Las víctimas del franquismo declaran ante la Justicia por primera vez

Interesante entrevista a una de las abogadas de las víctimas.

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-¿Cuántas personas han recurrido ya a ustedes?

-Alrededor de 150. De ellas hay doce para las que hemos pedido ya que presten testimonio. Son pocas, porque hay varias decenas de miles que están en esta situación. Pero es un comienzo.

-¿Han tenido ustedes problemas con instancias jurídicas o políticas para llevar adelante el caso?

-Hay una resistencia clara. Las contestaciones de la Fiscalía General del Estado a los exhortos realizados por el juzgado, dan a entender que no ha lugar a que sigamos con nuestra investigación. Nos dicen que ya se está llevando a cabo una en España. Pero eso no es así. Además, el embajador argentino en España ha recibido comunicaciones de los servicios del Ministerio de Exteriores en términos parecidos

-Aquí en España la utilización política de esta cuestión acabó por contaminar la investigación judicial. ¿Cree usted posible abastecerse de ello?

-No. La politización de una causa judicial siempre destruye las opciones de llevarla a buen término. Mucho más si se trata de este tipo de causa. Nosotros rechazamos eso y nos limitamos al aspecto técnico. Esperemos que no haya ese tipo de problemas con la que impulsamos nosotros.



Las dos últimas respuestas son de lo más descriptivas. No quieren investigar en España y punto.

Amnistía Internacional publica un informe sobre el gobierno español y su interes, mejor dicho su poco interes, en resolver los crímenes franquistas.

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La impunidad de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo está garantizada en España. Las instituciones españolas ni investigan ni cooperan con las investigaciones llevadas a cabo por otros países y los tres poderes del Estado están actuando de forma que garantiza la impunidad de estos crímenes. Estas son las principales conclusiones del informe 'El tiempo pasa, la impunidad permanece' (ver Pdf) que ha presentado este lunes Amnistía Internacional (AI). "La impunidad ha dejado a las víctimas de crímenes de Derecho Internacional en una situación de completa indefensión", ha explicado Esteban Beltrán, director AI en España.

El informe, ejecutado por Ignacio Jovtis, enumera y analiza la actuación de los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) en relación a la investigación de los crímenes del franquismo. El peor parado: el poder judicial. "Todas las denuncias presentadas por víctimas de la dictadura y la Guerra Civil en España a las que Amnistía Internacional ha tenido acceso han sido archivadas. De las 47 investigaciones abiertas desde 2008, 38 han sido archivadas y de las otras 9 no hemos recibido la información solicitada a las instituciones públicas", explica Jovtis, responsable de políticas e investigaciones de la organización.

Concretamente, el informe habla de cinco 'favores' que las instituciones españolas han realizado recientemente, por activa o por pasiva, para evitar que los crímenes del franquismo sean investigados. "En España hemos pasado de una situación de olvido en 2005 a situación de obstaculización en la actualidad. Es decir, hemos empeorado sustancialmente", ha asegurado Esteban Beltrán.
1. No colaboración e intromisión del Gobierno
El Gobierno del Partido Popular no colabora con la investigación llevada a cabo por la Justicia argentina en relación a la causa abierta por los delitos de crímenes de lesa humanidad y/o genocidio cometidos por la dictadura franquista. En este sentido, Ignacio Jovtis ha denunciado la actuación del ministerio de Asuntos Exteriores para evitar que víctimas de la represión franquista declararan mediante videoconferencia ante la Justicia argentina.

El ocho de mayo, día en el que estaba prevista la declaración, un alto cargo del Ministerio se puso en contacto con el embajador de Argentina en España para que suspendiera las videoconferencias. La presión surtió el efecto deseado y el embajador telefoneó a la juez María Servini para que cancelara las declaraciones minutos antes de su inicio. "El Gobierno no sólo no colabora sino que obstaculiza las investigaciones que llevan a cabo otros países como en este caso Argentina", denuncia Jovtis.
2. Una Justicia que no investiga

Después de que en 2008 la Audiencia Nacional declinara sus competencias en favor de los distintos juzgados territoriales para investigar los crímenes del franquismo 38 de las 47 demandas han sido archivadas. De las nueve restantes, AI no ha recibido información por parte de las instituciones españolas. "Esta es una tendencia que ya identificamos en 2012 pero que se ha profundizado con la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre Baltasar Garzón que cierra la puerta a la investigación de crímenes contra el Derecho Internacional en España", asegura Jovtis.
3. Una Fiscalía que facilita afirmaciones falsas
La Justicia argentina ha solicitado en dos ocasiones información a la Fiscalía General del Estado en relación a la investigación que está llevando a cabo por los crímenes del franquismo. En opinión de AI, en las dos ocasiones la Fiscalía ha facilitado a la Justicia argentina informaciones "falsas y contrarias al derecho internacional".

