PODEMOS

S
Salú y República.

Salú y República.

El llobu escribió:

Salú y República.

"Podemos" miente en ese (supongo) "tuit" a las mujeres no se les acosa, se les informa por si quieren cambiar de opinión. Algunas  lo han hecho y están contentas de haber tenido el hijo  en vez de abortarlo.

Z escribió:

El llobu escribió:

Salú y República.

"Podemos" miente en ese (supongo) "tuit" a las mujeres no se les acosa, se les informa por si quieren cambiar de opinión. Algunas  lo han hecho y están contentas de haber tenido el hijo  en vez de abortarlo.

¿Verdad que no se las acosa?

Más de 8.000 mujeres han sufrido acoso al intentar ejercer su derecho al aborto

Un total de 62 organizaciones ponen en marcha la plataforma Pro Derechos para exigir el fin de la impunidad de los grupos ultracatólicos ante las clínicas que practican abortos. Piden que las administraciones apliquen la legislación vigente, y que se estudie un cambio legislativo para crear un tipo penal específico para estos delitos, como ocurre en Francia. Afirman que en una década más de 8.000 mujeres han sufrido acoso al interrumpir su embarazo.

MARISA KOHAN
Un total de 62 organizaciones han presentado este martes la plataforma Pro Derechos para reclamar que se protejan los derechos de las mujeres que decidan interrumpir su embarazo. Según han afirmado en rueda de prensa este martes durante la presentación de esta iniciativa, desde que se aprobó la ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción de embarazo en 2010, más de 8.000 mujeres "se ha visto increpadas, insultadas, coaccionada o amenazadas de algún modo" a las puertas de las clínicas habilitadas para la interrupción del embarazo.

Un cálculo que las propias organizaciones consideran conservador y que cifran en "más unas 100 acciones de acoso y hostigamiento anuales". "Acoso los hemos tenido siempre. Lo que ocurre es que desde la aprobación de la ley del aborto han ido en aumento, y últimamente mucho más", afima José Antonio Bosch, asesor jurídico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE (ACAI).

Denuncian que todas estas acciones son realizadas por grupos utracatólicos con total "impunidad", "ocupando espacios públicos" y con la connivencia de las administraciones.

La plataforma realiza esta denuncia en la víspera del inicio de una acción "40 días por la vida" que estos grupos han lanzado a nivel internacional entre el 25 de septiembre y el 3 de noviembre, una vigilia de oraciones frente a las clínicas que en España tendrá su epicentro en la mítica clínica Datos de Madrid, pero a la que se han sumado grupos antiderechos de diversas ciudades.

"No se trata sólo de estos 40 días", explica Sonia Lamas, activista de Enclave Feminista, "sino que reclaman estos 40 días dentro de los 365 días al año que acosan a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo y a las que trabajan en las clínicas". "La impunidad y la falta de consecuencias que tiene este acoso anima a los grupos a continuar con sus acciones", añadió.

Tal como explican las organizaciones de la plataforma, entre las que figuran la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Católicas por el Derecho a Decidir, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), varios sindicatos, ente otras; "en nuestro país estos grupos vulneran la legislación vigente y no ocurre nada".

"Se están incumpliendo de forma sistemática las ordenanzas municipales. Se incumple el derecho una la prestación sanitaria, porque hay una obligación de dar una prestación sanitaria con una calidad mínima, y se produce un grave atentado a la intimidad y a la integridad moral de las mujeres", explica Bosch, que resalta que los ataques de los grupos ultra van dirigidos específicamente contra las mujeres que intentan abortar y hacia las trabajadoras de las clínicas de interrupción del embarazo.



"Una mujer que va a abortar (que probablemente no se lo ha dicho a nadie), se encuentra con energúmenos en la puerta de la clínica que le gritan que es una asesina, que le dicen que lo que va a hacer es una barbaridad... que no lo haga que la van a ayudar, que le ponen un muñequito en la mano diciéndole que eso es lo que va a matar...", relata Bosch y se pregunta: "¿Se puede perseguir? Pues en la actualidad es un problema, porque que existen los delitos y se incumplen leyes es un hecho, pero conseguir que eso lo condene un juez, es difícil".

