe, el húngaro Viktor Orbán. Convencerles de que deben dar a luz. Coaccionarles para que hagan algo que en principio no querían hacer. El Partido Popular retrasó la rueda de prensa del lunes de Borja Sémper hasta que terminó la comparecencia de Mañueco. Eso permitió al portavoz del PP dar por hecho que la crisis ha concluido. También acusó a Vox de hacerle un favor al Gobierno: “Vox acude al rescate mediático de Sánchez. Vox es un chollo para el Gobierno de Sánchez y Podemos”. Fue el PP el que decidió adelantar las elecciones en Castilla y León para deshacerse de Ciudadanos y el que luego pactó con la extrema derecha. Cualquiera que escuchara a Sémper pensaría que en ambos casos la responsabilidad fue del Gobierno de Sánchez.
El Gobierno central envió un requerimiento oficial el domingo a Mañueco para reclamarle que informe sobre sus planes y advertirle de que no puede tomar ninguna medida que vulnere el derecho al aborto. Para los socialistas, el dúo Mañueco-Gallardo entra dentro del apartado de beneficios caídos del cielo. Visualizar en términos siniestros una alianza PP-Vox será una táctica de uso constante en todo lo que resta de año. No tendrán que inventarse nada, sino esperar a que caigan los frutos del árbol de Castilla y León. Por cómo se ha comportado estos días Gallardo, más que un árbol, puede ser un bosque. Lo más probable es que la Junta responda al Gobierno en los términos explicados por Mañueco en la rueda de prensa. Eso no anula el peligro que supone la presencia de Vox en gobiernos para el derecho a la interrupción del embarazo. A corto plazo, puede terminar ocurriendo que el protocolo de Castilla y León tenga tanto valor como el casco de moto de Gallardo.
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Tema: Re: Feijoo Vie Ene 20, 2023 11:19 pm
La jueza reprocha al PP que Feijóo no haya acudido a declarar en Salamanca: “Está eludiendo la decisión de este juzgado”
“La persona que estaba citada, era el señor Feijóo, que hubiera venido y me hubiera dicho: no sé absolutamente nada, no puedo informarle de nada, no puedo ayudarle en nada. Era él el que estaba citado, no estaba citado el señor que está ahora enfrente de mí”, ha apuntado la magistrada
La jueza que investiga el retraso del congreso del Partido Popular de Salamanca ha reprochado que el presidente de la dirección nacional, Alberto Núñez Feijóo, no haya acudido a declarar como demandado en Salamanca porque el PP le dice “que no tiene nada que aportar”. “Que hubiera venido el señor Feijóo y me hubiera dicho que no sabe absolutamente nada de este asunto y no puedo informarle de nada. Está eludiendo la decisión de este juzgado”, ha criticado la jueza.
Feijóo había sido citado a comparecer en este juzgado para aclarar por qué el PP no ha convocado en casi dos años el congreso provincial de Salamanca, pero el líder del PP ha preferido acudir a Fitur porque él no era presidente del PP en el momento que investiga el Juzgado. La vista de este viernes era relativa a las medidas cautelares pedidas por la acusación para que obligar al PP a convocar el congreso de Salamanca en menos de 45 días.
“Es el PP y Feijóo el que decide cuándo la prueba es pertinente, no lo es, acudimos o no porque tenemos que aportar algo o no. Es el PP el que de forma unilateral decide si es pertinente, si va a aportar algo o no eludiendo la decisión de esta juzgadora”, ha reprochado la magistrada este viernes por la mañana.
“El PP no estima conveniente” comparecer ante la jueza Visiblemente molesta, García ha insistido en que se citó “expresamente” a Feijóo, no “en términos generales” ni abrió la posibilidad a que el PP pudiera elegir quién comparecía. “De manera unilateral, el PP decide que no se puede desarrollar la práctica de la prueba porque no lo estima conveniente”, ha afeado durante la vista sobre medidas cautelares por la demanda presentada contra el PP por vulneración de derechos fundamentales.
La jueza ha preguntado en varias ocasiones al letrado del Partido Popular si había leído la providencia del Juzgado —que ha asegurado que no les ha sido notificada—, aunque sí era consciente de que la citación era para Alberto Núñez Feijóo. “Quedaba claro cuál era la persona, ¿no? Si el PP, en este caso el señor Alberto Núñez Feijóo, no se ha presentado es porque no lo ha estimado conveniente, porque estaba citado él, no estaba citado el señor que está delante de mí”, ha espetado la magistrada.
El abogado de la acusación ha solicitado a la jueza que se le imponga una sanción por no haber comparecido ante el Juzgado. La jueza ha tomado nota al respecto. Aquellos que no comparezcan en la vista pueden enfrentarse a una sanción de entre 180 y 600 euros.
El fiscal se ha mostrado de acuerdo con el letrado del Partido Popular y ha apoyado que en algunas ocasiones no comparezca el representante legal sino “quien tiene conocimiento de los hechos”. “En ninguna de las cédulas figura que tenga que declarar como testigo, simplemente se menciona como interrogatorio, que debe entenderse como interrogatorio de la contraparte, el PP”, ha manifestado el representante del Ministerio Fiscal.
El abogado de los 13 afiliados demandantes, Enrique Herrera, ha recordado que la comparecencia de Feijóo era “ejecutiva y firme”. “No sé cómo saben que no tiene conocimiento de las preguntas que se le van a hacer. No se le va a preguntar por 2017, se le va a preguntar por 2021, 2022 y 2023. Por supuesto que tiene conocimiento de estos hechos”, ha destacado el letrado de la acusación. “Bien clarito se dice en la demanda: que se pide el interrogatorio, no la testifical. Y está citado como representante legal de la demandada, no como testigo”, ha subrayado el abogado, que discrepaba con el Ministerio Fiscal.
“Salamanca no es Wuhan” “Se le quería preguntar si él como miembro del comité ejecutivo nacional del PP, desde 2005 y en la actualidad, ha participado en la adopción de algún acuerdo por el que se demorara la celebración del congreso del PP de Salamanca y si se les ha notificado”, ha expuesto el letrado acusador, que ha rechazado Herrera. El abogado de la acusación ha ironizado con la justificación del PP sobre el retraso en el congreso provincial, que ha relacionado con las restricciones de la pandemia. “Salamanca no es el núcleo central del COVID en el mundo, sino que era Wuhan”.
El letrado ha enumerado las fechas en las que se han ido celebrando los congresos de Ávila, Valladolid, Palencia, Zamora, Burgos, León, Segovia, Soria y el autonómico y se ha preguntado por qué no se ha celebrado en todo el 2021 y 2022. “Vamos encadenando elecciones municipales, generales, congresos... Ahora nombro una gestora y de esta manera no se celebra el congreso provincial. Justo el de Salamanca”, ha añadido el letrado.
La acusación pide la medida cautelar La parte demandante ha exigido además la convocatoria efectiva del congreso provincial ‘popular’ en menos de 45 días, algo que deberá decidir la jueza. El Partido Popular ha pedido desestimar la demanda. El Ministerio Fiscal se ha sumado a la posición del PP al considerar que el objeto de las medidas cautelares —la convocatoria del congreso en menos de 45 días por imposición judicial— coincide con el fondo de la demanda, por lo que solicitó la desestimación.
Además, el letrado del Partido Popular ha entregado un dosier voluminoso como prueba documental, de los que ha remitido una copia para todas las partes y el Juzgado y que también ha merecido mención por parte de Fiscalía para asegurarse de que la prueba era para la medida cautelar que este viernes se abordaba. El abogado del Partido Popular ha destacado que este proceso tiene “mucha importancia” para el partido: “Hay que acreditar las cosas que decimos”, ha expuesto.
