Tema: Re: JUSTICIA A LA ESPAÑOLA Jue Ene 26, 2023 6:58 pm
Las mentiras y omisiones de la fiscal superior de Madrid que no investiga las muertes en residencias
Mentiras, afirmaciones solemnes que carecen de cualquier sustento fáctico, omisiones de hechos fundamentales. No es lo que se puede esperar del escrito de una jurista, pero es lo que el lector encuentra en las trece páginas que dedica la fiscal superior de Madrid a explicar la actuación del Ministerio Público ante la hecatombe en las residencias de la región, incluidas en la Memoria correspondiente al año 2020. Ese texto fue presentado por Almudena Lastra en octubre de 2021, pero el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y otros dirigentes del PP acuden cada vez con más frecuencia a él para justificar que no se investigue lo ocurrido en los geriátricos madrileños, donde 7.291 residentes fallecieron sin recibir atención hospitalaria en los dos primeros meses de la pandemia. "La Fiscalía ha hablado y ha establecido que nunca hubo un Protocolo que impidiera la derivación de mayores de las residencias a los hospitales", dijo este mismo fin de semana Enrique López, consejero de Justicia de Ayuso.
infoLibre realizó una minuciosa recopilación de todo lo que se sabe sobre lo ocurrido en las residencias de Madrid en aquellos dos meses fatídicos y lo contrastó con el escrito de la fiscal superior. A la vista de las lagunas de la investigación y de las contradicciones entre la realidad y lo que sostiene Almudena Lastra, este periódico le envió el pasado 19 de octubre un cuestionario con 38 preguntas, para que pudiera aclarar su versión con todo detalle, indicar en qué fuentes se basa para realizar determinadas afirmaciones y explicar las razones de la actuación del Ministerio Público. El viernes 28 de octubre por la tarde llegó la respuesta del portavoz de Almudena Lastra: “La fiscal superior no va a responder a las preguntas porque ya está todo explicado en la Memoria anual”. Una afirmación que también es falsa, como puede comprobar cualquier persona que lea la Memoria de la Fiscalía Superior [páginas 183 a 195 de este documento] y las 38 preguntas planteadas por infoLibre [reproducidas de manera literal en este artículo].
LAS MENTIRAS
Almudena Lastra difunde al menos tres falsedades en su escrito: sostiene que el Protocolo del Gobierno Ayuso que impedía trasladar al hospital a residentes con alta dependencia física o grave deterioro cognitivo “no funcionó como impedimento” para las derivaciones, afirma que los pacientes recibían en los geriátricos “un tratamiento hospitalario similar al que habrían recibido caso de ser derivados” y asegura que las bajas de personal durante la pandemia “se fueron solventando” con “medidas de diversa índole”. Esas afirmaciones de las fiscal tienen un nexo común: exculpan al Gobierno de Ayuso de las dos principales acusaciones recibidas por su gestión durante la pandemia. A saber, que no medicalizó las residencias como anunció públicamente que haría y que además aprobó un Protocolo de no derivación que impidió el traslado a los hospitales de los mayores más vulnerables. Una combinación que resultó mortal para miles de personas. Y que llegó a denunciar desde dentro del propio Gobierno regional el entonces consejero de Políticas Sociales. “O el residente va al hospital, o el hospital va a la residencia”, advirtió Alberto Reyero en junio de 2020, pero al evitar ambas cosas al mismo tiempo se dejó “indefensos a los residentes”. Veamos cuál es la realidad sobre esos tres temas. Primera cuestión: ¿actuó el Protocolo como impedimento para trasladar residentes a los hospitales? Por un lado, hay múltiples testimonios que así lo confirman. Una directora de una residencia de Amavir aseguró en la comisión de investigación creada en su día en la Asamblea que el hospital rechazó a sus enfermos durante 27 días. Actas de la Policía Municipal de Madrid recogen declaraciones de directoras de residencias visitadas por los agentes que narran la imposibilidad de derivar a los residentes y se “derrumban” al contar lo sucedido. El médico de un geriátrico de la capital comunicó por escrito a los familiares de los residentes que las “autoridades sanitarias” prohibían el traslado de pacientes con covid. La médico de otro geriátrico de la localidad de Griñón explicó a una mujer la imposibilidad de trasladar a su madre al hospital en una conversación que fue grabada. Existen documentos aportados a procesos judiciales donde se reconoce que llamadas telefónicas para trasladar a enfermos ni siquiera eran atendidas por el personal del hospital que debía autorizarlo. Y, por supuesto, hay decenas de testimonios de familiares denunciando que desde los geriátricos les informaban de que no era posible derivar a residentes que caían enfermos. Además, están los datos oficiales del propio Gobierno madrileño. infoLibre obtuvo, a través del Portal de Transparencia, la información sobre todas las derivaciones hospitalarias realizadas entre enero y junio de 2020, incluyendo la fecha del traslado, la residencia donde vivía el paciente y el hospital de destino. El análisis de esos datos permite llegar a conclusiones incontestables: – En enero y febrero, cuando no había ningún problema sanitario en Madrid, la media diaria de derivaciones fue de 120. En marzo, esa media se redujo a 74 traslados diarios, en vez de multiplicarse exponencialmente a medida que miles de mayores caían enfermos por el virus. – Entre el 2 de marzo, cuando falleció la primera residente, y el 30 de abril se realizaron 6.204 derivaciones. En los primeros dos meses del año, sin pandemia, habían sido 7.233. – Los tres días con menos traslados fueron el 20, 21 y 22 de marzo, justo después de la aprobación del Protocolo el 18. Esos tres días hubo 42, 40 y 35 traslados, respectivamente, mientras cientos de personas morían sin recibir atención médica adecuada en los geriátricos. – En las semanas posteriores a la aprobación del Protocolo, más del 80% de los fallecimientos de residentes se produjeron en el propio centro. En situación de normalidad, esa cifra está por debajo del 20%. Pues bien, frente a este aluvión de datos y testimonios, la fiscal Almudena Lastra dice que el Protocolo “no funcionó como impedimento” para las derivaciones. ¿Y en qué documentos o datos apoya dicha afirmación? No se sabe. En la Memoria no cita ninguno. Y no respondió a preguntas claras y directas de infoLibre sobre este tema, entre otras, si la Fiscalía considera que no son correctos los datos aportados por el Gobierno de Madrid o qué información analizó el Ministerio Público para llegar a esa conclusión. Segunda cuestión: ¿recibían los pacientes en los geriátricos “un tratamiento hospitalario similar al que habrían recibido caso de ser derivados”? O, planteado en otros términos, ¿estaban las residencias medicalizadas? De nuevo, es abrumadora la acumulación de testimonios y hechos que contradicen la versión de la fiscal Lastra. El 12 de marzo de 2020, la Consejería de Sanidad anunció un Plan de Acción contra el coronavirus, entre cuyas medidas destacaba el establecimiento de un mando único sanitario y la medicalización de las residencias. El principal redactor, Antonio Burgueño, reconoció meses después públicamente que “la medicalización de las residencias no se llevó a cabo”. El único intento de medicalizar las residencias fue la conocida como Operación Bicho, que fue un completo fiasco, según admitieron sus máximos responsables en la comisión de investigación creada en la Asamblea de Madrid la pasada legislatura. “La verdad es que fue caótico”, confesó Encarnación Burgueño, hija de Antonio y que estaba al frente de un operativo que duró doce días. "Vimos morir a personas sin sedación y hay personas que murieron sin condiciones dignas. Los que nosotros vimos morir, sufrieron", admitió Eduardo Esteban, gerente de la empresa de ambulancias Transamed contratada por Burgueño. Este último desveló que sólo le dejaron trasladar al hospital a una persona de las cien residencias que visitaron en la región. Alberto Reyero denunció por escrito, en dos cartas enviadas al consejero de Sanidad el 31 de marzo y el 11 de abril, que las residencias no se habían medicalizado. En esta última misiva, Reyero denuncia que no existe “apoyo sanitario” en las residencias y recuerda que es un compromiso que el Gobierno de Ayuso lleva incumpliendo ya desde hace un mes: “No se trata de otra cosa que de poner en marcha su tan anunciada ‘medicalización’, que como bien sabes no es una realidad en nuestras residencias, a pesar de que fuera una de las medidas más destacadas del Plan de Acción contra el coronavirus, que anunciaste el pasado 12 de marzo”. También hay resoluciones judiciales en las que se determina que las residencias no estaban medicalizadas. En un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del 6 de mayo de 2020, en un procedimiento iniciado por el Ayuntamiento de Leganés, se indica que de los documentos aportados