Otro problema, explican desde las organizaciones, es que muchas administraciones no se han ocupado de formar e informar a los servidores públicos. "Nos hemos encontrado casos en los que algún policía ha preguntado que si es legal el aborto. Esto no se puede consentir. Los servidores públicos se tienen que saber la ley al dedillo. Se niegan a identificar a nadie y dicen que es libertad d expresión. Pero no lo es, porque tu libertad termina donde empieza la mía y si me llamas asesina es un delito. Hace falta una conciencian de toda la sociedad y una demanda de la sociedad a la administraciones para no tolerar estas dejaciones", explican.

Cambio legal
La plataforma que que se acaba de presentar pide un cambio legal y que este tipo de conductas que se realizan contra el derecho al aborto de las mujeres sea tipificado como un delito específico, tal como ocurre en Francia, en donde la ley llega a castigar "con dos años de cárcel y 30.000 euros de multa el hecho de impedir o tratar de impedir la práctica y obtención de información sobre una interrupción voluntaria del embarazo", explican. Esta prohibición no sólo rige para las manifestaciones a las puertas de las clínicas (prohibidas en el país vecino mediante una zona de seguridad), sino también a medios electrónicos o a la difusión o transmisión de información que sea falsa o que pueda intencionadamente inducir a error.

"Lo que solicitamos es que para que no se de el acoso y el hostigamiento en las puertas de las clínicas, se tomen medidas concretas, porque lo que tenemos ahora no sirve. Contamos con un delito de injurias y de coacciones en el código penal, pero que no sirven para estos casos. Porque las injurias requieren la denuncia de la ofendida y las coacciones no, pero exige que la mujer esté presente en los procedimientos judiciales", explica Cristina Colom, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. "Esto no es viable. No se puede pretender que las mujeres sean heroicas. Pocas lo van hacer".

Además, explica esta jurista, "nos encontramos con el criterio subjetivo que afectan a la aplicación de la ley. Porque determinar lo que es una coacción pasa por la visión subjetiva del propio juez. Si se tipifica, como hace la ley francesa, como un delito específico el hecho de impedir la práctica de un derecho como el aborto, así como la obtención de información sobre el mismo, sería más fácil y evidente la necesidad de una condena", añade Colom.

"Los delitos de los que hoy hablamos: de injuria, calumnias, humillaciones e incluso de lesiones, exigen denuncia de la víctima y sólo son perseguibles si la víctima quiere. Sin embargo, si se tipifican como delitos públicos, será intrascendente que la victima quiera o pueda denunciar o perseguirlo. Pero estamos hablando de una conducta más amplia, de considerar delito a todo aquel que en las cercanías de las clínicas trate de hostigar, incidir o transmitir información falsa, como en el caso francés, lo que traslada el delito a las webs", afirma Bosch.

"De lo que estamos hablando", abunda Bosch, es de que hay unos ciudadanos y ciudadanas que como su moral es contraria a una ley y no pueden derogarla, quieren imponer su moral. Ese es el conflicto de fondo. Educarles en que su moral es algo privado y que no pueden imponerla al resto de los ciudadanos, es complicado y responsabilidad de las administraciones. Cuando esto lo vemos en la televisión en los países árabes, lo llamamos fundamentalismo", concluye Bosch.

Los miembros de la plataforma explican que se han reunido con diversas fuerzas políticas para trasladarles sus exigencias y el hostigamiento que viven a diario las mujeres que deciden interrumpir su embarazo y las trabajadoras y trabajadores de las clínicas que los practican. Tanto el PSOE, como Ciudadanos y Unidas Podemos han mostrado su disposición a estudiarlo", aunque el cambio legislativo supondría modificar una ley Orgánica para lo que se requiere una mayoría parlamentaria, difícil de conseguir en la coyuntura actual, reconocen.

"El PP directamente no nos respondió ni se quiso reunir. Lo sorprendente es que los distintos grupos políticos mostraron su sorpresa y desconocimiento ante esta situación, lo cual hace que estas actuaciones son muy necesarias", explican miembros de la plataforma.

Este miércoles, la plataforma Pro Derechos ha llamado a una concentración de una hora a las puertas de la clínica Dator de Madrid bajo el lema #AbortoSinAcoso. La cita será entre las 12.30 y las 13.30. Con ella quieren contrarrestar el inicio de la acción de los grupos ultracatólicos que ese mismo día comienzan su vigilia "40 Días por la Vida".