Comunicado de los afiliados demandantes El abogado de la acusación, Enrique Herrera, ha remitido a los medios de comunicación un comunicado de los afiliados del PP que han llevado a su partido al Juzgado, en el que reprochan que Feijóo haya considerado “mucho más importante” visitar Fitur “que venir a defender los derechos de los afiliados salmantinos”. “Nos produce mucha tristeza el desamparo que hemos recibido de nuestra Dirección Provincial y Regional que se han limitado durante todo este tiempo a nombrar una Gestora, que en los dos meses transcurridos desde su nombramiento tampoco ha mostrado el menor interés en dar voz a los afiliados”, han recriminado.
En la nota también han lamentado que la Fiscalía “haya confundido el interés general con el interés particular de un partido político, o más específicamente con los intereses particulares de ciertos miembros de un partido político”.
Salú y República.
marapez V.I.P.
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Tema: Re: Feijoo Mar Ene 24, 2023 3:26 pm
Feijóo presume de programa regenerador con propuestas que jamás cumplió cuando pudo en Galicia
El 12 de febrero de 2009, a pocos días del inicio de la campaña electoral que le llevó a su primera mayoría absoluta, Alberto Núñez Feijóo convocó a la prensa para firmar un documento con 14 compromisos que él mismo presentó como su “contrato con Galicia”. Fue un acto deliberadamente solemne en el que se fotografió enmarcado por dos banderas de Galicia y utilizó como telón de fondo la residencia oficial del presidente de la Xunta, entonces ocupada por el socialista Emilio Pérez Touriño.
Algunos de aquellos compromisos se parecen mucho a los que Feijóo acaba de firmar este lunes. También en un acto diseñado a la medida de sus aspiraciones presidenciales —banderas de España y de la UE y la pompa propia de los grandes eventos—, en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, el histórico edificio que albergó la firma de la Constitución de 1812.
El líder del PP prometía en 2009 llevar a cabo una “regeneración democrática” en Galicia y acabar con las “prácticas clientelares”. Anunciaba “austeridad” y reducción de “gastos superfluos” en publicidad, altos cargos, gabinete, asesores, automóviles, obras y dependencias del gobierno. Exactamente igual que ahora. Entonces los de Feijóo ya llevaban tiempo avanzando en las encuestas a lomos de la inventada afición al lujo de Touriño, con denuncias públicas que describían reformas opulentas de su despacho y gastos desproporcionados en coches oficiales. Ahora el equipo del presidente del PP busca agitar la misma ola apoyándose en un supuesto gasto excesivo en el Gobierno, en el presunto uso de medios como el Falcon para asuntos de partido y, por supuesto, en lo que el PP llama “el asalto de las instituciones”. Para dar más empaque a sus propuestas, muchas de las cuales tienen su origen en ideas de Pablo Casado, el líder del PP las ha reunido todas en un documento de 30 páginas en el que hay pocas novedades. Muchas de ellas no pasan de un enunciado voluntarista (“Se homologará verdaderamente la protección de la Constitución y la integridad territorial del Estado a los países de nuestro entorno”, proclama la primera propuesta sin explicar cómo planea el PP hacerla realidad), otras son bien conocidas, como la que plantea reformar el modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para privar al Congreso y al Senado de su participación en el proceso y dejar la selección exclusivamente en manos de los jueces o la que propone deshacer la reciente reforma del Código Penal en relación con la sedición y la malversación. Der todas ellas hay un buen puñado que podría haber implementado y aplicado en Galicia durante los años que gobernó su comunidad natal, pero no lo hizo. Ni limitó por ley el tamaño de los gobiernos, ni la capacidad del Parlamento de enmendar leyes, ni reforzó los informes de organismos consultivos para las propuestas de los partidos, ni fijó la periodicidad de los debates sobre el estado de la autonomía, ni reguló las relaciones con el jefe de la oposición. Tampoco, por supuesto, liberó del control político a la radio y la televisión públicas ni reguló el uso de los medios de transporte al servicio de los altos cargos de la Xunta.
Recortar al legislativo y al ejecutivo
En realidad, buena parte de las ideas que Feijóo se compromete a impulsar, bien mediante un improbable acuerdo con el Gobierno, bien cuando llegue él mismo a la Presidencia si lo consigue en las elecciones de finales de año, tratan de recortar la capacidad de decisión del ejecutivo y de legislativo. El PP quiere limitar el uso que el Gobierno puede hacer del real decreto ley, una fórmula que Pedro Sánchez ha utilizado con frecuencia durante toda la legislatura y que permite al Ejecutivo, en nombre de la urgencia, que sus medidas entren en vigor sin esperar a un largo trámite en el Congreso. Los reales decretos ley, sin embargo, no escapan al control legislativo: tienen que ser aprobados por la Cámara en las semanas siguientes a su entrada en vigor y, de no conseguir el apoyo de la mayoría, son anulados. También propone que el presidente esté obligado anualmente a comparecer en un debate sobre el estado de la nación (desde que se utilizó por primera vez, en 1983, esta fórmula es potestativa, depende de la voluntad del Gobierno) y que su Ejecutivo esté también obligado a dar cuenta del grado de cumplimiento de las mociones y proposiciones no de ley (las iniciativas de impulso que aprueba el Congreso y que los ministerios no están obligados a hacer realidad). Feijóo quiere dar más poder sobre lo que hace el legislativo a los organismos de control como el Consejo de Estado o a los que representan a otros poderes, como el CGPJ. Y quiere crear otros nuevos, como una Oficina de Calidad Legislativa con capacidad no sólo de asesorar a los diputados sino de hacer propuestas. El líder del PP quiere además “informes técnicos” también sobre las leyes que propone la oposición y limitar las enmiendas que se pueden presentar a las leyes. El documento firmado por Feijóo en Cádiz propone también (y se compromete a hacerlo si llega al Gobierno) reformar la ley electoral para reducir las competencias de los plenos municipales y proclamar automáticamente alcalde al cabeza de la lista más votada, con independencia de que tenga o no mayoría para gobernar. Para facilitarle las cosas en un pleno municipal que no controlará, el PP quiere que ese alcalde no esté obligado a someter al pleno “asuntos de naturaleza gestora”, sin precisar a qué se refiere.
Contradicción
La propuesta, que contradice la forma en la que el PP ha actuado durante décadas, incluida la que Feijóo impulsaba cuando era presidente en Galicia, recibió este lunes el rechazo unánime de todos los partidos. Incluido el reproche inesperado de la presidenta de Madrid. Isabel Díaz Ayuso, que desdeñó la idea de Feijóo y se mostró más partidaria de un modelo a dos vueltas, consciente de que conseguir una alcaldía no garantiza la gobernabilidad. “Es hablar sobre futuribles que no lo sé”, declaró en una entrevista en Antena 3 en la que recordó que ella misma alcanzó la Presidencia en 2019 sin encabezar la lista más votada, igual que Alfonso Fernández Mañueco o Fernando López Miras ese año y Juanma Moreno en 2018. “Yo creo que si hay más escaños hacia un lado que hacia el otro que quieren un gobierno u otro... bueno... no lo veo mal”, aseguró respaldando el modelo actual, que exige formar mayorías. “Lo que sí creo que es un sinsentido es lo que está pasando, de manera que minorías son quienes deciden por todos, y, sin embargo, los partidos que han obtenido más votos, que han quedado segundos o terceros o primeros y no han podido hacer gobierno se quedan fuera”, explicó. Entre las medidas con las que quiere recortar o limitar las competencias que tiene el Gobierno en la actualidad, el líder del PP citó también una reforma para obligar al presidente a informar al jefe de la oposición tras la celebración de cumbres internacionales en materia de política exterior y defensa o en relación con asuntos como el pacto antiterrorista o el pacto de estado contra la violencia de género. Feijóo quiere limitar “por ley” el número de ministerios, altos cargos, asesores y miembros de los gabinetes del Gobierno y recortar el uso de los medios aéreos y terrestres que desde hace décadas utilizan el presidente y los ministros paras us desplazamientos, incluyendo el número de miembros de las comitivas oficiales. Otra medida sur tampoco llevó a cabo cuando era presidente de la Xunta. En vísperas de que España asuma la presidencia de turno de la UE, que coincidirá con la campaña electoral, el PP quiere que el presidente vea limitada su capacidad de viajar al extranjero. Feijóo está pensando en los contactos con la comunidad española en otros países y quiere que no puedan utilizarse medios oficiales para viajar si durante el desplazamiento están previstos eventos de esta naturaleza. Viajar a costa del presupuesto público para reunirse con la colectividad gallega en el exterior es precisamente algo que él mismo hizo de manera habitual como presidente de Galicia durante sus trece años de mandato. Las propuestas del PP pretenden además limitar la capacidad del Gobierno y de las Cámaras a la hora de designar a los responsables de entidades y organismos muy diversos, desde el CNI al INE, pasando por el CIS, el Tribunal Constitucional, el CGPJ, la Fiscalía General o el Consejo de Estado, y homogeneizar “los rangos de retribuciones” de los cargos públicos “con el fin de adaptarlos a su nivel de responsabilidad”. En relación con RTVE propone,“ en aras de asegurar la independencia y la libertad de expresión”, “respetar el trabajo de sus profesionales” algo que tampoco hizo en los medios públicos de Galicia durante sus cuatro mandatos.