Estas informaciones falsas corresponde a las afirmaciones de la Fiscalía que aseguran que España está investigando los crímenes del franquismo y que España tiene preferencia para ello y solicita a Argentina que remita los expedientes para que la Justicia española se haga cargo de la investigación. "AI quiere dejar claro que en investigaciones de crímenes de lesa humanidad la jurisdicción es concurrente y no preferente", asegura Jovtis. Es decir, cualquier sistema judicial que reconoce el principio de Justicia universal puede hacerse cargo de las investigaciones.
4. No adhesión a la Convención sobre imprescriptibilidad
La pasada legislatura el Gobierno se comprometió a ratificar la 'Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad'. Sin embargo, en respuesta parlamentaria por escrito al portavoz parlamentario de Izquierda Unida, José Luis Centella, el actual Ejecutivo señala que durante "el proceso de análisis" de la Convención "se suscitó la posibilidad de que ciertas medidas de la Convención pudieran ser contrarias al principio de irretroactividad de la ley penal".

Por tanto, asegura el Gobierno, "el análisis sobre la posible adhesión de España a este instrumento sigue su curso actualmente". No obstante, desde AI se insta al Gobierno a dar su autorización con "prontitud" a esta Convención que ya ha sido ratificado numerosos Estados democráticos.
5. Mantenimiento de la Ley de Amnistía de 1977
La ONU ha solicitado a España en diversas ocasiones la derogación de la Ley de Amnistía de 1977. La última vez fue en febrero de 2012 cuando el portavoz de la Alta Comisaria de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, señaló que España estaba obligada a derogar dicha ley y a investigar las "graves violaciones contra los derechos humanos del pasado, incluidas aquellas cometidas durante el régimen de Franco y perseguir y castigar a los responsables si es que alguno vive aún".

En este sentido, AI recuerda al Estado español que la aplicación de amnistías a los crímenes de derecho internacional vulnera tanto el derecho a un recurso efectivo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la imposibilidad para un Estado de invocar disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado internacional. "En ningún caso una ley interna puede servir de base para garantizar la impunidad de crímenes de derecho internacional", sentencia Jovtis.


Pues nada a seguir mirando para otro lado.

Excelente artículo.

Ronaldo512 escribió:

Una revista mexicana asegura que Garzón mantiene una relacion amorosa con la presidenta de Argentina


La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner mantiene una
relación amorosa con el ex juez Baltasar Garzón, según asegura la
revista mexicana ‘Quién’..

Ronaldo512 premio troll del año

Y por aquí algunos se siguen cubriendo de gloria.

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El Partido Popular vasco sí condena la dictadura y el alzamiento militar de Francisco Franco pero no es partidario de poner fin a la impunidad de los responsables de los crímenes de la dictadura franquista. Así lo ha hecho saber el grupo parlamentario popular en el pleno del Parlamento de Euskadi de este jueves en el que la cámara vasca, tal y como adelantó Público, se ha adherido a la querella argentina que investiga los crímenes de la dictadura franquista con el rechazo del PP y la abstención de UPyD.
"Es un pequeño paso por parte del Partido Popular, pero hay que pedirle más. Intentaremos que este pasito dado se extienda a otras zonas del Estado y que, poco a poco, se den cuenta de que también hay que acabar con la impunidad", ha señalado a Público Andoni Txasco, portavoz de la Plataforma Vasca para la querella contra los crímenes del franquismo, que elevó la proposición no de ley a la Comisión parlamentaria de derechos humanos.
La línea roja marcada por el portavoz del grupo parlamentario popular en el Parlamento Vasco, Carmelo Barrio, ha sido, precisamente, la impunidad de los responsables de los crímenes de la dictadura. Barrio ha defendido en su intervención que la Ley de Amnistía de 1977 sólo puede ser cambiada en las Cortes Generales y no puede ser "cuestionada" en los tribunales. De esta manera, ha señalado que la querella argentina "vulnera el espíritu de la Transición" de paz y reconciliación. En este sentido, Txasco considera que el PP se ha vuelto a mostrar, una vez más, preso de su pasado ya que su fundador, Manuel Fraga, fue un destacado miembro de la dictadura franquista. "Ellos se sienten herederos de aquel régimen y todo ese bagaje que tienen detrás les está pesando. No les interesa investigar, ni enjuiciar, ni reparar todo aquello que causaron. Esta Transición sirvió para exonerar de responsabilidad precisamente a los franquistas", ha valorado Txasco. 
Abstención de UPyD
La proposición no de ley de "adhesión y apoyo" a la querella argentina contra los crímenes de la dictadura ha recabado en el Parlamento vasco el apoyo de los grupos parlamentarios de PNV, EH Bildu y PSE, que juntos suman 74 de los 85 asientos del Parlamento vasco. Las tres formaciones habían pactado el texto en la Comisión de derechos humanos. En esta Comisión fue excluido del articulado, a petición del PSE, la composición de una comisión representativa de la cámara vasca que debía desplazarse a Argentina junto a las víctimas de la dictadura.
Al voto en contra del Partido Popular hay que sumar la abstención del único diputado de UPyD, que ha presentado su propia enmienda a la totalidad. Gorka Maneiro, portavoz del partido de Rosa Díez, ha justificado su no adhesión al texto de la proposición porque, a su entender, no recogía un "inequívoco respaldo" a la Transición, "un proceso que logró abrir un periodo democrático sin parangón en la historia de España y asentó las bases de la convivencia"
Condena al papel de la Iglesia
El texto que finalmente ha sido aprobado, además del apoyo a la querella argentina, recoge la denuncia del Parlamento contra "la sublevación militar fascista dirigida por el general Francisco Franco Bahamonde en julio de 1936" y "el régimen dictatorial posterior que durante cuarenta años reprimió a sangre y fuego todo vestigio de disidencia y lucha por la libertad". El texto también recoge la denuncia del "papel jugado por buena parte de las oligarquías agraria, industrial y financiera y la jerarquía de la Iglesia Católica, con su apoyo al golpismo primero, y al régimen fascista instaurado después".