por el Gobierno autonómico “no se desprende que se haya procedido a dotar de personal médico, de enfermería, ni de auxiliar sanitario” a cada una de las residencias “en número que permita constatar la adecuada atención sanitaria ante la situación de emergencia en la que nos encontramos”. Frente a estas evidencias, la fiscal Lastra abronca en su Memoria a los responsables de las residencias que “en la información a las familias” ponían el acento “en la responsabilidad del hospital, en lugar de informarles que los pacientes iban a recibir en la residencia un tratamiento hospitalario similar al que habrían recibido caso de ser derivados”. ¿Qué fuentes utiliza Almudena Lastra para sostener tal cosa? ¿Acaso dispone la Fiscalía de información sobre cuántas de las 475 residencias madrileñas estaban medicalizadas? Son otras de las preguntas que se niega a responder y sobre las que nada dice tampoco en la Memoria. Tercera cuestión: ¿es cierto que las bajas de personal producidas durante la pandemia, “con medidas de diversa índole, se fueron solventando”? La fiscal Lastra realiza esta afirmación cuando analiza los “problemas de recursos humanos” vividos en las residencias, que en su opinión no se produjeron esencialmente como consecuencia de las bajas por la pandemia, sino por “la inadecuada dotación de origen de unos centros que no estaban diseñados para atender sanitariamente a sus usuarios”. Es cierto que los geriátricos tienen “de origen” un serio problema de falta de personal –en especial de gerocultoras, que es la figura clave para garantizar el cuidado de los mayores–, pero nadie relevante en el sector defiende que los centros tengan que estar “diseñados para atender sanitariamente a sus usuarios”. Para eso están los hospitales. En todo caso, al asegurar que el problema está “en origen” y no se produjo durante la pandemia, la fiscal quita del foco cualquier responsabilidad de la Administración competente. Pero, ¿es o no verdad lo que defiende la fiscal? Una de las patronales más importantes del sector, CEAPs, realizó un informe sobre lo ocurrido en las residencias durante la primera ola, en el que desvela la magnitud del problema: “En conjunto, un número que varía entre Comunidades pero cercano al 20% del personal de atención directa de las residencias dejó de trabajar. Oscila entre el 5% en Andalucía, 18% en Cataluña, 25% en Navarra y 35%-40% en Comunidad de Madrid”. La falta de personal médico en las residencias fue otra de las denuncias realizadas por Alberto Reyero en las cartas que envió al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero. Y es que el Gobierno madrileño no solo no medicalizó las residencias, sino que realizó ofertas a médicos y enfermeras que estaban en geriátricos para que fuesen a trabajar a hospitales, algo que muchos aceptaron ya que las condiciones laborales eran bastante mejores. Y cuando el consejero de Políticas Sociales reclamaba personal médico, no se lo daban. “La solución que hasta ahora habéis ofrecido de enviarnos listados de personal sanitario para que los reclutemos nosotros no funciona porque competimos con Sanidad y eso nos impide contratar adecuadamente”, se quejaba Reyero en la misiva del 11 de abril. El entonces consejero, que dimitió el 2 de octubre de 2020, ha escrito un libro publicado recientemente sobre lo ocurrido en las residencias, Morirán de forma indigna, donde ofrece su testimonio sobre lo ocurrido. Uno de los pasajes más escalofriantes es aquel donde describe lo que ocurrió en el Consejo de Gobierno del 25 de marzo, cuando pidió ayuda para las residencias, en un momento en el que ya habían fallecido casi mil personas en los geriátricos de la región: “Hice una petición concreta: cincuenta médicos y cincuenta enfermeros para reforzar la atención sanitaria en las residencias que requerían una actuación más urgente. Era una petición modesta, porque se necesitaban muchos más recursos, pero era una manera de poner en marcha aquello que habían prometido unos días antes. «La situación es límite», les resumí. No voy a dar demasiados detalles del debate porque las deliberaciones del Consejo tienen carácter reservado. Pero no recibí más que evasivas (no iban a poner a mi disposición a ningún sanitario, eso me quedó claro) y solo sentí frialdad e indiferencia a mis peticiones”. Y concluye Reyero: “Durante aquel debate, un consejero de Ciudadanos me había escrito un mensaje de WhatsApp: «Les da igual»”. De manera que la patronal desveló en un informe escrito en el verano de 2020 que las bajas de personal llegaron al 40% en la Comunidad de Madrid, y eso es una media de todos los centros, lo que significa que en algunos ese porcentaje fue mucho más alto. Y el consejero de Políticas Sociales denunció la situación en unas cartas publicadas por infoLibre en enero de 2021. Pero todo ello no fue obstáculo para que, en octubre de 2021, la fiscal Lastra publicase una Memoria donde sostiene que las bajas de personal durante la pandemia “con medidas de diversa índole, se fueron solventando”. ¿Y cómo lo sabe ella? ¿Dispone de datos sobre el número de médicos y enfermeras que estuvieron de baja y por cuánto tiempo? ¿Conoce cuántos centros estuvieron sin personal médico? Son preguntas que forman parte del cuestionario enviado por este periódico y que se negó a responder.
LAS OMISIONES
Que en un informe del Ministerio Público figuren afirmaciones falsas es sorprendente, pero en absoluto es lo más grave desde el punto de vista de la investigación fiscal. El gran problema es la relación de hechos que la Fiscalía ha decidido obviar, como si nunca se hubieran producido. La fiscal superior de Madrid achicó el campo de la investigación de forma tan exagerada, que al final se centró únicamente en la actuación de los directores o del personal médico de los geriátricos una vez que un residente se había contagiado. Cualquier decisión adoptada desde el poder político ha sido obviada a la hora de investigar. Veamos a continuación todo lo que ha quedado excluido de la investigación fiscal. 1. No se investiga ningún tipo de hecho antecedente. Todo lo que ocurrió antes del contagio es irrelevante en opinión de Almudena Lastra, según explica en la Memoria: “Jurídicamente, lo relevante es valorar si, producido el contagio, las acciones que llevó a cabo la residencia para evitar el resultado lesivo finalmente producido fueron las adecuadas”. En palabras de una veterana fiscal consultada por infoLibre, “es como si en un caso de desnutrición de una persona mayor, el Ministerio Público dijese que no va a indagar las causas que provocaron la desnutrición, sino que simplemente va a analizar qué ocurrió una vez que se certificó que la persona estaba desnutrida”. 2. No se investiga la actuación de los geriatras hospitalarios. El Gobierno de Ayuso creó la figura de los “geriatras de enlace”, que eran quienes debían decidir si un residente podía ser derivado al hospital o no, de acuerdo con los criterios del Protocolo. La Fiscalía se limita en su Memoria a recoger lo que los geriatras le han trasladado que hicieron, pero no consta que haya realizado una investigación independiente sobre lo que realmente hicieron. Y ello a pesar de que existe prueba documental sobre lo ocurrido porque, como admite Lastra, “los centros hospitalarios usualmente dejaban constancia de la interconsulta”; es decir, de la llamada entre la residencia y el hospital para hablar sobre el traslado de un paciente. Por tanto, la Fiscalía podría solicitar a los hospitales la documentación sobre las 7.291 personas que fallecieron en la residencia, sin derivación, para conocer qué consta en la interconsulta de cada caso. Pero no lo ha hecho. 3. No se investiga el Protocolo de no derivación. Más allá de la existencia del Protocolo de no derivación, desvelado por infoLibre en junio de 2020, hay múltiples preguntas sin contestar en relación con dicho documento. ¿Por qué se decidió aprobar? ¿Quién participó en las reuniones donde se discutió y quién decidió su aprobación? ¿Por qué motivo se acordó incluir como criterios de no derivación la dependencia física del residente o su grado de deterioro cognitivo, cuando no están directamente relacionados con la esperanza de vida de una persona? ¿Cuál es el criterio médico para excluir de la derivación a una persona por el mero hecho de vivir en una residencia? ¿Cuándo se empezó a aplicar y cuándo se dejó de aplicar? No consta que la Fiscalía Superior de Madrid haya pedido ningún tipo de información al Gobierno regional sobre dicho Protocolo, ni que haya llamado a declarar a los dirigentes políticos o responsables médicos que participaron en su elaboración o aprobación. 