Es Feijóo de esos líderes políticos a los que les gusta el boato y la pompa más que a Rajoy leer el Marca. Tanto criticar el uso del Falcon y el exceso de asesores monclovitas cuando él viaja siempre en business a costa del erario público, claro, y tiene entre su también abultada nómina de colaboradores hasta a una jefa de protocolo, algo realmente insólito en un líder de la oposición. A favor de que cuando el líder del PP habite La Moncloa viaje en el medio de transporte que considere, aunque confiemos en que lo haga, como lo han hecho todos los presidentes del Gobierno, siguiendo las instrucciones de los servicios de seguridad de la Presidencia. Lo contrario sería una temeridad. Pero esto no va de aviones, sino de democracia y de su llamado Pacto de Calidad Institucional. No de su declarada obsesión por proteger la Constitución y la integridad territorial del Estado, porque la una y la otra se protegen con la ley y con las mayorías que establecieron los constituyentes. Tampoco de la limitación de las puertas giratorias y las exigencias de independencia en el Constitucional y el CGPJ, porque tiempo tuvo, además de mayorías absolutas, para hacerlo su partido y jamás lo hizo.
Lo inquietante de su plan es la perversa concepción de una democracia sin contrapesos en la que gobierne la lista mas votada. Vale que a Fernández Mañueco y a Martínez Almeida les parezca bien, aunque jamás hubieran sido ni presidente regional ni alcalde, de estar esa norma en vigor. Vale que a Ayuso, el trampantojo no le haya provocado ni fu ni fa y haya tardado un nanosegundo en despreciarlo. Pero que Feijóo, que aspira a presidir el Gobierno de este país, crea haber dado con la solución a todos los problemas, eso sí es de preocupar. Ahora resulta que la democracia parlamentaria y el sistema proporcional fue un invento de la Transición que no sirve. El líder de la derecha ha viajado este lunes a Cádiz, cuna del constitucionalismo, para presentar con toda solemnidad y pompa una gran propuesta regeneradora que antes quería para todas las administraciones y ahora limita solo a los ayuntamientos porque ha caído en la cuenta de que para que la lista más votada gobierne en las Comunidades autónomas y en el Gobierno central requiere de reformas de calado, de nuevos estatutos de autonomía y de hasta una revisión profunda de la Carta Magna. Igual lo que pretende, sin decirlo, es que sea de aplicación únicamente en aquellas plazas donde el PP sea en mayo la fuerza más votada. O igual, quitarse de encima la dependencia de Vox solo para las municipales con el propósito de no ir lastrado con la ultraderecha a las generales, pero luego formar coalición con ellos en España. O no, que diría Rajoy, que ya ha salido a decir que le parece una genialidad la idea de su paisano. No es la primera vez que el PP saca a pasear la propuesta de la “lista más votada”. En su día también lo hizo el PSOE. Lo que ocurre es que Feijóo, que sabe de su inviabilidad, lo que busca no es tanto evitar pactos de terceros como salir del laberinto de los acuerdos a los que le arrastrará Vox a seis meses de unas generales. Los de Abascal tienen muchos déficits, pero no suelen engañar ni en su ideario ni en su decidida voluntad de entrar a formar parte de los gobiernos allá donde sus votos sean decisivos.
Imaginemos, por otra parte, que la izquierda aceptara cambiar las reglas del juego a mitad del partido, pero preguntémonos después de qué serviría el ardid de Feijóo. ¿Quién aprobaría las normas? ¿Cuántas prórrogas presupuestarias habría? Acabáramos. El líder del PP propone descaradamente que el alcalde pueda gobernar sin necesidad de que la Corporación local tenga que aprobar la gestión que él decida. ¿Y el control al Ejecutivo? Eso es lo de menos. ¡Naderías de la democracia y de nuestra Constitución! Ni es serio, ni es oportuno, ni merecía la solemnidad y el empaque que Feijóo buscó al hacer su propuesta ante el Oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz, donde en 1812 se firmó la primera constitución española. Se trata solo de una treta improvisada con la que camuflar una mala decisión como fue la de meter en el gobierno de Castilla y León a los de Vox. El precio que paga por ello no es la mejor carta de presentación de un líder que se presenta a diario como la quintaesencia de la transversalidad y la moderación pero que, en realidad, lo que está defendiendo cuando plantea que los alcaldes puedan gobernar en minoría y sin el contrapeso del pleno municipal es que en una democracia parlamentaria, deliberativa y que funcione de acuerdo a los principios básicos que la conforman no se necesita de diálogo, ni de espacios compartidos, ni de acuerdos. Basta con el ordeno y mando y la política del rodillo. Eso es lo que quiere validar Feijóo para los alcaldes en minoría. Siempre que sean del PP, claro. Les sobra la democracia.
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Tema: Re: Feijoo Mar Ene 24, 2023 10:24 pm
Si sólo le sobrara la democracia a Feijoo esto sería un paraíso democrático.
Salú y República.
marapez V.I.P.