En este sentido, el texto compromete al Parlamento vasco a garantizar las "medidas necesarias para garantizar a los represaliados y represaliadas" el ejercicio de "su derecho a la verdad sobre aquel régimen", " el derecho a una reparación digna y no discriminatoria" y, por último, el derecho a "que se implementen medidas de cambios sociopolíticos, jurídicos e institucionales como garantía de no repetición".




Hay veces que se intenta lavar la imagen y queda aún más embarrada.

Gran entrevista al profesor NAvarro.

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De sobra es conocida la preocupación de Vicenç Navarro, catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, por la memoria histórica. En esta entrevista, el profesor profundiza en las heridas todavía abiertas de la Guerra Civil española y desvela algunos aspectos biográficos poco conocidos que han conformado su espíritu crítico.  
Usted ha sido muy crítico con el olvido histórico. ¿No cree que hubiera sido mejor no mirar al pasado?
No. Antes al contrario. La política del olvido ha sido un proyecto exitoso de reproducir y ha permitido promover la visión de España de los ganadores de la Guerra Civil. Le citaré un ejemplo. Me invitaron recientemente a dar una conferencia en Tortosa, la capital de la comarca del Baix Ebre. Y pude ver, una vez más, que la juventud sabía muy poco de lo que había ocurrido en aquella parte de Catalunya durante la II República y después. El Baix Ebre era —y continúa siendo— la Andalucía de Catalunya. Había una enorme concentración de la propiedad de las tierras, con las grandes familias terratenientes dominando la economía de la región. La República intentó cambiar esta situación a través de la Reforma Agraria, cambiándose las relaciones de propiedad. Ni que decir tiene que fue un proceso complejo, no libre de errores. Pero fue un intento serio de cambio en las relaciones de propiedad de la tierra.
El golpe militar cambió todo esto, inició una represión brutal revirtiendo la propiedad a los terratenientes que, junto con la Iglesia y el Ejército, dirigieron tal represión, una de las más feroces que haya existido en España y en Europa. Hoy estos terratenientes y la Iglesia católica continúan ejerciendo un enorme poder. Como dijo un anciano militante socialista que estaba en el Salón de Actos donde dí la conferencia, "aquí mandan los de siempre". Pues bien, los estudiantes universitarios de aquellas tierras apenas sabían todo esto. Este olvido beneficia, sin lugar a dudas, a las fuerzas conservadoras.
¿Y cómo puede entenderse esta situación?
Por el miedo. No hay plena conciencia de la brutalidad que significó la dictadura en España. Según el experto en fascismo en Europa de la Columbia University, de Nueva York, en EEUU, el profesor Malekafis, por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió diez mil. Aquella dictadura fue un baño de sangre. El objetivo de la dictadura era eliminar, incluso físicamente, a cualquier voz crítica a aquella dictadura. Los que perdieron la guerra fueron brutalmente represaliados. Y la población tenía miedo, y muy en particular los que perdieron la guerra.
Usted ha hecho referencia en sus libros a esta experiencia, incluso a nivel personal
Sí. Mis padres eran maestros jóvenes e ilusionados con las reformas educativas que se estaban realizando en Catalunya y en el resto de España durante la II República. Hay una película española que se llama La lengua de las mariposas, que es la vida de mis padres en aquel momento histórico. Presenta la enorme ilusión de maestros que amaban a sus estudiantes y el enorme potencial de libertad que suponía la República para ellos. Cuando se estableció la dictadura, les expulsaron del Magisterio, represaliándoles. Mis padres nunca nos hablaron de su vida y experiencias, ni tampoco de donde estaban nuestros familiares, tíos y tías, que se exiliaron en Francia. No hablarnos a nosotros, sus hijos, era la manera de protegernos. Menos sabíamos, más seguros estábamos. Fue más tarde cuando al ir creciendo se nos fue informando poco a poco. Pero la generación represaliada de mis padres se calló para protegernos a nosotros.
Incluso el año pasado, una lectora me escribió de Gironella, una bella localidad en el Berguedà, al pie de los Pirineos, donde mis padres eran maestros antes de ser expulsados, preguntándome si yo era hijo de los maestros de su madre, a quien le haría mucha ilusión conocerme. Mi hermano y yo fuimos a saludar a la que fue discípula de mis padres, y nos contó mucho sobre lo que mis padres habían hecho durante la II República en aquella población, y lo mucho que se les quería. Y de ello, mis hermanos y yo no sabíamos nada. Otro ejemplo. No descubrimos hasta mucho más tarde que mis tíos y tías, como miles de españoles, incluyendo catalanes, habían sido detenidos y miembros del maquis antinazi en Francia, siendo uno de ellos apresado en un campo de concentración nazi. De nuevo, hasta al cabo de muchos años no supimos nada de ello. Esta es la historia de la generación que siguió a la de mis padres. Hemos estado descubriendo sus vidas paso a paso. Esta experiencia no la han tenido los herederos de los que ganaron la guerra. Y se les nota.
¿Qué quiere decir cuando dice "y se les nota"?
Porque cuando escriben sobre la experiencia de los vencidos, incluso los que intentan ser favorables y tener simpatía por los perdedores, lo hacen de una manera que, sin quererlo, es condescendiente.
¿Por ejemplo?
El libro de Javier Cercas —hijo de lo que en España se llama "los nacionales"— Soldados de Salamina narra el relato de un combatiente republicano, su vida, y el olvido que su existencia ha tenido en España. Aplaudí su intento. Es vergonzoso y traduce la baja calidad de la cultura democrática que tales combatientes no hayan sido reconocidos. Y es también vergonzoso que en uno de los contadísimos actos realizados, que tuvo lugar en las Cortes Españolas, el presidente de tal institución, el Sr. Bono, les prohibió ondear la bandera republicana. Aplaudo, pues, el intento de recuperar la historia. Pero en la manera como Cercas lo hace, hace un flaco favor a su intento. Presenta a la figura central de su libro, un luchador republicano, que luchó en España contra el fascismo y en Francia contra el nazismo, como hicieron miles y miles de españoles —incluyendo familiares míos—. Y le presenta como olvidado, terminando los días en una casa de ancianos, todavía lleno de vida, lo cual expresa Cercas en la frase en la que se refiere a cómo les toca el trasero a las monjas, bromeando con ellas. Ésta es su imagen de estar "lleno de vida". Francamente, no me imagino a ninguno de mis familiares tocándoles el trasero a las monjas.
Me parece una enorme frivolidad y una falta de respeto al luchador antiascista y también, por cierto, a las monjas. Pero lo que es más llamativo es que el punto central del libro se sitúa cuando tal luchador republicano tiene frente a su fusil al fascista Sánchez Mazas y, en lugar de dispararle, le perdona la vida. Y esto se presenta como el principio de la reconciliación en España. Muchos artículos han alabado tal descripción. Me alegró ver que el hijo de tal luchador, cuya historia se basaba en un personaje real, protestara de cómo se había presentado a su padre, diciendo que le pareció errónea la descripción del comportamiento de su padre, pues seguro que en la vida real le habría disparado, como habría hecho cualquier luchador republicano. Señalar este hecho inmediatamente genera la crítica de que los perdedores estamos pidiendo venganza o revancha. Y dejar de pedir justicia se ve como un acto de reconciliación digno de aplauso.