4. No se investiga la desatención sufrida por pacientes con otras enfermedades. En su Memoria, la fiscal Lastra escribe: “Debería llamarse la atención a todos los implicados –residencias, Administración y hospitales– sobre la alta incidencia de problemas de desatención de usuarios que derivaron en otras patologías, que debían haber recibido la misma atención que el COVID-19, en cuanto al protocolo de derivación se refiere, a fin de evitar que esta situación se repita en caso de una nueva crisis sanitaria”. Pero, además de “llamar la atención”, si la Fiscalía ha detectado una “alta incidencia de problemas de desatención” de enfermos que se concretó en una discriminación ya que no “recibieron la misma atención” que quienes tenían el virus, ¿no debería investigar estos hechos de forma sistemática el Ministerio Público? Son múltiples las preguntas: ¿Quién es el responsable de esa discriminación? ¿Cómo se gestó? ¿Cuántas fueron las personas afectadas? 5. No se investiga la falta de medicalización de las residencias. Como se indicó previamente, son contundentes los datos y testimonios sobre la falta de medicalización de las residencias. No consta que la Fiscalía haya pedido información al Gobierno de Ayuso sobre cuántas residencias tenían personal sanitario cuando empezó la pandemia –la normativa autonómica permite a los centros de menos de 50 residentes no disponer de médico–, cuántas bajas se produjeron en cada centro, qué profesionales y material envió Sanidad a los geriátricos, cuántos médicos y enfermeras dejaron las residencias para ir a trabajar en un hospital… 6. No se investiga la razón para no trasladar enfermos al hospital de Ifema. El Gobierno madrileño creó un hospital de campaña en el recinto ferial Ifema, que estuvo operativo durante seis semanas y que tenía capacidad para 5.500 camas, según la información oficial difundida entonces. Durante esas seis semanas, fallecieron en los geriátricos madrileños más de 5.000 personas sin ser trasladadas a un hospital. Ninguna de ellas fue enviada a Ifema. A este centro sólo fueron trasladados 23 residentes, con síntomas leves. La Fiscalía no ha indagado nada en relación con este asunto. ¿Por qué motivo se construye un hospital de campaña y se decide no trasladar allí a los enfermos que más lo necesitan? ¿Quién decidió que los pacientes de los geriátricos no podían recibir asistencia en Ifema? 7. No se investiga el uso dado a los hospitales privados. El Ejecutivo madrileño decidió, a mediados de marzo de 2020, crear un mando único sanitario por el que todos los hospitales públicos y privados pasaban a depender del consejero de Sanidad. Así lo explicó Ayuso en la Asamblea de Madrid: “Quedaban bajo las órdenes de la Consejería de Sanidad los 102 hospitales de la comunidad: 34 públicos y 68 privados; es decir, funcionaríamos como un solo hospital, que pasaba a tener 102 sucursales, y así creamos un sistema centralizado de UCI y compras. ¡Esta decisión ha salvado muchas vidas!”. Se desconoce cuántas vidas salvó dicha decisión, pero lo que es seguro es que no fueron vidas de personas que estuvieran en geriátricos madrileños, salvo que tuvieran un seguro médico privado. ¿La razón? El propio Gobierno de Madrid admitió que no se había producido ni un solo traslado directamente desde una residencia a un hospital privado. Y ello a pesar de que, según la patronal, siempre hubo camas libres en dichos centros privados. A la Fiscalía tampoco le ha parecido relevante indagar sobre este asunto. Si, como explicó la presidenta madrileña, todos los hospitales privados quedaban bajo el mando único de Sanidad, ¿por qué no se utilizó ese recurso para atender a los residentes que caían enfermos? ¿Quién tomó esa decisión y por qué motivos? 8. No se investiga el traslado al hospital de residentes con seguro médico privado. Aquellos residentes que tenían un seguro médico privado, pudieron saltarse el Protocolo de no derivación: llamaban a una ambulancia privada y eran atendidos en un hospital privado. A priori, y dado que todos los recursos hospitalarios estaban bajo el mando único de Sanidad, podríamos estar ante un caso de discriminación al reservar parte de los recursos existentes (los centros privados) solo para atender a determinados pacientes (los residentes que tenían seguro médico privado). Tampoco consta que la fiscal Lastra se haya preocupado por este asunto. 9. No se investigan los hechos denunciados por testigos privilegiados. Hay decenas de testimonios de personas que denunciaron hechos que, al menos indiciariamente, podrían despertar el interés de una Fiscalía en un tema con miles de víctimas. El caso más obvio es el de Alberto Reyero, pero hay otros muchos, como por ejemplo la directora de la residencia de Amavir que declaró en la Asamblea o las afirmaciones de responsables de geriátricos recogidas en actas de la Policía Municipal de Madrid. La Fiscalía no ha considerado necesario llamar a declarar a ninguna de esas personas. La suma de todas estas omisiones en la investigación fiscal tiene como resultado, lógicamente, que los únicos culpables que podrá encontrar el Ministerio Público son algunos médicos o directores de residencia, en caso de que no actuaran con la diligencia debida tras detectar que un paciente concreto estaba contagiado. Pero excluidas de la investigación fiscal absolutamente todas las decisiones adoptadas por la Administración autonómica, es materialmente imposible encontrar algún culpable entre los responsables políticos o altos cargos. A ello hay que sumar otra cuestión fundamental. La Fiscalía tiene la obligación legal de abrir una investigación de oficio cuando tiene conocimiento de la posible existencia de un delito. De acuerdo con los datos de la Memoria de Almudena Lastra, los fiscales en Madrid han abierto 64 diligencias de investigación. ¿Cuántas han sido de oficio y cuántas como consecuencia de denuncias de familiares de las víctimas? Es otra de las cuestiones de infoLibre que la fiscal superior ha dejado sin contestar. Pero solo la asociación Pladigmare, que agrupa a familiares de residentes, asegura que presentó 59 denuncias ante la Fiscalía. Si esos datos son correctos, son la certificación de la pasividad total de la Fiscalía ante la hecatombe de las residencias de Madrid, puesto que como mucho habría actuado de oficio en media docena de casos. En todo caso, el dato innegable es el siguiente: la fiscal Lastra sostiene que el Ministerio Pública ha investigado “más de 130 fallecimientos”, puesto que alguna de las diligencias de investigación afecta a más de una persona. Si tenemos en cuenta que fueron 7.291 las personas muertas en las residencias sin atención hospitalaria, ello significa que la Fiscalía ha investigado el 1,78% de las muertes. Un dato que, por cierto, lleva a plantear otra pregunta: ¿cómo puede realizar la fiscal Lastra afirmaciones generales sobre el funcionamiento del Protocolo o la medicalización de las residencias cuando el Ministerio Público no ha investigado el 98,22% de las muertes producidas en dichos centros?
EL PROTOCOLO DE NO DERIVACIÓN
La existencia del Protocolo de no derivación hospitalaria ha centrado buena parte del debate público, desde el día siguiente a que fuera desvelado por infoLibre, cuando Isabel Díaz Ayuso mintió en la Asamblea diciendo que era “un borrador”. Desde entonces, los dirigentes del PP han mantenido dos versiones falsas diferentes: la del borrador, algo que fue desmentido por el propio alto cargo firmante del Protocolo cuando compareció en la comisión de investigación, y la de que no se llegó a “activar”, tesis defendida últimamente por el consejero de Justicia en contra de la evidencia de las 7.291 muertes en residencias. Enrique López, en la misma entrevista donde apostó por la tesis de la no activación, se inventó 9.000 derivaciones que nunca existieron. Aseguró que en marzo y abril de 2020 se habían producido “más de 15.000” traslados de residentes al hospital, cuando la cifra real fue de 6.204. La Memoria de la Fiscalía establece como un hecho cierto que el Protocolo existió y se aplicó, aunque, como se explicó con anterioridad, Lastra sostiene falsamente que no funcionó como impedimento para el traslado de pacientes. En todo caso, el análisis sobre la relevancia de dicho Protocolo no puede realizarse de forma aislada, es imprescindible tener en cuenta otros dos hechos fundamentales. Si el Protocolo hubiese existido en los mismos términos, pero las residencias se hubieran medicalizado, no habrían fallecido residentes sin la atención médica adecuada. Y con idéntico Protocolo y residencias sin medicalizar, si se hubiesen utilizado los recursos alternativos existentes –Ifema y hospitales privados– para atender a los enfermos, tampoco se habría producido el mismo resultado. Los tres hechos son partes de un todo. Pues bien, de los tres hechos que marcaron la hecatombe en las residencias de Madrid, la Fiscalía que dirige Almudena Lastra no ha investigado dos: la no medicalización de los geriátricos y la no utilización de los medios alternativos existentes. Y respecto al tercero, el Protocolo, ha concluido en contra de todas las pruebas y evidencias disponibles –testimonios y datos oficiales del Gobierno de Ayuso– que no fue un “impedimento” para que los residentes fuesen trasladados a un hospital.