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Tema: Re: Feijoo Sáb Ene 28, 2023 12:45 am
Feijóo decae incluso entre los suyos
Las propuestas de Alberto Núñez Feijóo caen en saco roto cada vez más deprisa. Incluso dentro de su propio partido. La última, la de que gobierne la lista más votada, ha durado muy poco tiempo en el debate público. Cuando la semana pasada la lanzó, pese a estar inmadura, probablemente el Partido Popular intentaba que los medios y la opinión pública dejaran de ocuparse de una maldita vez de las medidas antiaborto que PP y Vox trataban de poner en marcha desde el Gobierno de coalición que comparten en Castilla y León. Con lo del presidente castellano y leonés Mañueco (PP) y su vicepresidente García-Gallardo (Vox), en el PP nacional debieron de alarmarse. Primero porque le regalaba al Gobierno de coalición un respiro y una excelente baza de acción política justo cuando el Ejecutivo central estaba más desgastado por la reforma penal de la sedición y la malversación. Y segundo porque el enésimo intento de Feijóo de viaje al centro, esbozado pocos días antes con los nombramiento internos de Iñigo de la Serna y de Borja Sémper, se les convertía en un viaje a ninguna parte. O en un viaje en la dirección contraria, a la extrema derecha. ¡Había que sacar rápidamente otro conejo de la chistera! ¡Ahí va el de la lista más votada! ¡Lo antes posible, antes de que el Gobierno presuma de la subida del 8,50% a los pensionistas! Pareció al principio que lo de la lista más votada era una propuesta para las elecciones generales, pensada para que si el PP de Feijóo queda a final de año por encima del PSOE de Sánchez, como aún dicen muchas encuestas, pueda aquel llegar a la Moncloa sin depender de Vox. Alguien debió de advertir después que, para esa novedad, se requería cambiar no solo la Ley Electoral, sino también la Constitución, que en su artículo 99 no habla de quién ha sido el más votado sino que establece que para ser presidente del Gobierno y gobernar hay que conseguir antes la investidura en el Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta o por mayoría simple. El monte parió entonces un ratón (la propuesta de la lista más votada se rebajaba a los ayuntamientos), y quizás para disimular se le puso un envoltorio y un lazo: se incluyó en un llamado Plan de Calidad Institucional -por el partido que lleva 4 años bloqueando la renovación del CGPJ, sí, en efecto- acompañado de muchas otras medidas, buena parte de ellas inconcretas, y se fue Feijóo a presentarlo al lugar de Cádiz donde se firmó la Constitución de 1812, la Pepa. Pues ni aun así. Los alcaldes del PP que lo son pese a que su lista no fue la más votada en las anteriores elecciones municipales (José Luis Martínez-Almeida en Madrid, Jorge Azcón en Zaragoza...) pusieron cara de póquer. El paquete tampoco lo compró Isabel Díaz Ayuso, que dio un volatín y a la propuesta de Feijóo replicó con otra: mejor elecciones a doble vuelta. Ya que el viaje a Cádiz no le ha servido a Feijóo para lo que pretendía, quizás sí le haya venido bien al líder del PP para en el camino leer la Pepa, una Constitución liberal (los liberales de entonces eran algo así como los socialdemócratas de ahora) que en su artículo 339 decía: “Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno”. Las ‘facultades’ en aquellos tiempos eran el dinero, los caudales. ¡Progresividad fiscal en nuestra Carta Magna de hace dos siglos! ¿Habrá tomado nota Feijóo?
Llegado al liderazgo del PP hace ya casi diez meses, Feijóo logró entonces darle un inmediato impulso a sus siglas, que pronto se colocaron por encima de las del PSOE en todas la encuestas. Él mismo consiguió incluso situarse por encima de Pedro Sánchez en valoración: en el Barómetro del CIS de abril de 2022, los encuestados le ponían al líder del PP una nota media de 5,20 frente al 4,65 que le daban al presidente del Gobierno y líder del PSOE. Pero el llamado efectoFeijóo duró poco. En el último Barómetro del CIS, de la semana pasada, la tortilla se ha dado la vuelta: Sánchez logra un 4,38 y Feijóo, un 4,27. Lo peor para este último no es solo la enorme caída -casi un punto en menos de un año- y quedar por debajo de Sánchez. Lo peor es que baja incluso ante su propio electorado. Los encuestados que en 2019 votaron PP le ponían a Feijóo un 7,07 de media en abril pasado y ahora le ponen un 6,75. Otro dato significativo de una y otra encuesta: en confianza generada, el 27,3% de los que en 2019 votaron al PP decían en abril pasado que Feijóo les inspiraba “mucha confianza”. En el último Barómetro han bajado al 17%. Pero la política no son solo datos y coyuntura. La política es volátil, muy volátil. Los escenarios cambian muy rápido, y las reputaciones suben y bajan con parecida velocidad, en función muchas veces del relato que los partidos logran que sea el dominante en el debate público. Aún faltan 17 semanas para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y casi un año para las generales. Ni la suerte de Feijóo ni la de Sánchez, ni las de sus respectivos equipos y formaciones, están echadas.
Feijóo no encuentra su discurso al no llegar la recesión económica que anunció
España ha sorteado el fantasma de la recesión y ha cerrado 2022 con un crecimiento superior incluso al esperado, un 5,5% del PIB. La guerra de Ucrania, a punto de cumplir un año, ha puesto a prueba la resistencia de las economías europeas. El (relativamente) suave invierno ha colaborado al limitar la influencia del alto coste de la energía provocado por el corte de suministro desde Rusia, especialmente a los países del norte y del centro del continente, con Alemania como principal damnificada. El Gobierno de Pedro Sánchez respira, con una factura eléctrica a la baja y una inflación camino del control. Justo lo contrario ocurre en el PP, donde habían apostado buena parte de las fichas a la crisis.
Los datos no son tan malos como se esperaba, pese a los endémicos problemas del mercado laboral y un parón del consumo en el último tramo del año. Aunque la pandemia, primero, y la guerra en Europa, justo después y cuando se vislumbraba la recuperación, han golpeado duramente a la economía, la respuesta de la Unión Europea ha desmontado no solo buena parte de los mantras neoliberales austericidas que dominaron la creación del euro y, especialmente, la respuesta a la depresión de hace una década.
Donde hubo recortes, reproches y el intento de romper la UE entre norte y sur, ahora se ha impuesto una suerte de reconocimiento de la realidad que ha llevado a los gobiernos europeos más reacios a asumir, incluso, la mutualización de la deuda, a la vez que se levantaban las reglas del déficit y se regaba de miles de millones a los sistemas públicos que tanto sufrieron tras el crack financiero de 2008 y la reacción auspiciada por Angela Merkel. Ahora, otra alemana, también conservadora, ha liderado la respuesta alternativa. Ursula Von der Leyen ha empujado los fondos Next Generation o la necesidad de poner impuestos a los beneficios extraordinarios de energéticas y banca. Incluso ha defendido el “tope ibérico”, el límite al precio del gas, que en el PP hace meses que ya nadie llama “timo ibérico”. Un discurso que ha dejado fuera de juego al PP español, con Feijóo a la cabeza. Ya le ocurrió a su predecesor, el desaparecido Pablo Casado. Pero en el caso del actual líder de la derecha española los encontronazos de sus deseos con la realidad económica y el camino adoptado por Europa ha sido constante y parejo al infatigable descenso de su valoración entre los españoles. En la dirección del PP son conscientes de que esa vía, hoy por hoy, conduce a un callejón sin salida. Aunque insisten, en público y en privado, en que la situación económica no es precisamente halagüeña, con especial hincapié en el aumento de la deuda, los datos del paro y el coste al alza de la cesta de la compra, han bajado un poco los brazos en el intento de convertirlo en su gran baza de desgaste al Gobierno. De hecho, no son pocos los que se lamentan precisamente del cambio de época que ha asumido la UE y recuerdan las normas que se encontró en 2012 Mariano Rajoy, tan diferentes a las de ahora. En Génova afean que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda contar con decenas de miles de millones de euros aportados por Europa y creen que no tendrá “ningún reparo” en usarlo “como un cheque electoral”. Una acusación que han dicho en público los más destacados dirigentes y que evidencia la desazón por haber perdido la palanca que permitiría a Feijóo ofrecer una imagen de buen gestor, tecnócrata, casi apolítico, alejado de los conflictos ideológicos, pragmático y transversal. Sobre todo transversal, un significante que él mismo se ha arrogado y del que quizá pudo presumir en algún momento, según las encuestas, pero que se ha diluido a