El párrafo en negritas es para mirarlo y reflexionar.

El que fue mi abuelo le perdono la vida a un hombre que tenia a tiro durante la guerra...al retirarse le pegaron un tiro a mi abuelo en el casco que lo dejo inconsciente y por poco lo mata.
Luego me dio a entender que esa fue la ultima vez.

Parece que una vez que la rueda empezó a girar va a ser difícil pararla.

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El Parlamento asturiano será la [b style="font-weight: bold;"]primera cámara legislativa no controlada por partidos nacionalistas que condene formalmente el régimen de Francisco Franco[/b], si prospera una iniciativa presentada por IU, que en el Principado tiene un acuerdo de gobierno con UPyD y el PSOE que llevó a éste a la Presidencia.
Se trata de una proposición no de Ley presentada ante la Mesa de la Junta General del Principado el pasado día 19 de este mes. El texto fue presentado por el portavoz de IU, Ángel González, aunque su verdadero promotor es el diputado Aurelio Martín, vicepresidente del Parlamento.
[b style="font-weight: bold;"]La iniciativa denuncia "la sublevación militar fascista[/b] contra el régimen legítimamente constituido" y la posterior guerra que acabó con ese sistema democrático.
También denuncia "el régimen dictatorial que[b style="font-weight: bold;"]reprimió a sangre y fuego todo vestigio de disidencia[/b]" y lucha por la libertad, la justicia social y los derechos individuales y colectivos en este país. El texto denuncia, además, el papel jugado por buena parte de las[b style="font-weight: bold;"]oligarquías económica y religiosa[/b], tanto con el golpismo como con el régimen posterior.
En consecuencia, el Parlamento asturiano -si sale adelante la iniciativa- se compromete a "adoptar las medidas necesarias" para garantizar a los represaliados (de cualquier sexo) el ejercicio de "su derecho a la verdad", el derecho a "la Justicia efectiva" y el derecho a "una reparación" digna.
Andalucía y Euskadi
El contenido del texto está en línea con una iniciativa similar al que se debatirá en el parlamento de Andalucía y está inspirado en un debate que se acaba de celebrar en el parlamento vasco. En ese debate de Vitoria, se manifestaron a favor de la condena al franquismo todos  los partidos (incluidos el PP y UPyD), aunque [b style="font-weight: bold;"]la derecha rehusó apoyar la moción[/b] porque ésta apoya expresamente la investigación de la dictadura que está llevando a cabo un tribunal argentino.
El texto presentado en Asturias también apoya y se adhiere a la querella 4591-10 que instruye la magistrada María Servini de Cubría en el juzgado número 1 de Buenos Aires. Esa querella estudia la [b style="font-weight: bold;"]comisión de delitos de genocidio y lesa humanidad [/b]contra "los responsables de la conculcación de los Derechos Humanos durante el franquismo.
La proposición no de Ley asturiana [b style="font-weight: bold;"]anima a la ciudadanía a denunciar el franquismo[/b], bien querellándose en el caso de los represaliados, bien adhiriéndose a esas querellas.
En el parlamento asturiano tienen grupo IU, el PSOE, el PP, UPyD y Foro Asturias. [b style="font-weight: bold;"]La proposición saldrá adelante si la apoyan tres de esos grupos[/b]. Se da por hecho que lo harán PSOE e IU y que no lo hará el PP, pero se desconoce qué harán UPyD y Foro.
Esperemos que la justicia llegue para todos.