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el.loco.lucas Administrador
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Tema: Re: JUSTICIA A LA ESPAÑOLA Jue Ene 26, 2023 7:20 pm
Lo mínimo es que esto le cueste el puesto a esta "fiscal" y alguien imparcial pueda retomar el asunto.
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El llobu V.I.P.
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Tema: Re: JUSTICIA A LA ESPAÑOLA Jue Ene 26, 2023 7:31 pm
Quién lo iba a decir...
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marapez V.I.P.
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Tema: Re: JUSTICIA A LA ESPAÑOLA Dom Ene 29, 2023 10:13 am
¿Recibió Iglesias dinero del narcotráfico? No, pero en Madrid es legal decirlo
Todo el mundo ha sentido alguna vez la tentación de lanzar en público toda una serie de epítetos insultantes contra un político. En general, la mayoría de la gente se controla a causa del Código Penal, que castiga este tipo de cosas con los delitos de calumnias o injurias, en especial si la acusación sin pruebas se hace por escrito. Por ahí, es fácil que te pillen. Hay nuevas noticias. Todos aquellos que quieren mentar a la madre de un político cuentan ahora con el aval de un aliado impagable: la Audiencia Provincial de Madrid. Desde 2014, varios medios de comunicación han intentado relacionar a Pablo Iglesias y a Podemos con financiación procedente de Venezuela e Irán basándose en informaciones policiales originadas en el círculo de comisarios que colaboraba con el Partido Popular para atacar a sus rivales políticos. Ninguna de esas denuncias ha llegado a juicio por carecer de pruebas, lo que no ha impedido larguísimas instrucciones judiciales que alimentaron titulares durante años. Y luego estaban los medios digitales de ultraderecha que tenían incluso menos escrúpulos. Los jueces de Madrid están dispuestos también a proteger a estos últimos, como ha demostrado una sentencia conocida esta semana, y para ello pueden manipular el lenguaje hasta extremos que avergonzarían al redactor jefe de cualquier medio. La Audiencia de Madrid ha rechazado el recurso de los abogados de Iglesias contra una sentencia que exculpaba a un exmilitar del delito de calumnias por relacionar al exvicepresidente con delitos graves. No ya si su partido recibía fondos del extranjero, sino incluso que estaba relacionado personalmente con el narcotráfico. Como siempre con las sentencias, los argumentos que se utilizan para sostener el veredicto son tan importantes como este. Es ahí donde los magistrados confirman que hay vía libre para imputar delitos a algunos políticos –seguro que no a todos– sin necesidad de tener pruebas. Por la misma razón por la que en Gran Bretaña los jueces te envían a prisión, en España te dicen que no hay ningún problema. Algunos humoristas lo han tenido más complicado en la última década. Quizá la clave incriminatoria sea pretender ser gracioso. El artículo que provocó la querella estaba firmado por Diego Camacho, un excoronel que formó parte del Cesid, el servicio de espionaje anterior al CNI. Camacho no se cortó al referirse a Iglesias y a Podemos: “Han cobrado dinero procedente de desfalcos y del narco venezolano, así como que D. Pablo Iglesias proporcionó pasaportes falsos a terroristas de Hezbolá, que también iba a proporcionárselos a Delcy Rodríguez”. Hezbolá está considerado un grupo terrorista por la UE desde 2013. Delcy Rodríguez simplemente pasaba por ahí desde que se hizo famosa en España por su entrevista en Barajas con Ábalos en 2020 cuando era ministra de Exteriores. Otro ejemplo más: “Una información que a mí me llega, pero no la tengo todavía contrastada, es que parte de ese dinero del narcotráfico está a nombre de determinados políticos en paraísos fiscales. Lo que sí hay contrastado es la vinculación del Sr. Iglesias con el narcotráfico de Venezuela. Es decir, ahora mismo hay en España un vicepresidente que ha estado a sueldo de dos potencias extranjeras”. ¿Qué tienen que decir los jueces a estas imputaciones de delitos? “Son meras insinuaciones o atribuciones personales genéricas”, dice la sentencia. Entregar pasaportes falsos a un grupo terrorista no es precisamente una atribución genérica. La Audiencia Nacional te condenaría por esa ayuda si pudiera probarla. En relación a la frase “su vinculación con el narcotráfico es una cosa superconocida con arreglo a la información que tengo”, los magistrados se embarcan en una disquisición sobre la palabra 'vinculación' que dejaría atónito a cualquier policía que haya investigado el tráfico de drogas. La palabra “tiene muchas acepciones sociales sin que tenga por qué ser, de forma exclusiva, la imputación de un delito de tráfico de drogas o relacionado con dicha actividad ilícita”. Podría ser una vinculación social o familiar, dicen. Parece bastante claro que la frase se refiere específicamente a Iglesias, no a sus hijos, que por lo demás son menores de edad. Hay que preguntarse qué dirían esos jueces si alguien les acusara de estar vinculados al narcotráfico y que la excusa posterior, en caso de querella, fuera que igual han tenido que juzgar casos de ese delito y no hay más que hablar. Los jueces no tienen problemas en señalar a qué medios concede credibilidad la Audiencia de Madrid. Recuerdan que la sentencia original cita informaciones aparecidas en medios tan reputados como OK Diario, Periodista Digital y otro desconocido llamado Mil21, además de un periodista adicto a las conspiraciones que ha denunciado que George Soros controla a políticos de todos los partidos y a periodistas en España. Y otro individuo más del que la sentencia destaca que tiene que ser muy importante porque “es un politólogo que ha escrito en el diario El País”. Su gran aportación fue publicar un artículo de opinión sobre ayuda al Tercer Mundo. Una fuente irrebatible. Sobre si el caso podría suponer un delito de injurias al afectar al derecho al honor, el tribunal quiere dejar claro que Iglesias está obligado a tragar con lo que le echen. Que sea cierto o falso, no importa. Por un lado, los tribunales han establecido en España desde hace tiempo que los políticos deben aceptar un nivel de escrutinio público superior a los ciudadanos de a pie. Pero con esta sentencia van más lejos. Sostienen que el nivel de crispación política es tan alto que no hay que dar mayor importancia a este tipo de ataques personales. Lo justifican por “el clima convulso que existe actualmente en el debate político, en el que cualquier tipo de descalificaciones efectuadas se anulan u olvidan por las siguientes, sin que deje secuela alguna en el honor de los intervinientes en ese debate”. Hay que maravillarse por el nivel de desprecio que estos jueces sienten por la política. Creen que las descalificaciones son tan frecuentes que no dejan mancha en el honor de los políticos. No les resta credibilidad en absoluto que les relacionen con Hezbolá o el narcotráfico. No cabe duda de que esos magistrados no viven en nuestro mundo. Luego se escribe mucho sobre polarización y crispación. Se cuenta que el Congreso se convierte con frecuencia en una guerra en la que los prisioneros son ajusticiados con un tiro entre ceja y ceja. Pero lo que ocurre es que cualquiera puede imputar delitos a un político y los jueces retuercen esas palabras negando la evidencia para hacerlas parecer un ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Todos los políticos salen perdiendo, incluso aquellos que se alegran cuando la víctima es uno de los otros. Y también ese concepto tan manoseado que es el de calidad democrática. El ponente de la sentencia es Francisco Manuel Oliver, que años atrás tuvo varios cargos en los gobiernos de Madrid de Esperanza Aguirre e Ignacio González, el último de los cuales fue el de director general de Seguridad e Interior. Igual es por eso por lo que no tiene mucha confianza en los políticos. Es el juez que apostó en su voto particular por condenar al autor de una pintada en la tumba de Franco. Cuando políticos o periodistas critican sentencias o acusan a los jueces de parcialidad, estos se revuelven indignados y a veces piden amparo al CGPJ para que les proteja de esos ataques que tachan de infundados. Pero si alguien acusa sin pruebas a Pablo Iglesias de colaborar con un grupo terrorista libanés o tener algún vínculo con el tráfico de drogas, nadie debe molestarse ni creer que su honor se ha visto comprometido. La conclusión que podemos sacar es que importa mucho de quién estás hablando al lanzar esas imputaciones. Lo que importa no es el Código Penal, sino el objetivo de los ataques. Al menos, la Audiencia de Madrid lo tiene muy claro.