Mujeres denuncian el acoso que sufren en las clínicas de aborto por parte de grupos 'provida': "Me agarraron del brazo y me dijeron 'no lo hagas'"

Una reportera descubre el acoso al que someten a las mujeres en la puerta de las clínicas de aborto: "Van a cortar a tu hijo en trozos con un bisturí"

Y ahora veamos, para que no hay dudas e inequívocos qué es acosar, dice el DLE:

Acosar

3. tr. Apremiar de forma insistente a alguien con molestias o requerimientos.

Salú y República.

Intervención de Pablo Iglesias durante la Fiesta del Centenario del PCE

El exvicepresidente del Gobierno y exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, participó este sábado en el acto político desarrollado durante la Fiesta del Centenario del PCE.

Durante su intervención, el dirigente de Podemos fue interrumpido por un grupo de personas que ha empezado a gritar. Pero todo quedó en una pequeña anécdota, que Iglesias tildó de «provocadores que regalan titulares y clicks a los medios de ultraderecha».

Desde su cuenta oficial en la red social en Twitter, Pablo Iglesias compartía una parte de su intervención: «La voluntad de Estado de Unidas Podemos rompió una cláusula de exclusión histórica. El furibundo anticomunismo que despertó en los viejos poderes es la mejor prueba de su significado político e histórico».

Salú y República.

Y ahora a ver si el gallinero antipodemita puede contradecir algo:

https://www.facebook.com/IglesiasTurrionPablo/videos/167352265476296

El silencio será ensordecedor, excepto para escuchar alguna falacia o mentira.

Salú y República.

Ione Belarra Urteaga sobre los cambios que trae la primera Ley de Vivienda de España

https://fb.watch/8Cz-fpERbQ/

Otra causa archivada contra Podemos, y van seis

El titular del Juzgado número 42 de Madrid no ve “indicios racionales de delito” en la causa denunciada por Celia Cánovas, exsenadora de Podemos

Este diario ya adelantaba que la causa denunciada por Celia Cánovas, exsenadora de Podemos, donde acusaba a la formación de blanqueo de capitales estaba plagada de contradicciones y basaba sus hechos en mentiras. De facto, la propia Cánovas reconocía el pasado mes de junio ante el juez Juan José Escalonilla haberse equivocado.

Ahora, el magistrado también reconoce, según el auto, no hallar “indicios racionales de delito” en las donaciones del denominado Proyecto Impulsa de la formación, archivando nuevamente otra de las líneas de investigación.

Según la SER, "lo que resulta más relevante es que el partido ha aportado más de 50 certificados que documentan los pagos por la Fundación Instituto 25 de Mayo durante el curso 2016, al contrario de la denuncia de la exsenadora, que dijo haber donado 5.500 euros al proyecto social Impulsa de los que no había rastro”. Además, el titular del juzgado da ahora la razón a Fiscalía, que pidió de manera expresa no convertir el caso en una “constante auditoría” de la contabilidad del partido.

Con este nuevo archivo, suman un total de seis dentro de la macrocausa impulsada por la ultraderecha en su estrategia de judicialización de la política contra la fuerza liderada por Ione Belarra. Entre ellas, las principales acusaciones que enarboló José Manuel Calvente, donde se demostró que no había habido ningún pago fraudulento a cargos de la formación, no se habían presentado irregularidades en ellos ni se habían cobrado sobresueldos.

También las referidas a los contratos firmados con la consultora ABD Europa para las elecciones del 28 de abril de 2019, la del acceso de la cúpula sin permiso al disco duro de Marta Flor, también letrada de la formación, y la de los sobrecostes en la reforma de la nueva sede morada.

Asimismo, también sobreseyó la referida a la Caja de Solidaridad, donde se demostró que los fondos fueron utilizados “por sus miembros para los fines propios de dicha asociación", según el auto, y que no había pagos "ni a Rafael Mayoral (como denunciaba Calvente) ni a ningún otro miembro" del partido ya que "todas las operaciones” se encontraban “verificadas con transferencia bancaria".

En definitiva, la judicatura ha dado carpetazo a las principales acusaciones, acreditando la inexistencia de contratos falsos, desviaciones de capital para financiar al partido ni dinero para cargos directivos: no existe el Caso Neurona.