pasos agigantados en las últimas semanas. Un dato: desde noviembre solo ha subido en valoración entre los votantes de Vox. No es solo que la economía no le permita repetir el plan que le llevó al poder en Galicia en 2009, a lomos de la crisis económica con el PIB en caída libre y el paro desbocado, es que tampoco las recetas de entonces, fundamentalmente la austeridad de la que hizo bandera, están en línea con los nuevos tiempos y lo que dictan incluso los organismos internacionales menos sospechosos. Es un contexto que no esperaba ni él ni sus asesores -en Madrid le acompaña prácticamente el mismo equipo que le ayudó a ganar cuatro elecciones consecutivas a la Xunta y que estaba convencido de repetir la estrategia- Alberto Núñez Feijóo busca un plan B, otro relato alejado de la gestión y más identitario. Pero no termina de encontrarlo, porque el equilibrio que pretende es muy difícil de cuadrar: taponar la fuga de votos a Vox y ampliar su base social hacia socialistas descontentos con Sánchez. No es que Feijóo no hubiera ensayado en Galicia un discurso duro, de deslegitimación del Gobierno -se pasó varios años cuestionando al Gobierno de Touriño porque según él debía gobernar la lista más votada, que había sido el PP- la novedad ahora es que tiene un rival más a la derecha que siempre va a azuzar un discurso más radical. Como había hecho cuando relevó a Fraga en Galicia, Feijóo pone en duda también la legitimidad del Gobierno de Sánchez. Ha arremetido contra los nombramientos discrecionales que la ley otorga al Ejecutivo, como por ejemplo el presidente del INE o del CIS. La primera vez que insinuó un plan tras los nombramientos fue el pasado mes de junio de 2022. Y, desde entonces, Feijóo lo ha reiterado varias veces. Hasta este mismo mes de enero. La tesis se la compran poco más que los suyos, con Isabel Díaz Ayuso siempre vigilante. Pero cuando Feijóo ha intentado pasar de la crítica destituyente contra el Gobierno a construir una alternativa, se ha visto muy solo. Fue esta misma semana, cuando presentó con el máximo boato posible su Plan de Calidad Institucional, un contrato con España, que llevaba el escudo del país, también similar al que presentó desde la oposición en Galicia. En total, 60 medidas que fueron enterradas rápidamente por una: que los ayuntamientos los gobierne la lista más votada. Aquí Ayuso también fue vanguardia: antes de hacerse público el documento ya lo criticó. Ella misma había llegado a la presidencia de la Comunidad sin serlo, gracias al pacto que selló con Ciudadanos para desbancar a Ángel Gabilondo, el candidato más votado. Esa estrategia de Feijóo bebe de otro de sus planteamientos políticos iniciales, cuando asumió el liderazgo del PP el pasado mes de abril: la apuesta por la vuelta del bipartidismo. Aquí el gallego encuentra algún adepto más, pero choca con la realidad de que el multipartidismo surgido en 2014 por la irrupción de Podemos (después Ciudadanos y Vox) no tiene visos de desaparecer, al menos en el ciclo electoral de este 2023. Todas las encuestas prevén que el próximo será también un Gobierno en coalición, o al menos con un partido que no estará cerca de la mayoría absoluta. Y pese a que Feijóo reniega en público de Vox, no parece tener muchas más opciones que aliarse con la ultraderecha. Y a tenor de lo ocurrido con Vox en las últimas semanas, esa futura coalición no arroja las mejores perspectivas para el líder gallego. El anuncio de un protocolo médico antiabortista en Castilla y León provocó que emergieran las contradicciones del PP. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, zanjó el asunto y paró el protocolo tras una semana de incertidumbres, pero se constató que no puede prescindir de los ultras en el Gobierno, lo que deja a Feijóo sin otro de sus argumentos: que Sánchez no puede destituir a los ministros de Unidas Podemos. De ser verdad, no es más que el reverso de lo que le ocurre a sus barones que han pactado con Vox. La crisis en Castilla y León puso el foco, además, en un asunto en el que el PP quiere pasar de puntillas: el aborto. Hasta el punto de que Feijóo asumió en una entrevista por primera vez la ley de plazos, que su propio partido llevó al Constitucional. Su fichaje estrella de 2023, Borja Sémper, se dejó en el camino parte de sus reservas de moderación. La polémica estalló en plena ofensiva del PP contra las revisiones de penas por la ley del solo sí es sí. El equipo de estrategas de Feijóo cree haber encontrado una grieta para entrar en el electorado progresista: los votantes descontentos con las políticas de Igualdad del Gobierno de coalición. La persona elegida para atacar ese target es la secretaria general, Cuca Gamarra, quien dedica buena parte de sus comparecencias a señalar los agresores sexuales beneficiados por la reforma del Código Penal. Pero la crisis del aborto en Castilla y León ha desmontado en parte el relato. Así se lo afeó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado martes en su comparecencia ante el Congreso, quien acusó al PP de “temblor de piernas” ante Vox. En el PP lo niegan, pero la realidad es que todo intento de Feijóo de distanciarse de la ultraderecha viene acompañado de un giro discursivo hacia el identitarismo ideológico. Precisamente contra lo que este mismo jueves le advertían dos personas que conocen muy bien al líder del PP: Mariano Rajoy y un exvicepresidente de la Xunta con AP, Xosé Luis Barreiro Rivas, que hoy ejerce de columnista en la prensa gallega y ferviente admirador del actual líder del PP. Ambos presentaron un libro sobre Feijóo y le pidieron abandonar “la identidad ideológica”, hacer “en cada momento lo que hay que hacer”, “gobernar para todos”, y otros lugares comunes. El presidente del PP estaba sentado en primera fila, silente. Minutos antes se había visto obligado a improvisar unas declaraciones ante la prensa para intentar matizar sus propias palabras de unas horas antes sobre el ataque en Algeciras que se investiga como atentado yihadista. “Hay personas que matan en nombre de un dios o en nombre de una religión y, sin embargo, desde hace muchos siglos no verá a un católico, a un cristiano, matar en nombre de su religión o de sus creencias”, dijo en Barcelona. Por la tarde repitió que “no hay un problema de terrorismo católico” y “sí de integrismo islámico” a la vez que pedía no “criminalizar” las religiones. Otro equilibrio complicado, más allá de que en muchos lugares del mundo hay atentados recientes cometidos precisamente por cristianos blancos contra colectivos de otras religiones o razas.
Feijóo pugna por salir del marco identitario, que según repiten algunos de sus colaboradores beneficia a Abascal y en el que se metió él mismo cuando rompió con el Gobierno la renovación del CGPJ, entre duras presiones de los sectores más a la derecha del PP y la propia Ayuso, partidarios de no dar ni agua a Sánchez. Por ejemplo, ha asumido ahora la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar la palabra “disminuido”. Una reforma que se negociará en el Congreso, y no solo entre su partido y el PSOE al margen del Parlamento, como pretendía. Y tampoco se hará un nuevo texto desde cero, sino que se usará la tramitación ya en marcha en la Cámara Baja. En 2021, el PP consideró “imposible” hacer esta reforma en una enmienda a la totalidad. El PP está terminando de perfilar su programa marco para las municipales y autonómicas, así como las listas electorales. Las urnas medirán las posibilidades de Feijóo de llegar a la Moncloa, y si lo hará en solitario o en coalición. Una opción que el líder gallego no quiere, pero que tampoco rechaza. Porque lo importante es llegar.
¿Se puede permitir España tener un presidente de Gobierno tan ignorante como Alberto Núñez Feijóo? No se trata de una declaración “poco afortunada”, sino de una declaración producto de la ignorancia en un tema de importancia capital en la historia de todos los países del mundo, pero de manera muy especial en España Juan José Tamayo, teólogo: “Las afirmaciones de Feijóo demuestran ignorancia u olvido y alimentan los discursos de odio” https://www.eldiario.es/contracorriente/permitir-espana-presidente-gobierno-ignorante-alberto-nunez-feijoo_132_9906274.html?itm_n=internal&itm_c=taboola
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Tema: Re: Feijoo Sáb Feb 11, 2023 10:00 am
Feijóo, de fracasar contra la despoblación en Galicia a tener la clave para toda España: bajar impuestos
Menos impuestos, también para luchar contra la despoblación. Un día más el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, apostó por una rebaja de la fiscalidad como solución de los problemas de España, esta vez el reto demográfico que desde hace décadas expulsa ciudadanos de las comarcas y municipios rurales y amplía la densidad humana de las ciudades y sus áreas de influencia.