Se pone en marcha la busca de 2.000 republicanos represaliados en Granada.

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Es la búsqueda de estas víctimas, que pagaron con su propia vida la defensa de un orden social más justo y "la reparación de su memoria", la que ha motivado el proyecto de la Junta de Andalucía de localización y delimitación de las fosas comunes del barranco de Víznar, paso previo imprescindible para su posterior exhumación aunque esta fase no está contemplada actualmente. Los trabajos, que arrancaron el 18 de junio y tendrán una duración de alrededor de dos meses y medio, se centrarán en un área de unos 10.000 metros cuadrados, donde, por los testimonios escritos y orales que constan, podrían encontrarse un total de doce enterramientos ilegales.

Esperemos que al fín puedan descansar de manera digna.

Impresiona el testimonio de este sr. hijo de un jeraca del régimen.

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"¿Ha de respetarse, por presunción irrefutable de inocencia, a quienes seguimos patrimonialmente beneficiándonos de aquella sangre y de aquel dolor?". Clavero se hace esa pregunta en el libro y anota una reflexión: "Hablo desde las perspectiva de los descendientes de vencedores, de quienes tenemos contraídas responsabilidades aunque no tengamos personalmente responsabilidad. Las hemos heredado con el patrimonio".

Alineado de manera radical con la recuperación de la memoria histórica, Clavero reconoce que entre la mayor parte de su amplia familia numerosa no ha sentado nada bien la publicación de su libro, especialmente a su hermano Javier -"ejemplo de desmemoria y negacionismo"- pese a que en los años 90 este llegara a ser director general en uno de los Gobiernos de Felipe González. Uno de los privilegios inherentes a la cuna franquista era ser alumno de pago del colegio sevillano de Portacoeli: "Los Jesuitas parecían menos fascistas, pero el ambiente franquista era palpable. Allí vi al primer cura que se presentó voluntario a Queipo para confesar a los condenados después de que otra orden religiosa se retirara al constatar en las confesiones que la gente no entendía por qué los iban a fusilar y vi cómo un cura notoriamente pederasta no era expulsado, sino destinado a trabajar con los alumnos gratuitos".

Pese a que en ningún caso la Ley de Memoria Histórica prevé resarcimiento económico para las víctimas, Bartolomé Clavero, como jurista, tiene claro que es un tema abierto y desarrolla su argumento: "Es una perversión entender que el Estado es responsable de todo, aunque tenga una responsabilidad tremenda por ser sucesor del franquista. Si al Estado actual lo hacemos responsable de todo, resulta que las propias víctimas tienen que pagar las reparaciones que ellas mismas merecen, porque si el Estado paga, lo hace a través de los impuestos de la ciudadanía. Al final serían las víctimas las que se estarían pagando la reparación, si algún día se llegase a reparar todo lo que fue el inmenso latrocinio de la dictadura franquista". Y añade sin limitarse a la responsabilidad pública: "Alemania es un ejemplo donde empresas privadas que colaboraron con Hitler tuvieron que indemnizar a las víctimas del nazismo".

La responsabilidad civil del expolio de la dictadura franquista se saldó en la Transición de manera restringida a algunas organizaciones políticas y sindicales históricas. "Se negoció una compensación muy por debajo del valor de los bienes incautados, pero no hubo una devolución por la vía de la justicia. Pero el gran expolio no fue sólo a estas organizaciones, sino también a personas, a familias y a fundaciones privadas".

Impresiona tanto o más que leer el testimonio de una víctima.

Cosas como estas son las que se niegan a investigar y condenar en nuestro parlamento.