Más malas noticias para los acérrimos antipodemistas... que seguro que no dejarán de seguir mintiendo y calumniando a Podemos.

Salú y República.

Para los acérrimos antipodemistas, sobre todo aquellos que difaman continuamente a la Izquierda abertzale como bilduetarras: cuando dice IA se refiere a la izquierda abertzale.

Salú y República.

marapez escribió:

Ione Belarra Urteaga sobre los cambios que trae la primera Ley de Vivienda de España

https://fb.watch/8Cz-fpERbQ/

Me parece una Ley muy mejorable. Y contiene algunas cuestiones absurdas como lo de que cada promoción destine un 30% a vivienda social (la mitad a alquiler). Proponer este disparate implica un profundo desconocimiento de la complejidad del urbanismo.

Imaginemos una promoción de 20 viviendas en Sotogrande. Habrá que destinar 6 viviendas a protección social, 3 en venta y 3 en alquiler. Imaginemos que les ocurrirá a los propietarios o inquilinos de estas 6 viviendas de protección: no tendrán servicios públicos dignos accesibles, ni un supermercado o una cafetería a precio normal a menos de 10 Km. Un disparate pensar, como dice Belarra que esta medida no gusta por una cuestión de clasismo.

Los parámetros del urbanismo de lujo son opuestos a los del urbanismo de vivienda social. La mezcla no funciona, y no por clasismo, sino porque son formas opuestas de ciudad. El urbanismo de lujo cuenta con jardines y piscinas privadas, por lo que carece de zonas verdes públicas. Sin embargo el urbanismo de protección, que bien ejecutado puede ser incluso más habitable que el de lujo, tiene otra forma de entender la ciudad. Se destina más superficie a zonas verdes públicas y otros servicios públicos. Pero requiere un mínimo de concentración de viviendas. Para las 6 viviendas del ejemplo poco o nada se podrá hacer.

Otro disparate es que la mitad de la vivienda de protección sea en venta, cuando debería ser el 100% alquiler social.

el.loco.lucas escribió:

marapez escribió:

Ione Belarra Urteaga sobre los cambios que trae la primera Ley de Vivienda de España

https://fb.watch/8Cz-fpERbQ/

Me parece una Ley muy mejorable. Y contiene algunas cuestiones absurdas como lo de que cada promoción destine un 30% a vivienda social (la mitad a alquiler). Proponer este disparate implica un profundo desconocimiento de la complejidad del urbanismo.

Imaginemos una promoción de 20 viviendas en Sotogrande. Habrá que destinar 6 viviendas a protección social, 3 en venta y 3 en alquiler. Imaginemos que les ocurrirá a los propietarios o inquilinos de estas 6 viviendas de protección: no tendrán servicios públicos dignos accesibles, ni un supermercado o una cafetería a precio normal a menos de 10 Km. Un disparate pensar, como dice Belarra que esta medida no gusta por una cuestión de clasismo.

Los parámetros del urbanismo de lujo son opuestos a los del urbanismo de vivienda social. La mezcla no funciona, y no por clasismo, sino porque son formas opuestas de ciudad. El urbanismo de lujo cuenta con jardines y piscinas privadas, por lo que carece de zonas verdes públicas. Sin embargo el urbanismo de protección, que bien ejecutado puede ser incluso más habitable que el de lujo, tiene otra forma de entender la ciudad. Se destina más superficie a zonas verdes públicas y otros servicios públicos. Pero requiere un mínimo de concentración de viviendas. Para las 6 viviendas del ejemplo poco o nada se podrá hacer.

Otro disparate es que la mitad de la vivienda de protección sea en venta, cuando debería ser el 100% alquiler social.

Ehm...



https://www.lavanguardia.com/economia/20210629/7563799/espana-parque-vivienda-social-mas-bajo-europa.html
https://www.businessinsider.es/vivienda-social-espana-minimos-historicos-cola-ue-834281

Aparte de los que el PP vendió a fondos buitres de los pocos que había.

Zerg Rush escribió:

el.loco.lucas escribió:

marapez escribió:

Ione Belarra Urteaga sobre los cambios que trae la primera Ley de Vivienda de España

https://fb.watch/8Cz-fpERbQ/

Me parece una Ley muy mejorable. Y contiene algunas cuestiones absurdas como lo de que cada promoción destine un 30% a vivienda social (la mitad a alquiler). Proponer este disparate implica un profundo desconocimiento de la complejidad del urbanismo.