Tema: Re: JUSTICIA A LA ESPAÑOLA Lun Feb 06, 2023 12:26 pm
Largo, pero excelente.
La cadena perpetua, la tele de las mañanas y Von Schirach
En la era del clickbait y la audiencia como primer mandamiento es delicado empezar a teclear sabiendo que más del 70% de los lectores está contra la tesis de la columna que arranca. Y se trata de una estimación conservadora: algunos partidos tienen encuestas donde el 81% de la población respalda la prisión permanente revisable, esa especie de cadena perpetua que el Gobierno de Mariano Rajoy instauró en España en 2015 al calor de algunos crímenes mediáticos que sacudieron a la opinión pública. Sondeos rápidos de televisiones y webs sitúan el apoyo popular a esa medida por encima del 90%. Ni siquiera los partidos de izquierdas que se posicionaron en contra, los juristas que firmaron manifiestos o las ONG por los Derechos Humanos más críticas con la reforma sostienen ya esa bandera. Cuatro años después de que Pedro Sánchez llegase a la Moncloa con una mayoría de izquierdas, la prisión permanente revisable sigue vigente, ya se han dictado unas treinta condenas, y no hay ningún indicio de que ese castigo vaya a ser eliminado del Código Penal. Si alguien creyó de verdad que los crímenes terroríficos se iban a terminar con esa norma, puede consultar en las crónicas de sucesos las historias del triturador de Majadahonda, del parricida caníbal de Madrid, del rey del Cachopo y de otras celebridades del periodismo de casquería. El caso es que la mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional avaló el cambio legal con el argumento de que no es técnicamente una cadena perpetua porque las penas se evalúan a partir de los 25 años, así que el reo podría salir entonces de prisión si su comportamiento y los informes de los técnicos lo respaldan. Según ese criterio, no se trata de “una medida degradante” ni “inhumana”, pusieron por escrito. Otros tres magistrados progresistas dentro del mismo tribunal, incluido su actual presidente, dijeron lo contrario: emitieron votos particulares y concluyeron que las duras exigencias para revisar esas penas implican en la práctica volver a la cadena perpetua que se aplicó durante el siglo XIX para sustituir a la pena de muerte que había sido derogada en el Código Penal de 1928. Expertos en reinserción avisaron insistentemente de que una vuelta a la calle normal tras 25 años entre rejas será un milagro sin las estaciones intermedias de la política penitenciaria española. Así que como este Rincón de pensar no nació para acumular Trending Topics sino que fue creado como una de esas áreas de descanso que reservan las autopistas a los que quieren bajar la velocidad y apearse del tráfico por un rato, este texto va sobre esa costumbre que empieza a arraigar (en España pero no solo) de tomar decisiones en caliente y con las vísceras sobre asuntos que requerirían sosiego y debates desapasionados. En los periódicos, en el Congreso de los Diputados, en los tribunales… o en esos tres sitios a la vez. (El texto también va sobre las consecuencias de todo eso). Contaba Enric González en una de las mejores columnas que se escribieron sobre periodismo (y que pretendía ser un manual sobre dry martinis) que tanto este oficio como su bebida favorita, que define como “la invención americana de mayor perfección estética”, requieren criterio, y que el criterio requiere opinión y que la opinión requiere reflexión y que la reflexión, a su vez, requiere escepticismo. Todo eso faltó en el tratamiento periodístico de los crímenes y por supuesto en la tramitación de la reforma legal que volvió a instaurar la cadena perpetua en España al abrigo de una supuesta alarma social que no se entendería sin la retransmisión casi en directo de algunos delitos espeluznantes en el que sigue siendo uno de los países más seguros del mundo. La perspectiva que da el paso de los años sugiere que faltó tiempo para que periodistas y políticos dejaran enfriar aquellos reportajes y se hiciesen algunas preguntas antes de ejercer, entre todos, de Poder Legislativo enfurecido. Aquí van algunas que no se hicieron entonces y que no tiene pinta de que vayan a hacerse ya: ¿Tiene algún sentido restaurar una pena que ni siquiera se consideró cuando ETA mataba a centenares de personas por toda la geografía española? ¿Puede justificarse en un país que ya contemplaba condenas de cárcel de hasta 40 años? ¿Alguien piensa que un cambio en la legislación para alargar esas penas va a disuadir a un criminal dispuesto a cortar a las dos hijas de su pareja con una sierra radial, como hizo el primer condenado a prisión permanente revisable en España? Se suele alegar a favor de la reforma que el apoyo social era incuestionable. Una encuesta de GAD3 para ABC cifró en un 71% el respaldo de la sociedad a la medida, sin grandes diferencias entre partidos. Está el ejemplo de Ciudadanos, que pactó en aquel acuerdo de Gobierno con el PSOE derogarla y pasó a encabezar su defensa, tras el asesinato de la joven madrileña Diana Quer y del niño Gabriel. Si la respuesta política va a darse a base de sondeos, cabrían entonces nuevas preguntas. ¿Y si algún partido en cuestión hubiese planteado justo después de un asesinato o una violación execrable la pena de muerte mientras las parrillas de televisión y los digitales más amarillentos repiten día tras día los detalles del crimen y la desolación de los amigos y familiares de la víctima? ¿Hasta dónde subiría la silla eléctrica en las encuestas? ¿Se contagiarían otros partidos? El debate de la Ley del Talión es de todo menos novedoso. Algo parecido estaba vigente en un código de Babilonia, en el siglo XVIII antes de Cristo. La venganza está también en el Antiguo Testamento e incluso en las Tablas de la Roma Antigua. Convive con el ser humano desde hace miles de años, pero la sociedades occidentales habían llegado al consenso unas décadas atrás para evolucionar hacia la reinserción del delincuente y desterrar las políticas del ojo por ojo. El debate sobre si los actos del ser humano -y de las comunidades- deben estar dominados por la razón o por la emoción ha sido una de las grandes preguntas de la filosofía, desde los autores más clásicos. Y también desde hace siglos vienen escribiéndose tratados que indagan en la legitimidad de un hombre para castigar a otro a la hora de perseguir sociedades más justas. En lugar de retroceder a Platón, Sócrates o Hegel, cada uno con su propia teoría, deténgamonos en Ferdinand Von Schirach, un pensador que ha tratado con material muy sensible y que sigue vivo. Von Schirach es un abogado penalista alemán y también un escritor superventas. Los títulos de sus libros –Crímenes, Culpa, Castigo, Terror, en la editorial Salamandra– dan idea de su obsesión por tratar de entender a algunos asesinos a los que defendió en los juzgados de Munich. Su propia historia personal puede ofrecer pistas sobre cómo nació en él esa necesidad de comprender el mal: además de abogado y novelista, Ferdinand Von Schirach es nieto de Baldur Von Schirach, quien fuera jefe de las juventudes hitlerianas. En sus libros, traducidos en treinta países y que acumulan premios en Alemania, cambia los nombres y los datos sensibles de sus clientes para preservar el secreto profesional pero mantiene lo importante: las historias y circunstancias personales que les llevaron a cometer crímenes horrendos. Von Schirach cree, por ejemplo, que el Estado no debería ejercer violencia contra ninguno de sus ciudadanos. Y lo escribe así: “El deseo de tomar venganza no es una perversión. De hecho, es una emoción que sentimos todos en muchos momentos de nuestras vidas, cuando vemos que se ha hecho algo injusto a nosotros o nuestros seres queridos. Y entonces queremos tomar