Con sus planes para combatir la despoblación de las provincias españolas Feijóo promete triunfar allí donde fracasó en Galicia durante sus trece años de mayoría absoluta. En vez de revertir el proceso de vaciado de las comarcas rurales, el hoy líder del PP fue incapaz de evitar que el proceso de pérdida de población se acelerara. Galicia sigue hoy en los primeros lugares de España por retroceso demográfico en las zonas rurales al lado de comunidades como Asturias, Castilla y León y Extremadura.
Las medidas adoptadas por el Gobierno gallego durante el mandato del líder del PP no lograron cambiar nada. Las ciudades y sus áreas metropolitanas siguieron ganando peso y las comarcas rurales, perdiéndolo. Los núcleos abandonados acercan a los 1,900, las aldeas con menos de diez habitantes superan la cifra de 12.300 y uno de cada tres ayuntamientos está amenazado con la desaparición, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La Galicia que Feijóo dejó en abril del año pasado para ser el candidato del PP en las generales está más envejecida que cuando llegó, tiene una tasa de natalidad más baja y perdió durante su mandato casi 100.000 habitantes, el equivalente a toda la ciudad de Lugo. En 2009 todavía había 37 municipios en los que nacían más personas de las que morían, pero cuando Feijóo se fue de la Xunta eran solo cinco. Las cifras son muy preocupantes: el número de municipios en los que había más menores de 20 años que mayores de 65 años pasó de 37 a apenas 11.
Promesas fallidas
En la campaña electoral de 2009, la que le llevó por primera vez a la Presidencia de la Xunta, Feijóo ya situó la crisis demográfica de Galicia entre sus mayores preocupaciones. Pero trece años después las medidas adoptadas, entre ellas la creación de un Observatorio Galego de Dinamización Demográfica y la aprobación de una Ley de Impulso Demográfico, no han logrado resultados. Un fracaso que no le impidió este viernes en Teruel anunciar su intención de aplicar en España la mayoría de ellas si consigue su propósito de alcanzar la Moncloa. Tal es el caso, anunció, de la supresión de impuestos por compra, venta o permuta de tierras o bosques, o de la subvención de “casas nido” y “casas del mayor” para crear empleos y facilitar la conciliación. El presidente del PP eligió Teruel para exponer su propuesta contra al despoblación. No es una casualidad: esta es la provincia que en 2019, harta del abandono de los grandes partidos, decidió dar la campanada al llevar por primera vez al Congreso la voz de la España Vaciada con la elección de un diputado de Teruel Existe. El plan de Feijóo para fijar población en las comarcas y municipios rurales gira en torno a la aprobación de una fiscalidad específica para todo el medio rural español, de forma que “los impuestos no sean un problema para vivir” en los pequeños municipios. Lo explicó en un acto del PP convocado en el marco de la precampaña de las municipales y autonómicas: “Si usted monta una industria, abre un negocio y se instala en el rural le voy a cobrar menos impuestos y, si es posible, algunos no se los voy a cobrar”, resumió. Bajando impuestos en materia de vivienda, industria, emprendimiento, compras, herencias y donaciones, razonó repitiendo el paradigma neoliberal, “vamos a conseguir mucho mayor retorno que el dinero que vamos a dejar de recaudar”. El líder del PP prometió subir al máximo las ayudas al funcionamiento empresarial en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria y “buscar fórmulas de empadronamiento flexible” para quienes vivan unos días en una ciudad y otros días, de la misma semana o mes, en el medio rural. Municipios grandes y pequeños, precisó, tendrán que “compartir los gastos y los ingresos”.
Fiscalidad “nula o baja”
Entre las medidas que se propone impulsar citó rebajar la fiscalidad por la compra de vivienda “en el rural”, el IBI y el Impuesto de Transmisiones. “Si viene a este pueblo y rehabilita esta casa, usted no paga impuestos; lo prefiero a que se vaya a hacer una casa que no tiene que ver con la arquitectura, ni la volumetría ni los materiales” de un pequeño municipio, puso como ejemplo. Su intención es promover “una fiscalidad baja o nula para venir al rural”: “Por esa vivienda a 6.000 euros el metro cuadrado en las grandes ciudades o a 3.000 en las medias, yo no le voy a cobrar impuestos”, explicó. “¿Por qué no ponemos industrias en el medio rural, no al lado de los pueblos”, sino “donde están sin nada y la hectárea tiene un valor residual?”, se preguntó. Hay que aprobar planes sectoriales industriales “donde no molesten a los ciudadanos”, al lado de autovías o carreteras nacionales donde, dijo, el suelo puede tener “costes francamente bajos”. La educación y la sanidad “no son opinables”, añadió, porque “si no hay la gente no puede vivir aquí y mucho menos tener una familia”. Feijóo llamó la atención hasta en dos ocasiones sobre su condición de “persona del rural”. Si es elegido presidente del Gobierno como consecuencia de las elecciones generales que tendrán lugar a finales de año, sería “la primera vez que una persona del rural entre en La Moncloa”, dijo. El líder del PP nació, efectivamente, en una parroquia rural de un municipio del interior de Ourense, pero sólo pasó allí su infancia: los últimos 47 años ha vivido en ciudades como León, Santiago o Madrid.
Antonio Muñoz, hoy alcalde de Sevilla y, por lo que se ve, también en un futuro, ha recibido un apoyo inesperado a su campaña: en Sevilla se han celebrado, además de otras muchas cosas, los Premios Oscar (¿por fin somos la California europea del PSOE, después de tantos momentos imparables?). Alberto Núñez Feijóo ha sido el encargado de propagarlo a los vientos. En realidad, el líder de la derecha española trataba tan solo de congraciarse con el sector cinematográfico pero en su entusiasta nueva moderación vio los Premios Oscar en Sevilla. No es la primera vez que ve cosas extrañas. Quizá sea parte de su proceso imparable de marianización, quizá sea que como aventurero de la política esté dispuesto a navegar en todas las aguas con tal de llegar a La Moncloa. Asunto grave porque sabe que si no llega ya, lo devolverán a su Galicia natal. Con el aborto, del que hemos hablado profusamente en otras columnas, le está pasando algo parecido a todo lo que le pasa, siempre entre las risas de los que ríen aún y reían con las similares ocurrencias de su paisano Mariano y punto. Ahora resulta que le parece correcta la ley del aborto, después de que los suyos, hasta última hora y aún al alimón con la extrema derecha, intentaran bloquear, después de trece años, la decisión del Tribunal Constitucional de validar la Ley Zapatero. El tribunal de garantías al final ha decidido no atender el recurso del PP e iniciar el trámite para dar por buena la ley que ahora me permito citar como Ley Bibiana Aído, tras años y momentos de tortura moral, presión mediática, dura penitencia, insultos e intentos de torcer la voluntad del Parlamento. Y todo ello, después de politizar, beatos de por medio, el Tribunal Constitucional, querer erigirlo en una tercera cámara legislativa y someterlo, contra su propio papel constitucional, para convertirlo en una institución sujeta a mayorías mecánicas. Aún y así, se les acabó el chollo, 13 años contra las mujeres y sus derechos. Ahora dicen Feijóo y los suyos, solo hablan los moderados, que la ley es correcta; su nuevo moderado portavoz, Borja Sémper, se aviene compungido a reconocer que trece años han sido demasiados. Ni rastro de su labor, en estas cosas, en esta última década, ni de cristiano arrepentimiento. Feijóo lo mismo se acerca al cine que a cualquier otra causa, sin despeinarse, sin un mínimo decoro tras ser derrotado, sin una disculpa. No duda en olvidar que Pablo Casado dijo ayer que el aborto no es un derecho; que un correligionario onubense suyo dijera que es un asesinato de niños; se olvida del protocolo de Castilla y León, de que gobierna con o se ha apoyado en la extrema derecha; del otrora consejero de Salud de otro gobierno popular, de un moderado más, Moreno Bonilla, que dijera que eso del aborto era un chupetón -hoy presidente del Parlamento de Andalucía-. Tampoco se acordará del frufrú de las sotanas cuando tomaron las calles de Madrid bajo el palio de la España más cristera y la curia episcopal. Feijóo se quiere olvidar y que nos olvidemos de que se opusieron a la ley. Votaron en contra, con la extrema derecha entonces en su totalidad dentro del PP, junto con sus escisiones regionales y también la derecha cristera catalana. A favor, junto con los socialistas, IU, ERC, PNV, BNG, diputados disidentes catalanes, es decir, los enemigos de España, ¿no?