Imaginemos una promoción de 20 viviendas en Sotogrande. Habrá que destinar 6 viviendas a protección social, 3 en venta y 3 en alquiler. Imaginemos que les ocurrirá a los propietarios o inquilinos de estas 6 viviendas de protección: no tendrán servicios públicos dignos accesibles, ni un supermercado o una cafetería a precio normal a menos de 10 Km. Un disparate pensar, como dice Belarra que esta medida no gusta por una cuestión de clasismo.

Los parámetros del urbanismo de lujo son opuestos a los del urbanismo de vivienda social. La mezcla no funciona, y no por clasismo, sino porque son formas opuestas de ciudad. El urbanismo de lujo cuenta con jardines y piscinas privadas, por lo que carece de zonas verdes públicas. Sin embargo el urbanismo de protección, que bien ejecutado puede ser incluso más habitable que el de lujo, tiene otra forma de entender la ciudad. Se destina más superficie a zonas verdes públicas y otros servicios públicos. Pero requiere un mínimo de concentración de viviendas. Para las 6 viviendas del ejemplo poco o nada se podrá hacer.

Otro disparate es que la mitad de la vivienda de protección sea en venta, cuando debería ser el 100% alquiler social.

Ehm...

https://www.lavanguardia.com/economia/20210629/7563799/espana-parque-vivienda-social-mas-bajo-europa.html
https://www.businessinsider.es/vivienda-social-espana-minimos-historicos-cola-ue-834281

Aparte de los que el PP vendió a fondos buitres de los pocos que había.

Para recuperar esta discrepancia es para nada absurda de dedicar un 30% de las nuevas promociones a los VPO, sino necesario (Pocas nuevas promociones habrá en los actuales zonas de residencia de la "élite" o en urbanizaciones de especulación donde viven sólo 3 familias (conozco algunos de estos con más de 100 viviendas donde jamás ha vivido nadie desde hace muchos años).
Es inadmisible que gente tienen que vivir en 9m2 por 500€ al mes, con más de 4 millones de viviendas vacías en España, propiedad de bancos y especuladores.

Zerg Rush escribió:

Para recuperar esta discrepancia es para nada absurda de dedicar un 30% de las nuevas promociones a los VPO, sino necesario (Pocas nuevas promociones habrá en los actuales zonas de residencia de la "élite" o en urbanizaciones de especulación donde viven sólo 3 familias (conozco algunos de estos con más de 100 viviendas donde jamás ha vivido nadie desde hace muchos años).

No es la única forma. De hecho es la peor de las posibles. Desincentiva la promoción privada y no dicen nada de la promoción pública, que es la que realmente debe hacer vivienda de protección y es, con toda seguridad, quién puede hacerlo con los mejores estándares de calidad.

¿Cual? la otra sería de expropiar a estos buitres con más de 10 viviendas muerto de risas, esto ciertamente sería la mejor opción.

Zerg Rush escribió:

¿Cual? la otra sería de expropiar a estos buitres con más de 10 viviendas muerto de risas, esto ciertamente sería la mejor opción.

1.- Expropiación de suelo rústico limítrofe con el suelo urbano. Lógicamente a precios de suelo rústico.
2.- Desarrollo de este suelo mediante un PAU (Programa de Actuación Urbanística), con lo que se convierte en suelo urbanizable.
3.- Convertir suelo rústico en urbanizable produce un enorme incremento del valor del suelo. Otorga enormes plusvalías para la gestión pública.
4.- Vender el 50% de este suelo urbanizable para promoción privada (a precio que puede ser hasta 20 veces superior al pagado en el proceso de expropiación).
5.- Con las plusvalías obtenidas con la venta del suelo recalificado la Administración desarrolla el otro 50% del suelo para vivienda pública de alquiler con el máximo nivel de servicios públicos.
6.- El acceso a esta vivienda pública en régimen de alquiler se establece y actualiza según umbrales de renta. Sólo se alquilan estas viviendas protegidas a quién realmente las necesite.
7.- Teniendo en cuenta que el precio del suelo (que supone en torno al 50% del gasto de una promoción) ha sido muy bajo estas viviendas podrán ser alquiladas a precios en torno al 60 o 65% del precio de mercado sin necesidad de subvenciones. Lo que no está reñido con que exista un plan de subvenciones añadidas para quién lo necesite.
8.- Con esta política, a medio/largo plazo, al incrementar la oferta a precio reducido, se obtiene un control real de los precios de mercado. Incluida la vivienda de promoción privada.