venganza ya. Eso es perfectamente humano. Pero la Justicia no puede dejarse guiar por venganza, rabia, indignación u odio. La Justicia debe canalizar esos sentimientos. Por eso la Justicia actúa de forma lenta, es una razón para calmar los ánimos y que el fallo no sea guiado por emociones negativas; también es un tiempo necesario para que surja el ser humano detrás del acusado y podamos conocerle mejor”. Después de todo lo que ha vivido él en los tribunales y de todo lo que ha pasado por su bufete, el escritor y penalista ha concluido que en las democracias los procedimientos cuentan y que las formas también son fondo. Es interesante esa teoría suya según la cual en ocasiones es preferible conceder pequeñas injusticias en aras de proteger un bien mayor. Pone un ejemplo: “A veces hay fallos jurídicos que no nos parecen justos pero que, a largo plazo, son buenos y beneficiosos para el sistema legal. Nos puede resultar muy negativo el caso de un hombre que asesina a su mujer y en una charla telefónica con su hermano lo admite. Y la Policía, que le ha pinchado el teléfono, lo lleva a juicio. Y el juez lo absuelve porque dice que las grabaciones fueron obtenidas de forma no autorizada y por ello no hay prueba concluyentes. Y esa resolución nos puede indignar pero, a largo plazo, tiene resultados beneficiosos. Sólo así el sistema estatal va a comprender que no puede acceder a nuestro teléfono o a nuestro mail sin nuestra autorización. Es decir, así el Estado y las autoridades saben que hay límites que no pueden invadir. Así que este fallo que puede ser injusto a corto plazo, hace justicia en mayúsculas a largo plazo”. ¿Se imagina alguien cómo tratarían esos magazines en España una absolución a un asesino si se filtrase una llamada suya confesando un crimen a su familia en un audio grabado sin autorización judicial? Pues igual que la Justicia, el Poder Legislativo también fue concebido con trámites deliberadamente lentos (informes, comisiones parlamentarias, dictámenes de organismos consultivos) en coherencia con esa idea de no hacer leyes en caliente. Esa filosofía original es lo contrario a lo que sucedió en la tramitación de la prisión permanente revisable, donde los portavoces del partido del Gobierno de entonces recriminaron a los diputados que votaron en contra y les animaban a explicárselo a las familias de las víctimas de esos crímenes horribles que estaban sentadas en la tribuna de invitados del Congreso. Con la nueva legislación en vigor, ya se ha dicho, la vida ahí fuera ha seguido más o menos igual estos últimos siete años. Los criminales (si atendemos a la estadística global, en España muy pocos, aunque sus consecuencias sean dolorosas y habitualmente irreparables para las víctimas) siguen cometiendo actos igual de horripilantes. Poco importa: ya nadie va a discutir sobre dar marcha atrás a esa cadena perpetua con el 80% de la población en contra. Menos, en un ambiente preelectoral que salta de unos comicios a otros sin pausa. El cortoplacismo se ha adueñado del periodismo y también del debate político en una espiral donde cuesta saber qué fue primero. Por supuesto, tampoco hay manera de pactar leyes que duren cien años en medio de una precampaña permanente. Permitirá el lector que la última cita de este artículo se aleje de los libros y de la filosofía para detenerse en una experiencia personal. Habla de una abuela, que como tantas se tuvo que poner a trabajar muy pronto, sin más formación que algo de escritura y las cuatro reglas matemáticas básicas. Esa abuela fue madrina de dos chavales que nacieron en la España de los sesenta y setenta, entre el tardofranquismo y los primeros años de la democracia. En la primera década de este milenio uno de ellos, J., discutía habitualmente con ella sobre esa costumbre suya de defender la aplicación de la pena de muerte a los autores de asesinatos y secuestros que veía en televisión. Mientras M., el otro ahijado, entraba y salía a cada poco de la cárcel arrastrado por los trapicheos que sufragaban su adicción a la heroína. Un mal día, el ahijado M. acudió al domicilio de otro habitual del mundillo del hampa, camello como él, también consumidor de heroína y según se le definió en el juicio, de carácter faltón y vacilón. Preso del mono de la droga, M. cosió a cuchilladas a su vendedor y le destrozó el cráneo. Fue uno de esos escasos pero ruidosos crímenes que alteran el vecindario de una apacible capital gallega de tamaño medio. La madrina que siempre había defendido la pena de muerte, de acuerdo con lo que veía en los programas de la tele, cambió súbitamente de opinión y comprendió que había sido la heroína la que transformó a un sobrino encantador en el criminal más espantoso de la ciudad. Como en los libros del penalista alemán, mi abuela asumió entonces que muchos culpables llevan también una víctima dentro. Dos preguntas finales para este rincón de pensar: ¿Cuánto mejores serían las leyes en España si en lugar de magazines matutinos se consumiese más lecturas de Von Schirach? Y en ese caso, ¿qué dirían las encuestas?
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Tema: Re: JUSTICIA A LA ESPAÑOLA Jue Feb 09, 2023 5:52 am
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Tema: Re: JUSTICIA A LA ESPAÑOLA Jue Feb 09, 2023 8:45 pm
Tinajas escribió:
Es que eso no hace campaña contra Podemos.
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καλλαικoι V.I.P.
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Tema: Re: JUSTICIA A LA ESPAÑOLA Jue Feb 09, 2023 8:48 pm
Tinajas escribió:
Con la ley del Si es sí hay jueces que rebajan la pena en algunos casos y en otros no. Los mismos jueces.
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Tema: Re: JUSTICIA A LA ESPAÑOLA Jue Feb 09, 2023 9:00 pm
καλλαικoι escribió:
Tinajas escribió:
Con la ley del Si es sí hay jueces que rebajan la pena en algunos casos y en otros no. Los mismos jueces.
Y hay otros que no rebajan ninguna pena como ordena la Disposición Transitoria Quinta. Y son esos jueces que rebajan las que les da la gana los que deberían dimitir, en bloque.
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marapez V.I.P.
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Tema: Re: JUSTICIA A LA ESPAÑOLA Dom Feb 12, 2023 10:45 am
El apeadero de la Nacional
El magistrado en excedencia Enrique López acaba de pedir la baja como militante del Partido Popular. Así sabemos que el soldado López, el buen soldado que tantos servicios prestó con la toga, se había tenido finalmente que afiliar. Un poco como cuando los seductores decadentes tienen que poner en el WhatsApp la foto de la novia de turno, porque no les basta con sus encantos y su labia para convencer de que son fieles. No nos comunicó López cuándo salió del toguero popular y se hizo el carné y, sin embargo, nos lo avisa ahora para que todo el mundo sepa que está preparando su regreso a la Audiencia Nacional, si alguien no lo remedia. Él quiere que lo remedien, que quede claro, o bien haciéndole hueco en otro pesebre o bien proponiéndole la entrada en un despacho de abogados que esté dispuesto a soltar una billetada por sus contactos. De momento no hay candidatos a ninguna de ambas cosas y por eso el tribunal de Génova corre un grave riesgo de que López vuelva a cruzar la calle. Enrique López lleva haciendo política a favor del PP desde que abandonó su modesto juzgado mixto de León para convertirse en vocal del CGPJ. Desde entonces la Audiencia Nacional —a la que llegó sin escalafón suficiente y sin haber puesto una sola sentencia por delito en su vida— se ha convertido en una especie de apeadero para él, en el que recala cuando el mundo que de verdad le gusta lo escupe como un güito. Allí llegó desde el CGPJ, esperando un