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Fue la noche del 5 de enero de 1937. Aurora estaba presa en la antigua cárcel de mujeres de Mallorca tras su detención en la Casa del Pueblo en el verano del 36. Esa noche de reyes un grupo de falangistas la reclamó junto a sus otras cuatro compañeras. Aurora se despidió de sus camaradas de celda y se llevó con ella una bobina de hilo. [b style="font-weight: bold"][b style="font-weight: bold"][b style="font-weight: bold"]"Si sobrevivo os haré llegar estos hilos"[/b][/b][/b], les dijo. La bobina nunca regresó. Aurora fue llevada junto a sus compañeras al convento de Montuïri donde fue brutalmente torturada para después ser fusilada frente a la fachada del cementerio de Porreras.


La represión comenzó el mismo día 19 -explica Suárez- mediante listas confeccionadas "entre los líderes locales de Falange y los núcleos de poder tradicionales de los pueblos" y se puede dividir en tres etapas diferenciadas. La primera abarca desde el primer día hasta septiembre de 1937. "Es una fase de asesinatos 'pedagógicos'. Buscaban a los líderes políticos y sindicales en su casa, [b style="font-weight: bold"][b style="font-weight: bold"][b style="font-weight: bold"]los mataban y los dejaban en cualquier cuneta a la vista de todos para que cundiera el ejemplo[/b][/b][/b]", asegura Suárez.

La segunda etapa transcurrió septiembre de 1936 y abril de 1937. "Esta etapa coincide con el nombramiento de Mateo Torres, amigo personal de [b style="font-weight: bold"][b style="font-weight: bold"][b style="font-weight: bold"]Franco, y Francisco Parrado[/b][/b][/b] como director de la Policía. Es una época de terror desatado. Iban a las cárceles a buscar a los presos, los fusilaban en tandas y los enterraban a todos en fosas comunes. La cosa se descontroló tanto que Torres tuvo que ser cesado por petición de militares", asegura el historiador. Finalmente, la tercera etapa abarca de 1937 a 1942. Suárez la define como el periodo de la "pseudolegalidad". Se producen fusilamientos pero antes había una especie de juicio y sentencia condenatoria.
En total, solo en la isla de Mallorca la represión acabó con la vida de alrededor de 2.300 republicanos. "Creemos que pueden ser incluso más, pero ese el dato que hemos podido verificar", asegura el historiador. Entre esos 2.300 asesinatos estuvo Aurora Picornell. Al día siguiente de su ejecución, [b style="font-weight: bold"][b style="font-weight: bold"][b style="font-weight: bold"]un líder local de Falange paseó el sujetador de Aurora por su barrio[/b][/b][/b]. El símbolo de mujer libre y liberada había caído. España ya estaba un poco más cerca de la Edad Media.


Las víctimas, todas, sean quienes sean merecen justicia, al menos esa es la teoría.

Aquí un artículo sobre lo que hizo el sr. Queipo en mi tierra.