No es un tema en el que el llobu tenga mucho conocimiento, pero le da la impresión que la ley evitará, o al menos trata de hacerlo, que los barrios sean exclusivos.

No trata de discutir el llobu lo que dice el Pato, pero el suelo rústico suele quedar muy a desmano del centro de todo, incluso de los lugares de trabajo, lo que  a la larga sólo provocaría la reubicación en sitios muy marginales de aquellos que disponen de pocos ingresos.

Salú y República.

El llobu escribió:

No es un tema en el que el llobu tenga mucho conocimiento, pero le da la impresión que la ley evitará, o al menos trata de hacerlo, que los barrios sean exclusivos.

No trata de discutir el llobu lo que dice el Pato, pero el suelo rústico suele quedar muy a desmano del centro de todo, incluso de los lugares de trabajo, lo que  a la larga sólo provocaría la reubicación en sitios muy marginales de aquellos que disponen de pocos ingresos.

Salú y República.

La segregación por niveles de renta es algo que ya está implantado en nuestras ciudades. Tanto lo que propone la Ley como lo que propongo yo no va a cambiar a corto plazo esta situación en el centro de las ciudades sino en las nuevas promociones.

La ventaja de lo que yo propongo es que es una forma real y efectiva de pinchar la "burbuja" del precio de la vivienda a medio plazo, sin coste político y sin aberraciones urbanísticas como el ejemplo que comentaba previamente. Y una vez que los precios sean razonables la gente con niveles de renta medios/bajos podrá volver al centro de las ciudades. Con la simple aplicación de la Ley que proponen esto nunca sucederá, pues nunca habrá corrección real de los precios sino una importante bajada de la oferta.


P.D: Una promoción de vivienda pública de calidad en las afueras de una ciudad no tiene por qué ser una mala opción si está conectada con el centro con una línea de ferrocarril o de Metro. Y eso es algo que la Administración puede y debe garantizar. Mientras que la promoción privada difícilmente podrá o querrá hacerlo.

La cuestión clave aquí, el error de bulto de la Ley, es que no se puede dejar en manos de la promoción privada garantizar el derecho a la vivienda. Se debe hacer mediante promoción pública, con todas las herramientas con las que cuenta la Administración.

NEROCAESAR escribió:

el.loco.lucas escribió:

Zerg Rush escribió:

¿Cual? la otra sería de expropiar a estos buitres con más de 10 viviendas muerto de risas, esto ciertamente sería la mejor opción.

1.- Expropiación de suelo rústico limítrofe con el suelo urbano. Lógicamente a precios de suelo rústico.
2.- Desarrollo de este suelo mediante un PAU (Programa de Actuación Urbanística), con lo que se convierte en suelo urbanizable.
3.- Convertir suelo rústico en urbanizable produce un enorme incremento del valor del suelo. Otorga enormes plusvalías para la gestión pública.
4.- Vender el 50% de este suelo urbanizable para promoción privada (a precio que puede ser hasta 20 veces superior al pagado en el proceso de expropiación).
5.- Con las plusvalías obtenidas con la venta del suelo recalificado la Administración desarrolla el otro 50% del suelo para vivienda pública de alquiler con el máximo nivel de servicios públicos.
6.- El acceso a esta vivienda pública en régimen de alquiler se establece y actualiza según umbrales de renta. Sólo se alquilan estas viviendas protegidas a quién realmente las necesite.
7.- Teniendo en cuenta que el precio del suelo (que supone en torno al 50% del gasto de una promoción) ha sido muy bajo estas viviendas podrán ser alquiladas a precios en torno al 60 o 65% del precio de mercado sin necesidad de subvenciones. Lo que no está reñido con que exista un plan de subvenciones añadidas para quién lo necesite.
8.- Con esta política, a medio/largo plazo, al incrementar la oferta a precio reducido, se obtiene un control real de los precios de mercado. Incluida la vivienda de promoción privada.