ministerio que no llegó ni llegará, y allí recaló de nuevo cuando, justicia poética, la comisión de un delito de conducción ebria en plena Castellana le obligó a dejar su insólita plaza como magistrado del Constitucional. Mediante una trampilla similar a la que le permitió pillar plaza teniendo un mil del escalafón, se convirtió en magistrado de la Sala de Apelaciones, la que revisa todas las decisiones que toman los demás, que le espera para los momentos malos que parece que han llegado de nuevo. Momentos malos para él, entiéndame, para los ciudadanos llegarán entonces. López no ha tenido prurito al desafiliarse en reconocer que la razón por la que militaba en el PP no era otra que cumplir un requisito para medrar, es decir, para formar parte de la dirección del partido con Casado. “Ahora que no formo parte no veo la necesidad de seguir estando afiliado”, ha dicho. Ahora que lo que toca es volver a poner cara de juez, toca borrarse. La verdad es que se quedó en medio en la riña de los niñatos o, más bien, se puso en el lado equivocado. Son riesgos que corres cuando trocas la toga por el partido. No tienes que decidir qué parte lleva razón, sino que has de decidir en qué parte no corres peligro. Lo hizo mal y se quedó con el culo al aire. La toga, ya saben, cubre mucho. López llegó a secretario de Justicia en la Ejecutiva del PP por mano de Casado y también así a consejero de la Comunidad de Madrid con Ayuso. Por Casado apostó cuando tocó decidir a qué santo poner la vela—en este caso, la mascarilla del hermano, recuerden aquella rueda de prensa a la que se negó a ir— y la vela se le ha apagado. En el mundillo saben que ha estado tirando cables para irse a algún despacho pero, hasta el momento, no ha dado resultado. No sé, tal vez leyendo esto alguno se anime, y así aleje el cáliz de un tribunal y de los ciudadanos que allí esperen obtener justicia. La cuestión vuelve a poner sobre la mesa el extraño privilegio del que disfrutan las personas que forman parte de las carreras del Estado. Con una oposición no sólo obtienen plaza para toda la vida —que esa es la finalidad y la independencia— sino que consiguen una segunda opción para siempre. Son las únicas personas de este país que no arriesgan nada si se van a la política, a la empresa privada, si se convierten en profesionales liberales o si emprenden y no arriesgan porque, de salir mal, durante toda su vida pueden volver a su carrera. Esta circunstancia, en mi opinión, no sólo supone un agravio comparativo con el resto de ciudadanos de a pie, que para ser diputados o tener cargos públicos han de abandonar sus actividades personales o sus empleos a los que al cabo de décadas difícilmente podrían volver, sino que es también un agravio comparativo con el resto de sus compañeros de carrera que se quedan haciendo su trabajo, cada vez más emputecido, mientras ellos consiguen laureles, gloria y dinero con las espaldas cubiertas. Esta cuestión tiene miga. Robles ha obligado en el Ejército del Aire a que los pilotos que lo abandonen para irse a ganar pasta a la aviación civil tengan que reembolsar al Estado el dinero invertido en su formación en las condiciones marcadas por la ley. ¿Creen que los juristas de carrera que van a otras profesiones o bufetes no están usando para ello la formación que hemos pagado todos durante su ejercicio profesional? Pues pregúntenles a los abogados del Estado, por ejemplo. En el caso concreto de los jueces es en el que más se agudiza ese vaivén entre la política y el ejercicio jurisdiccional, porque haciendo política hacen amigos y enemigos manifiestos, porque se declaran defensores de un programa y porque hacen o no hacen según qué cosas. ¿Cómo volver de ahí a juzgar? Fíjense que el caso es más peliagudo que el de los fiscales que, siendo parte, no deciden nada sobre un ciudadano, pero los jueces ¡ay! sí. Mucho se gritó contra Dolores Delgado y, sin embargo, nada se dijo de que Juan Carlos Campo, él también político profesional como López, pasara de ser ministro a la Audiencia Nacional. ¡Para esto ha quedado la Nacional, de apeadero! Esto, ya les digo, no pasaba cuando corrías riesgo de que te pegaran dos tiros. Entonces el vaivén de los políticos con toga no miraba hacia ese lado de la plaza. En el nonato acuerdo alcanzado para la renovación del CGPJ —abortado luego por Feijóo— los dos principales partidos habían incluido una cláusula que pretendía exigir un periodo cápsula de dos años para que desde la política se pudiera volver a vestir una toga. No era tan loco. En la ley de 1997 se establecía la figura de “una excedencia forzosa durante tres años durante los cuales no podrán reintegrarse al servicio activo salvo que obtengan por concurso una plaza o destino sin potestad jurisdiccional”. O sea, de juzgar nada de nada en tres años. Esa norma se abolió en 2007 y más tarde Zapatero hizo otra modificación para que el cazador dimitido, Mariano Fernández Bermejo, pudiera volver como fiscal de Sala al Tribunal Supremo. La modificación establecía que el tiempo que hubieran permanecido en la política se consideraría como situación de servicios especiales, por lo que no perdían la antigüedad. El pacto frustrado afectaba a otros tantos, como Llop y Marlaska, además de a López, y suscitó presiones. No apuntó a Robles porque Lesmes ya le hizo una jugada y le quitó la condición de magistrada del Tribunal Supremo por estar en la política. Se trata de una cuestión de importancia alimenticia sustancial para todos los que transitan.
Esta vieja cuestión se debatió en la ponencia constitucional y en ella no ganó el planteamiento que quería permitir que jueces y fiscales se pudieran afiliar y sindicar como en la II República, defendida por nacionalistas, socialistas y comunistas. En aquella constitución del 31 podían militar pero no aceptar cargo alguno procedente de un partido. Prevaleció la posición completamente contraria, la que les impide militar pero admite que vayan y venga como un péndulo o, mas bien, que usen los tribunales de Justicia como apeaderos de sus ambiciones políticas. Desde entonces se han ido toqueteando las legislaciones para favorecer al de turno. Ya les advertí hace dos años de que corríamos el peligro de que López volviera a vestir una toga y eso que entonces ni siquiera había transcendido que llevaba un carné en la boca. Ahora el riesgo es real, como sucedió con Juan Carlos Campo. Ni sus compañeros ni los ciudadanos nos merecemos esa degradación.
Tema: Re: JUSTICIA A LA ESPAÑOLA Mar Feb 14, 2023 12:06 pm
El juez Marchena nos quiere gobernar
Se diría que antes o después de que el Gobierno o el Parlamento deciden una medida a favor de la convivencia o de los sectores más castigados por las múltiples crisis surge alguna contramedida desde otros poderes empeñados en marcar no sólo la conversación pública sino el funcionamiento mismo de la gobernabilidad.
Este martes se aprueba una nueva subida del salario mínimo que lo sitúa en 1080 euros al mes en 14 pagas, con efecto retroactivo desde el 1 de enero. La medida supone un alza de los salarios más bajos del 36% desde 2018. Quienes ganaban 735 euros hace cinco años hoy ganan 1.080, como se prometió en el acuerdo de gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. Contra los vaticinios catastrofistas, ya parece suficientemente documentado que subir el salario mínimo no destruye empleo ni dispara la inflación, o al menos no lo hace de forma automática, como sugerían las más variadas voces de la ortodoxia neoliberal, desde la CEOE al mismísimo Banco de España. Lo que sí está demostrado es que subir salarios en la franja más baja ayuda a reducir la brecha de desigualdad, el mayor problema socio-económico que enfrenta el capitalismo desde hace mucho tiempo.