También olvida que su partido, que es el mismo que el de ahora -debería sonarle-, acusó entonces a Rodríguez Zapatero de ir contra la sociedad española y, esto les sonará más, de carecer de la legitimidad democrática necesaria. Después de trece años y de soportar el filibusterismo popular, contaminando el Tribunal Constitucional y otras instituciones, las mujeres y sus derechos están algo más tranquilas. El PP y Feijóo no han cambiado, solo están derrotados por la sociedad española y, por eso, de manera taimada cambian de plumaje para engañar otra vez a la gente.
En febrero de 2022 el Partido Popular vivía uno de sus momentos más convulsos desde la refundación de finales de la década de los 80 del siglo pasado. Pablo Casado pugnaba por mantener el control de una organización que se le escapaba entre los dedos, y Alberto Núñez Feijóo esperaba su momento. Llegó el 23 de febrero. Un día después, el gallego recibió un respaldo clave en la derecha española: el de la CEOE. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, defendió ante su directiva el ascenso de Feijóo como fórmula para salvar al partido.
Un año después, el ya líder del PP le ha devuelto el favor por el recibimiento del empresariado español, cuyas reivindicaciones encuentran siempre acomodo en las propuestas que elaboran en la sede nacional de la madrileña calle de Génova. No hay debate en el que el principal partido de la oposición no se sitúe, con todas sus armas, en el bando de la patronal.
Nunca se oye en las filas conservadoras una sola crítica a las empresas, ni siquiera una llamada a la mesura, a arrimar el hombro o a tener en cuenta la situación económica que atraviesa el país y sus ciudadanos tras una pandemia global y una guerra en Europa que ha retrasado la recuperación de los datos previos a la irrupción de la COVID-19. El último ejemplo es de esta misma semana. Feijóo acudió al Forbes Summit Reinventing Spain, donde le preguntaron: “¿En qué momento se culpabilizó al empresario y ponerle el foco a determinados empresarios que son grandes generadores de empleo se convirtió en una parte de la sociedad contra la otra?”. La pregunta no mencionaba a ninguno, aunque el nombre de Juan Roig flotó entre los presentes. Feijóo asumió que, efectivamente, el entrevistador se estaba refiriendo al dueño de Mercadona, a quien desde Unidas Podemos o los sindicatos se le ha señalado como uno de los principales beneficiarios de la escalada de precios. Pero no solo. “Los eslóganes que se superponen a la realidad necesitan, para que la gente se los crea, buscar un culpable. Siempre hay un culpable. Cuando alguien suspende, es el profesor. Cuando no te llega el dinero para llegar a fin de mes es porque hay alguien en casa que gasta mucho, y tú poco. Cuando los tipos estaban bajos era gracias al Gobierno, ahora han subido por culpa de los bancos”, arrancó. Y siguió: “Cuando el megavatio estaba a 30 euros era porque el Gobierno tenía una buena política energética. Ha llegado a estar a 300, ahora está a 100 y pico. Es culpa de las eléctricas”, añadió. Y continuó: “Cuando en la pandemia toda la distribución alimentaria mantuvo productos en todos los supermercados de España, eran servicios esenciales. Pero ahora hay determinadas personas que se dedican a la distribución que han sido señaladas”. Feijóo concluyó con una crítica a lo que llamó “populismo económico, social y empresarial muy peligroso”. Ni una sola palabra sobre, por ejemplo, los beneficios récord que han anunciado esta misma semana Repsol (de más del 70%) o Naturgy (de un 35%). O los que ha reconocido el sector bancario: más de 20.800 millones de euros en 2022. Feijóo planteó en su speech, en el que bromeó con que las preguntas no eran las esperadas, que hay que hacer una “política fiscal adecuada” para “la gente que gana dinero” y abogó por un “Impuesto de Sociedades adecuado”. Pero estas palabras, puestas en contexto, quizá adquieran un significado diferente al de escucharlas aisladas. Porque el PP de Feijóo se ha opuesto, por ejemplo, a los impuestos temporales a los beneficios extraordinarios a la banca y las empresas energéticas que ha aprobado el Congreso por la amplia mayoría que sostiene al Gobierno. De hecho, Feijóo inició una dura batalla contra estos dos tributos que mantiene ya más soterrada después de que la presidenta de la Comisión Europea (del PP Europeo), Ursula Von der Leyen, defendiera la necesidad de aumentar la carga fiscal a quienes se están beneficiando directamente de la guerra en Ucrania. En este caso, Feijóo se ha mantenido al lado de las empresas, quienes han recurrido el gravamen. Lo hizo también cuando el Gobierno negoció con Bruselas el tope al gas. Pese a los datos que avalan que el mecanismo permitió controlar la subida del coste energético, y aunque desde el PP ya no lo llaman “timo ibérico”, la derecha sigue criticando la medida. En términos generales, la respuesta del PP siempre es la misma: bajar impuestos. Por contextualizar las palabras que dijo en el acto organizado por Forbes y pagado por importantes empresas españolas, hace menos de un año lanzó como propuesta fiscal de su mandato una reducción masiva de tributos. Incluido el Impuesto de Sociedades.