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Parece como si el tiempo quisiera detenerse. Como si años de investigación y documentación de los crímenes del franquismo no sirvieran para nada. Mientras más se profundiza en el conocimiento de una masacre como aquella, más se revuelven los herederos de la dictadura para intentar preservar el buen nombre y el honor de los que “salvaron” a una parte de España.
Los nuevos tiempos nos llenan de dudas ¿podremos decir que las bandas armadas sublevadas que entraron en Tocina el 31 de julio de 1936 y asesinaron a unos cuarenta vecinos en el paso a nivel eran salvajes criminales de guerra? ¿cómo habríamos de calificar lo que las hordas mercenarias de Castejón hicieron en su entrada en Morón de la Frontera el 25 de julio de 1936? Sabiendo, como sabemos, que el cabo Moyano de la Guardia Civil se reunía por las noches con Don Luis Conde Herce y su hijo el jefe de Falange Don Luis Conde Soto para ir decidiendo uno tras otro el asesinato de más de cien vecinos de Fuentes de Andalucía (y entre ellos 27 mujeres) ¿podremos llamarlos asesinos? Alguien nos tendrá que ayudar a buscar un calificativo que nos diga como llamar a los que decidieron matar al alcalde de Dos Hermanas y al de Utrera, al de Marchena, al de Écija, al de Sanlúcar la Mayor, al de El Saucejo, al de Guadalcanal, Cantillana, Benacazón, Salteras, Huévar, Arahal, Villaverde del Río, La Puebla de los Infantes, Los Palacios, las Cabezas de San Juan, Lebrija, Olivares, Guillena, Los Corrales y un largo etc. Estos hombres fueron asesinados exclusivamente por ser alcaldes republicanos. En el diccionario esos asesinatos reciben el calificativo de genocidio ¿podemos llamar genocidas a sus asesinos o esos calificativos los reservaremos para los nazis?
En la cúspide de todos los responsables de esos crímenes se encontraba el ex general Queipo de Llano ¿cómo debemos llamarlo? ¿asesino? ¿rata salida de la cloaca de los cuarteles o glorioso salvador de España? Cuando este individuo se encuentra con Zamacola en Estepona y le dice que fusile a unos carabineros que habían hecho presos, lo que se hizo inmediatamente ¿nos pondrá una querella algún familiar o alguna asociación patriótica si decimos que era un vulgar canalla y un criminal de guerra? ¿nos obligará un juez a demostrar la acusación y tendremos que llevarle un expediente de Laureada para que lo lea? Y su brazo derecho, el auditor Francisco Bohórquez Vecina, tantos años hermano mayor de la Macarena ¿cómo lo debemos llamar, Excelentísimo señor? o nos contentaremos con saber que en un tribunal como los de Núremberg podría haber sido condenado a la horca sencillamente con unos cuantos cientos de sus decretos de aprobación de penas de muerte en ilegítimos consejos de guerra.
Parece como si la alternativa a los hechos que están sucediendo y que producen rubor, fuera el comenzar a poner querellas para salvar el honor de las víctimas del franquismo. ¿Por donde empezaríamos? ¿denunciaríamos al Ministerio de Cultura que permite la publicación en la red de la Causa General donde se acusan de asesinos, incendiarios y saqueadores a millares de personas que no lo fueron? ¿dónde están las pruebas de esa acusación? ¿dónde está la preservación del honor? ¿permitirían que publicásemos listas interminables de asesinos franquistas de millares de pueblos?
¿Podremos intentar salvar el honor de las fuerzas armadas cuando algunos llaman Ejército Nacional a lo que eran bandas? ¿prosperará nuestra querella si exigimos que nos prueben por qué llamaban así a lo que no era ni ejército ni nacional? Porque nosotros sí tenemos pruebas de lo contrario. El 18 de julio, el presidente de la República Manuel Azaña licenció a todas las tropas que se colocaran bajo los mandos golpistas. Desde ese mismo día, con el mayor rigor histórico, los militares sublevados pasaron a ser bandas armadas ¿amparará algún juez nuestro deseo de justicia y que no se calumnie la historia de las fuerzas armadas? Franco y Queipo, como otros, eran bandidos, porque bandidos son los que están reclamados por bando, como dice el diccionario, y ellos estaban procesados por rebelión militar y en rebeldía por el Tribunal Supremo de nuestro país. ¿Aceptará algún juez una querella contra una Fundación que se dedica a preservar la memoria de un bandido?
La historia es una disciplina científica, pero también un botín de vencedores. El que durante años los rebeldes y traidores la escribieran a placer sin que ningún juez, ninguno, amparara a las víctimas de sus crímenes, no da carta de naturaleza a que una legión de herederos quiera reinventarla de nuevo para gloria de su memoria. Ya está bien.




Sobre este tema también deberíamos de aprender de Alemania ya que tanto se pone de ejemplo ultimamente.

Y el sr. suegro del ministro de justicia ( uno de lo querellados en el proceso de Argentina ) se quita la careta....