Pero muy poco se hablará de esta medida, como de tantas otras que conforman el llamado “escudo social” que define el grueso de las políticas económicas desarrolladas por el Gobierno de coalición desde que estalló la pandemia del covid (pocas semanas después de su toma de posesión) hasta hoy, con la invasión de Ucrania por medio, la crisis de suministro energético y la inflación disparada por ese y algunos otros factores (ninguno relacionado, por cierto, con un “calentamiento” de la demanda que justifique las galopantes subidas de los tipos de interés que vienen decretando los bancos centrales como si no hubiera un mañana para los hogares hipotecados). Y los principales bancos aplican esas subidas a toda velocidad, cosa que no hacen con la rentabilidad de los ahorros, especialmente en España (ver aquí). Se diría que la subida del salario mínimo, los ERTEs, el Ingreso Mínimo Vital, la reforma laboral, el “tope ibérico” que ha permitido el mayor descenso de Europa en el precio de la luz o las ayudas directas a hogares y empresas para superar baches inéditos hubieran surgido como por esporas, medidas caídas del cielo como esos beneficios extraordinarios que nutren la caja de las grandes energéticas. Es probablemente el mayor problema del Gobierno de coalición: su incapacidad o impotencia para lograr que la conversación pública no difumine los avances conseguidos en un periodo de turbulencias inéditas. Porque esa es la realidad: el debate político sigue girando sobre los asuntos que más interesan a la derecha política, económica y judicial. Desde el sí es sí y sus “efectos indeseados” hasta la aplicación de la reforma de la sedición o de la malversación a los condenados por el procés. Vaya por delante una obviedad: todo el mundo acatará el fallo emitido este lunes por la Sala Penal del Tribunal Supremo. Es lo que tenemos los demócratas, aunque pensemos que una sentencia es disparatada, la respetamos y cumplimos, porque creemos en la ley y en la separación de poderes. Dicho esto, volveré a algo que en más de una ocasión hemos denunciado aquí: las ilegalidades cometidas por dirigentes independentistas en 2017 han tenido una respuesta penal absolutamente excesiva, y la renuncia del Gobierno de Rajoy a afrontar por vías políticas el conflicto constitucional hizo que algunos jueces y fiscales se erigieran en una especie de salvadores de la patria que consideran como misión personal y colectiva “parar los pies” a quien pretenda resolver de forma democrática y dialogada la llamada "cuestión catalana". Ha decidido como ponente Manuel Marchena, presidente de esa Sala Penal, junto al resto de magistrados que dictaron la sentencia del procés, que la reforma legal aprobada por el Legislativo no debe aplicarse en el sentido que este pretendía. Sostiene Marchena (como previamente hizo su colega Pablo Llarena) que el nuevo delito de “desórdenes públicos agravados” no es aplicable a los hechos ocurridos en octubre de 2017 previamente calificados como “sedición”, y que tampoco es aplicable a los principales dirigentes independentistas la “malversación atenuada” al no existir ánimo de lucro, sino que por el contrario se mantendrá la “malversación agravada”, de forma que, por ejemplo, Oriol Junqueras no podrá ejercer ningún cargo público hasta el año 2031 (ver aquí). La carga política del fallo del Supremo no se queda ahí. Se permite Marchena aseverar que la reforma penal aprobada por el Legislativo “desenfoca el problema”!!!, y advierte además, en una combinación de vaticinio apocalíptico o de mensaje nada cifrado para las huestes independentistas, que con esta reforma quedarán “impunes” futuros ataques a la Constitución que no se ejecuten "con violencia e intimidación". Como si no existieran otras fórmulas legales ya comprobadas de frenar cualquier asalto a la legalidad constitucional (empezando por la aplicación del 155). Desde la atalaya de la sabiduría técnico-jurídica, es evidente que se está torpedeando el intento político de favorecer la convivencia en Cataluña y de Cataluña con el resto del Estado. Si la impopular y discutible reforma de la malversación (“arriesgadísima”, como reconoció el propio presidente del Gobierno) tenía como principal objetivo desjudicializar el problema y evitar que se incendiara de nuevo con el ingreso en prisión de varias decenas de excargos independentistas, ni siquiera dirigentes del procés, veremos ahora cómo evoluciona. Frente al “ibuprofeno” aplicado por el Gobierno para “desinflamar” el conflicto, llega el Supremo repartiendo anfetaminas. Sobran a estas alturas los motivos para que los socios del Gobierno de coalición adquieran conciencia de la magnitud de los obstáculos que el sistema político, judicial, económico y mediático está dispuesto a poner en estos próximos meses para que no se repita la experiencia de un ejecutivo de izquierdas. De modo que sobran también los esfuerzos que desde algunos sectores del PSOE y de Unidas Podemos se dedican a provocar la fractura de la coalición, con la excusa de la gestión del sí es sí, con la disputa por demostrar quién es más feminista o con el pulso por colgarse las medallas de los anuncios sociales. Por ese camino no se moviliza a un electorado exigente que sí sale a la calle cuando se trata, por ejemplo, de defender la sanidad pública. Conviene, y mucho, no "desenfocar el problema".
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Tema: Re: JUSTICIA A LA ESPAÑOLA Mar Feb 14, 2023 12:46 pm
Otra vez llorando con que si no se transmiten bien las cosas….
A ver si se enteran de una vez: desde siempre en democracia, la oposición habla de las debilidades del gobierno y al revés. Si el gobierno, o la izquierda, o ese periodíco, o ese escritor… quieren que solamente hable de lo que a ellos les interesa, pues lo vana tener difícil.
Dicho eso: en el tema de las reformas judiciales del proses y de la ley si es si el gobierno la ha cagado. Por tanto, es evidente que la oposición lo va a intentar utilizar. Como haría cualquiera que estuviese en la oposición. Los errores suelen ser del que gobierna (aunque en la oposición también se hacen alguno, pero menos) y los adversarios los usan para atacar.
marapez V.I.P.
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Tema: Re: JUSTICIA A LA ESPAÑOLA Mar Feb 14, 2023 1:57 pm
Gracias por tu opinión.
καλλαικoι V.I.P.
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Tema: Re: JUSTICIA A LA ESPAÑOLA Mar Feb 14, 2023 1:59 pm
No hay de qué, esto es un foro de opinión.
El llobu V.I.P.
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Tema: Re: JUSTICIA A LA ESPAÑOLA Mar Feb 14, 2023 4:17 pm
marapez escribió:
Gracias por tu opinión.
Parece que opina que la prensa española es la oposición.
Salú y República.
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marapez V.I.P.
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Tema: Re: JUSTICIA A LA ESPAÑOLA Jue Feb 23, 2023 8:58 pm
Vocales conservadoras del Poder Judicial se reunieron con europarlamentarias para criticar las leyes del Gobierno “a espaldas” de los progresistas
Miembros del grupo minoritario creen que las vocales elegidas a propuesta del PP se excedieron en sus funciones al utilizar la institución como “una plataforma para hacer una oposición” y pedirán que se vote su destitución en el pleno de este jueves
Eso sí, quienes entonces pedían dimisiones callan como ahogados, mientras que, como el llobu, defendieron la realidad, por encima de lo que decía un juez, fueron tachados con toda clase de improperios e insultos.
Y la vida sigue su curso dando la razón a quien la tenía.
Salú y República.
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marapez V.I.P.
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Tema: Re: JUSTICIA A LA ESPAÑOLA Jue Mar 02, 2023 11:41 am
Os imaginais si esto pasara aqui?
La mentira más cara de la historia: por qué negar el resultado electoral puede costarle a 'Fox News' 1.600 millones
El canal estadounidense fue uno de los altavoces principales de la teoría de fraude electoral orquestada por Trump. Ahora, una demanda recoge pruebas que demuestran que la cadena de televisión difundió información falsa y dio voz a colaboradores e invitados sabiendo que mentían
Tema: Re: JUSTICIA A LA ESPAÑOLA Sáb Mar 04, 2023 1:35 pm
La Justicia, cuestionada y manejada por descarados hilos políticos
Ayer a esta hora les contábamos con detalle el contenido de los mensajes de WhatsApp que durante un año se estuvieron cruzando el número dos del ministerio del interior en el gobierno de Mariano Rajoy y el presidente de la Audiencia Nacional en plena investigación del caso Kitchen. El primero le pedía ayuda y consejo al segundo, el segundo nunca dejó de responder en un tono claramente amistoso. Ayer a esta misma hora nos preguntábamos si esto era normal y nos preguntábamos también si el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, podía seguir presidiendo este órgano jurisdiccional.
Bueno, pues, me temo que tenemos la respuesta a las dos preguntas. Sí puede seguir presidiendo la Audiencia Nacional porque, más de 24 horas después de que la SER haya hecho público este escandaloso cruce de mensajes, José Ramón Navarro sigue en su puesto, y debe ser normal su comportamiento porque en la judicatura nadie levanta la voz, al menos públicamente. El juez que tiene el sumario sobre la mesa con el volcado de todos los WhatsApp no tiene intención de investigarlo, tampoco lo va a hacer el Consejo General del Poder Judicial, y jueces y magistrados que, en privado, se manifiestan escandalizados por todo esto, quieren mantener el anonimato. Nadie con nombre y apellidos quiere señalar al presidente de la Audiencia que se mensajea con un político implicado en una investigación judicial. Realmente, es descorazonador. Y lo es porque este es un caso de corrupción que golpea directamente a las instituciones del Estado. Lo es porque la exigencia a la política para depurar los comportamientos corruptos debe extenderse al resto de poderes e instituciones del Estado. Lo es porque uno no se corrompe solo y pocas veces se pone el foco en los que le acompañan, sean empresarios o jueces. Y lo es, especialmente en este caso, porque la Justicia en este país ya lleva tiempo cuestionada. Manejada por descarados hilos políticos que deciden nombramientos y que bloquean renovaciones. Y una cosa tiene mucho que ver con la otra. Pero lo que me parece más decepcionante es que un corporativismo mal entendido no reclame explicaciones públicas a aquellos que merodean los comportamientos corruptos, y así es muy difícil que algo cambie.