Del PERTE del Turismo a ayudas a los talleres
La coincidencia entre las propuestas de Feijóo y las de la patronal son elocuentes. Si el presidente del PP visita Fitur, expone a los medios de comunicación su plan para un sector que, efectivamente, pasó momentos muy duros durante la pandemia. Siempre hablando en primera persona. “No hemos recuperado el turismo internacional”, dijo. “Tenemos un incremento de precios, un incremento de costes, una tensión en los precios que cobramos a los turistas y en los costes que tienen que asumir los trabajadores que trabajan en el ámbito del turismo”, añadió. Para deslizar después que “el 60% de la recuperación del PIB se basa en el turismo”, un dato cuya fuente es Exceltur, una asociación que aglutina a las empresas del sector. Feijóo aprovechó las cámaras para reclamar que el Gobierno destine parte de los fondos europeos de recuperación al sector con un PERTE específico, una reclamación también de la patronal, y que se podría dedicar a “remodelar” los hoteles, por ejemplo. También reclamó un “incentivo fiscal al autoempleo” y “disminuir el impacto de costes energéticos”, sin profundizar. De lo que no se acordó el presidente del PP fue de las kellys o de los trabajadores del sector, más que para lamentar “el coste” que suponen. Ni ha recordado al sector, por ejemplo, que los ERTE pagados por la Seguridad Social salvaron a esas empresas de hundirse, además de permitir a los empleados ingresar una parte de su nómina. El método se repite allí donde un sector empresarial invita a Feijóo. Si acude a un congreso de talleres de reparación de coches, el presidente del PP hace una defensa del motor de combustión, pide ayudas para retirar vehículos de diesel y gasolina para introducir otros también de diésel y gasolina y pone en duda la velocidad de la transición ecológica, que pide hacer “ordenada” y “poco a poco”. El líder de la derecha defendió entonces rebajas fiscales a los combustibles fósiles. Y volvió a encontrarse con la oposición de Von der Leyen, aunque contó con el respaldo de los fabricantes. Este mismo mes de febrero, Feijóo se reunió con representantes de Asaja, patronal agraria. En una breve nota de prensa sobre el encuentro, el PP aseguraba que su presidente había “mostrado su preocupación por la subida de los costes de producción a los que tiene que hacer frente el sector”. Palabras casi calcadas a las difundidas por Asaja unos días antes, a finales de enero. Lo mismo ocurre cuando Feijóo acude a visitar una empresa de cerámicas, o si justo en la semana de los Premios Goya acude a una fundación del sector, dependiente de la Comunidad de Madrid pero donde participa el sector privado, a reclamar ayudas fiscales y empresariales. También los encargados de hacer su programa electoral para el 28 de mayo, Íñigo De la Serna y Carmen Fúnez, mantienen este tipo de reuniones. Ambos se vieron con el propio Antonio Garamendi en la sede del PP. La cita tuvo lugar a la vez que la cumbre España-Marruecos celebrada en Rabat y a la que el presidente de la patronal no quiso ir, algo excepcional en este tipo de cumbres internacionales con países con tantos lazos económicos. En lo que no ha entrado el PP es en la polémica por el sueldo de Garamendi, que se ha subido los emolumentos un 9% hasta rebasar los 400.000 euros anuales. Una cantidad que paga la CEOE, que recibe subvenciones públicas.
Pero Feijóo sí tuvo opinión sobre el incremento del SMI. Es cierto que el PP ha abandonado la estrategia de oponerse a una de las medidas de las que más bandera puede hacer el Gobierno de coalición. Si cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018 el salario mínimo estaba fijado en poco más de 730 euros, hoy ha subido hasta los 1.080 euros. ¿Y cuál es la postura del PP? Que el SMI debe subir, sí. Pero poco. ¿Y cuál debía ser el criterio para saber cuándo incrementarlo? Según el propio Feijóo, “la competitividad de las empresas”. Siempre las empresas.
Cuando esta tarde Feijóo le dice a Sánchez a cuenta de la ley trans que "deje ya de molestar a la gente de bien", ¿a quién se refiere? ¿Cuáles es el baremo, cuál es la nota de corte que establece el PP para determinar a quién sí consideran gente de bien y a quién no? ¿Es una cuestión moral, es una cuestión ideológica, una cuestión de a quién vota cada uno? ¿La gente de bien es la que ve el mundo como lo ve Feijóo? ¿Solo ella? ¿Hay excepciones? ¿Qué pensaba la gente de bien cuando se aprobó la ley del matrimonio igualitario? ¿O cuándo se aprobó la ley del aborto? ¿En qué eje o coordenada sitúa el líder del PP la línea que separa a la gente de bien y a la que él no considera gente de bien? ¿Es una línea fija, es una línea que fluctúa? ¿La gente que Feijóo no considera que forme parte de ese subgrupo de "la gente de bien", esa gente tiene cabida en la España que quiere gobernar Feijóo?
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Tema: Re: Feijoo Miér Feb 22, 2023 10:12 am
marapez escribió:
La gente de bien
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Tema: Re: Feijoo Miér Feb 22, 2023 3:44 pm
Yo debo ser gente de mal...
marapez V.I.P.
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Tema: Re: Feijoo Miér Feb 22, 2023 4:34 pm
Feijóo redondea su sueldo de senador con 2.000 euros por desplazamientos que no hace al vivir en Madrid
El líder del PP tiene derecho a esos fondos porque fue elegido miembro de la Cámara Alta en representación del Parlamento de Galicia, pero está domiciliado en la capital
El empadronamiento en Madrid le privó de su “condición política de gallego“ y le convirtió en “madrileño” de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos de autonomía de ambas comunidades
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Tema: Re: Feijoo Miér Feb 22, 2023 10:21 pm
marapez escribió:
Feijóo redondea su sueldo de senador con 2.000 euros por desplazamientos que no hace al vivir en Madrid
El líder del PP tiene derecho a esos fondos porque fue elegido miembro de la Cámara Alta en representación del Parlamento de Galicia, pero está domiciliado en la capital
El empadronamiento en Madrid le privó de su “condición política de gallego“ y le convirtió en “madrileño” de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos de autonomía de ambas comunidades
Es decir: es del PP y está desviando dinero público, que no merece, a sus bolsillos. ¿Dónde está la noticia?
Salú y República.
marapez V.I.P.
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Tema: Re: Feijoo Jue Feb 23, 2023 11:49 am
El llobu escribió:
marapez escribió:
Feijóo redondea su sueldo de senador con 2.000 euros por desplazamientos que no hace al vivir en Madrid
El líder del PP tiene derecho a esos fondos porque fue elegido miembro de la Cámara Alta en representación del Parlamento de Galicia, pero está domiciliado en la capital
El empadronamiento en Madrid le privó de su “condición política de gallego“ y le convirtió en “madrileño” de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos de autonomía de ambas comunidades
Es decir: es del PP y está desviando dinero público, que no merece, a sus bolsillos. ¿Dónde está la noticia?
Salú y República.
Parece que eso no molesta tanto como que una ministra se equivoque.
El llobu V.I.P.
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Tema: Re: Feijoo Jue Feb 23, 2023 11:51 am
marapez escribió:
El llobu escribió:
Es decir: es del PP y está desviando dinero público, que no merece, a sus bolsillos. ¿Dónde está la noticia?
Salú y República.
Parece que eso no molesta tanto como que una ministra se equivoque.
No molesta porque sus votantes y simpatizantes lo tienen asumido y naturalizado. Otra cuestión distinta es que lo hiciera alguien de la izquierda.
Salú y República.
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El llobu V.I.P.
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Tema: Re: Feijoo Jue Feb 23, 2023 12:35 pm
Salú y República.
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Tema: Re: Feijoo Jue Feb 23, 2023 8:37 pm
Pillado en falta...
Cuando Feijóo proponía reformar los pagos irregulares a los diputados por sus desplazamientos
El entonces presidente de la Xunta aseguraba en 2010 que “ni en los sueños más perversos me pueden acusar de hacer algo irregular”
A pesar de que vive en la capital, Feijóo cobra 2.000 euros mensuales extra para costear sus desplazamientos de Galicia a Madrid, como reveló infoLibre este martes
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Tema: Re: Feijoo Jue Mar 02, 2023 1:27 pm
Se admiten apuestas:
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marapez V.I.P.
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Tema: Re: Feijoo Sáb Abr 01, 2023 1:24 am
Que conste que no es del mundotoday
Otra crítica estrámbotica de Feijóo a Sánchez: le acusa de despreciar la cultura china cuando el presidente está en Pekín con Xi Jinping
Un ejemplo de acusación absurda y sin sentido de Feijóo lo tuvimos la semana pasada. Recuerden que hace unos días Feijóo acusó a Sánchez de reunirse con dictadores latinoamericanos por acudir a la Cumbre Hispanoamericana, olvidando que el rey Felipe VI también estaba allí.
Bueno, pues este viernes Feijóo ha vuelto a hacer de las suyas. El mismo día que Pedro Sánchez se reunía con el presidente chino Xin Jingping en Pekín, Feijóo acusaba a Pedro Sánchez de despreciar la cultura china por no acudir a una exposición de los famosos Guerreros de Xiang que se ha inaugurado en Alicante.