Y digo yo, reconociendo mi ignorancia en ese tema: ¿No es eso un abuso sobre los propietarios de terreno rústico?___Se les paga lo mínimo, para que después se revalorice todo más del doble...

No es un abuso. Es aplicar lo que dice la Constitución Española. No se les quita nada, se les paga el valor del suelo. La revalorización, y las plusvalías, no les corresponden a ellos sino a la Sociedad en su conjunto. Y esto ya lo decía la revolucionaria Ley del Suelo de Madrid de 1995, del Gobierno de Leguina, que fue estudiada en Universidades de todo el mundo y puesta como ejemplo, pero que fue derogada por Gallardón en menos de un año de su aprobación.

"la Ley 9/1995 incide en la gestión de la ejecución del planeamiento urbanístico a través de los sistemas de ejecución, en la expropiación forzosa por razón de urbanismo –creando además el Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de la Comunidad de Madrid– , en la intervención pública en el mercado inmobiliario y en la vivienda, para terminar con una serie de medidas para el incremento de la eficacia de la actividad urbanística."

el.loco.lucas escribió:

El llobu escribió:

No es un tema en el que el llobu tenga mucho conocimiento, pero le da la impresión que la ley evitará, o al menos trata de hacerlo, que los barrios sean exclusivos.

No trata de discutir el llobu lo que dice el Pato, pero el suelo rústico suele quedar muy a desmano del centro de todo, incluso de los lugares de trabajo, lo que  a la larga sólo provocaría la reubicación en sitios muy marginales de aquellos que disponen de pocos ingresos.

Salú y República.

La segregación por niveles de renta es algo que ya está implantado en nuestras ciudades. Tanto lo que propone la Ley como lo que propongo yo no va a cambiar a corto plazo esta situación en el centro de las ciudades sino en las nuevas promociones.

La ventaja de lo que yo propongo es que es una forma real y efectiva de pinchar la "burbuja" del precio de la vivienda a medio plazo, sin coste político y sin aberraciones urbanísticas como el ejemplo que comentaba previamente. Y una vez que los precios sean razonables la gente con niveles de renta medios/bajos podrá volver al centro de las ciudades. Con la simple aplicación de la Ley que proponen esto nunca sucederá, pues nunca habrá corrección real de los precios sino una importante bajada de la oferta.

El tema, hablando de segregación por niveles de renta, es si la ley la puede evitar a largo plazo y si eso es una medida inteligente. Evitarla en el corto plazo puede ser más complicado y necesitar otro tipo de medidas.

El llobu poco más puede opinar por dos cuestiones: porque no entiende mucho del asunto y porque no se ha leído la ley, y seguramente no lo haga porque es un tema que le cae muy de lejos.

Salú y República.

el.loco.lucas escribió:

NEROCAESAR escribió:

Y digo yo, reconociendo mi ignorancia en ese tema: ¿No es eso un abuso sobre los propietarios de terreno rústico?___Se les paga lo mínimo, para que después se revalorice todo más del doble...

No es un abuso. Es aplicar lo que dice la Constitución Española. No se les quita nada, se les paga el valor del suelo. La revalorización, y las plusvalías, no les corresponden a ellos sino a la Sociedad en su conjunto. Y esto ya lo decía la revolucionaria Ley del Suelo de Madrid de 1995, del Gobierno de Leguina, que fue estudiada en Universidades de todo el mundo y puesta como ejemplo, pero que fue derogada por Gallardón en menos de un año de su aprobación.

"la Ley 9/1995 incide en la gestión de la ejecución del planeamiento urbanístico a través de los sistemas de ejecución, en la expropiación forzosa por razón de urbanismo –creando además el Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de la Comunidad de Madrid– , en la intervención pública en el mercado inmobiliario y en la vivienda, para terminar con una serie de medidas para el incremento de la eficacia de la actividad urbanística."

Que la revalorización sobrevenida por la recalificación del suelo sólo beneficie a la sociedad es lo lógico, porque lo contrario sólo fomentaría el amiguismo y los pelotazos.

Salú y República.

El llobu escribió:

el.loco.lucas escribió:

NEROCAESAR escribió:

Y digo yo, reconociendo mi ignorancia en ese tema: ¿No es eso un abuso sobre los propietarios de terreno rústico?___Se les paga lo mínimo, para que después se revalorice todo más del doble...

No es un abuso. Es aplicar lo que dice la Constitución Española. No se les quita nada, se les paga el valor del suelo. La revalorización, y las plusvalías, no les corresponden a ellos sino a la Sociedad en su conjunto. Y esto ya lo decía la revolucionaria Ley del Suelo de Madrid de 1995, del Gobierno de Leguina, que fue estudiada en Universidades de todo el mundo y puesta como ejemplo, pero que fue derogada por Gallardón en menos de un año de su aprobación.

"la Ley 9/1995 incide en la gestión de la ejecución del planeamiento urbanístico a través de los sistemas de ejecución, en la expropiación forzosa por razón de urbanismo –creando además el Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de la Comunidad de Madrid– , en la intervención pública en el mercado inmobiliario y en la vivienda, para terminar con una serie de medidas para el incremento de la eficacia de la actividad urbanística."

Que la revalorización sobrevenida por la recalificación del suelo sólo beneficie a la sociedad es lo lógico, porque lo contrario sólo fomentaría el amiguismo y los pelotazos.

Salú y República.

Pues es lo que "disfrutamos" ahora.

A pesar de la «exigencia» de Vox, Alberto Rodríguez puede seguir siendo diputado

A pesar de la condena, al no haber pena de cárcel y solo multa económica, los letrados del Congreso deciden que Alberto Rodríguez no tiene que dejar su acta.
Los letrados del Congreso de los Diputados han determinado que el diputado Alberto Rodríguez puede mantener su acta y seguir en su escaño a pesar de su extraña condena.

En el texto presentado, la sustitución de la pena por una multa hace que ya no exista realmente dicha pena. El informe destaca que «la pena de prisión ha sido sustituida por la pena de multa» y que la clave es determinar si la sustitución altera la naturaleza de la pena, concluyendo que sí.

El informe concluye que «de un análisis de la normativa aplicable, no ha lugar» quitarle el acta a Alberto Rodríguez porque «no cabe derivar consecuencia extrapenal». Por lo tanto, «no concurre ni la inelegibilidad sobrevenida» que estipula la Ley Electoral, ni la aplicación más estricta del Reglamento del Congreso.

El documento de los letrados asegura que la multa «no es ya una forma de sustitución de la pena, sino de aplicación de la misma», de manera que para cuando procediera aplicar la Ley Electoral, ya no opera el artículo 6.2 de la norma, que establece que los condenados a privación de libertad pierden la condición de diputados.

Condenado «sin pruebas»
La Sala Segunda del Supremo impuso en un primer momento una pena de prisión de un mes y quince días al Diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Esta pena le fue sustituida por una multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros.

Usuarios de redes sociales, prensa crítica y dirigentes de Podemos han arremetido contra el Tribunal Supremo (TS) al condenar «sin pruebas» al diputado en el Congreso Alberto Rodríguez por un delito de atentado contra la autoridad.

Por ello, califican la decisión que califica de «vergüenza» y destacan que evidencia que hay una justicia «corrupta» y al «servicio del poder», deslizando con ello el criterio favorable a cerrar la investigación al rey emérito Juan Carlos I.

Vox contra Alberto Rodríguez
El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, había exigido que la Cámara Baja retire con la máxima celeridad el escaño al parlamentario de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, condenado por el Tribunal Supremo por atentado contra la autoridad.

En rueda de prensa este lunes tras la Junta de Portavoces, Espinosa de los Monteros señaló que Rodríguez es un «agresor» y «pateador» de policías, a tenor de la sentencia firme emitida por el alto tribunal, con una pena de prisión de mes y medio conmutable con multa y la inhabilitación especial al sufragio pasivo por el mismo periodo.

Para el portavoz de Vox, se trata de un asunto de «máxima gravedad» y por ello ya han registrado un escrito solicitando la retirada plena de la condición de diputado de Rodríguez para lo queda de legislatura. No obstante, ha lamentado que la Mesa aún no haya abordado su inhabilitación, que debería resolverse cuanto antes.

Es lo que tiene el pedir incongruencias con las leyes, que es como escribir una carta a los Reyes Magos.

Salú y República.