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José Utrera Molina ministro durante la dictadura de Francisco Franco, está dando que hablar en las redes sociales ante el contenido del artículo que firmó ayer en ABC cargando contra la Ley de Memoria Histórica. Precisamente, Utrera quien es suegro del actual ministro de Justicia Ruiz Gallardón, es una de las personas que en la querella argentina por los crímenes del franquismo los denunciantes solicitan llame a declarar la jueza María Servini de Cubría por haber formado parte del Consejo de Ministros que dio vía libre a la ejecución de Puig Antich.
Recomienda el “olvido de miserias”
En el artículo titulado Memoria maltratada el argumento de fondo es que “Mientras esa ley tan injusta como innecesaria siga en vigor, los españoles están condenados a ver, una y otra vez, la cara de un bando y la del otro cuando todo tendría que ser ya tumba, recuerdo de grandezas y olvido de miserias.”
Ley de la memoria, prostitución histórica
En el escrito, José Utrera Molina, expone: “En un intento infame de prostitución histórica sin precedentes, navegan aún por los espacios legales, sin que el actual gobierno del Partido Popular haya hecho lo más mínimo para eliminarlos, los pliegos verdaderamente sectarios, injustos y peligrosamente iconoclastas de la llamada ley de la memoria histórica. Advierto que los españoles no podremos vivir una plena reconciliación mientras esta ley esté en vigor, ya que criminaliza a los que un día fueron vencedores y menosprecia a los vencidos con el hedor sectario y manipulador que impregna todo su texto”.
Cadaveres mancillados y falta de generosidad
El exministro franquista tenía nueve años cuando se inició la contienda y relata que esa edad “vi pasar delante de mi casa aquellas interminables caravanas para escupir, mancillar y hacer cosas peores a los cadáveres que se amontonaban sin cesar”. Añade a continuación: “Y también soy consciente de los muchos fusilamientos que después se produjeron en la Málaga liberada, en los que sobró injusticia y faltó generosidad”.
Su familia, dividida
Recuerda también que en su propia familia hubo situaciones encontradas: “Por una parte, quien era Coronel inspector de la Legión española en Ceuta, fue destituido de su cargo por su condición republicana. Mientras, en Cartagena, un hermano suyo y de mi madre, Comandante de la Guardia Civil, era fusilado y posteriormente macheteado sin piedad por un grupo de milicianos”.
Monumentos y estatuas derribados
Afirma Utrera Molina que “la memoria me ha ayudado a sepultar aquellas desagradables escenas para abrir una etapa de paz en mi conciencia, olvidar lo innecesario y alejarme metafísicamente de aquellos que quieren empeñar su vida en derribar monumentos, estatuas y lapidas de los que dieron su vida por España”.
“Que el Gobierno derogue la Ley”
“Pido al Gobierno que derogue de una vez y para siempre la Ley de la memoria histórica; una norma legal que resucita y alienta los viejos odios olvidados y nos ponen otra vez al borde de las trincheras, cuando la memoria de unos languidece y la de otros se alimenta de fantasías inaceptables llenas de rencor y de odio. Dejemos a los muertos que reposen en paz. Dejad de mancillar sus esqueletos”.
Borrar las horas malditas
Concluye el artículo: “Dejad que las horas malditas de una España dramáticamente escindida se borren rápidamente. Que se destaquen por igual los hechos heroicos de las dos Españas, que vuelvan a su cabalgadura las viejas estatuas, al tiempo que se respeten las levantadas recientemente, en recuerdo y homenaje a aquellos que, con razón o sin ella, ofrecieron lo mejor de sus vidas por la España en la que creían.
La condena de Puig Antich
El nombre de José Utrera Molina figura en el escrito de imputación que ha admitido la jueza argentina María Servini de Cubría quien investiga los crímenes del franquismo. De ideología falangista y detentando diversos cargos desde muy joven en el régimen de Franco, su relación con este proceso judicial tiene que ver porque en enero de 1974 fue nombrado Ministro Secretario General del Movimiento en el primer Gobierno de Carlos Arias Navarro y en la querella se resalta su firma en el decreto o “enterado” para la ejecución de la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich. Puig Antich fue condenado a muerte por un tribunal militar tras ser acusado por el asesinato en Barcelona del subinspector de la Brigada Político Social, Francisco Anguas Barragán. El consejo de ministros dio vía libre a su ejecución.
Asombro en las redes sociales
Junto a él se citan también a los ex ministros franquistas Martín Villa y Fernando Suarez González entre otros presuntos responsable. Según los querellantes explicaron a ELPLURAL.COM, La jueza podría presentar un exhorto ante el Fiscal General del Estado para que estas personas comparezcan ante ella. Si no lo hacen, el siguiente paso sería la emisión de una orden de busca y captura a través de Interpol. El procedimiento sería similar al que siguió el juez Garzón con Pinochet. Hoy en [url=https://twitter.com/search?q=estatuas ecuestres&src=typd]las redes sociales se evidenciaba el asombro ante las palabras del suegro de Ruíz Gallardón[/url].


Mejor me voy a callar.

Ya no solo no se colabora desde el gobierno con la usticia, tampoco se colabora con los historiadores.

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España tampoco es lugar para historiadores. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación mantiene clasificada como "secreta" y "reservada" desde 2010 la práctica totalidad de su documentación incluyendo los fondos históricos de su archivo compuestos por papeles diplomáticos del siglo XV al XX, mientras que el Ministerio de Defensa canceló en mayo de 2012 1a publicación de 10.000 documentos que estaban listos para su desclasificación.
La conclusión es contundente: "En España es imposible, a día de hoy, llevar a cabo una investigación histórica completa que tenga en cuenta algún aspecto internacional", señala a Público David Jorge, investigador y profesor de la Universidad de Wesleyan (Connecticut)
 
En términos prácticos, el Estado español impide a los profesionales de la investigación histórica realizar investigaciones de temáticas tan diversas como la represión franquista, las negociaciones para la liberación de los españoles secuestrados en Malí y Somalia, las relaciones entre la dictadura de Primo de Rivera y la Sociedad de Naciones o la política del Protectorado español en Marruecos. "[b style="font-weight: bold"]Es una cuestión de salud democrática . Me pregunto a qué tiene miedo el Estado para impedir la investigación[/b]", incide David Jorge.
La situación se hace más dramática cuando se compara a España con los países de su alrededor. Ningún otro país ha bloqueado el acceso a documentación histórica que data de los siglos XVI al XX. Una decisión que ha motivado graves problemas en numerosas investigaciones históricas (muchas de ellas financiadas, paradójicamente, con dinero público), pero que también atenta, asegura David Jorge, contra "los principios de transparencia" que se le presuponen a un Estado democrático de derecho.


A dejar pasar el tiempo y reescribir la historia.

Andalucia también se suma a la denuncia en Argentina.

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El Parlamento andaluz mostrará su [b style="font-weight: bold"]"apoyo y adhesión"[/b] a la querella argentina que investiga el genocidio franquista al inicio del próximo periodo de sesiones después del verano. Cualificados representantes del PSOE-A y de IU confirmarán dicha iniciativa este fin de semana en el acto de presentación en Sevilla de la Red Aqua, plataforma que agrupa a diferentes colectivos y personas querellantes en la causa que se sigue desde 2010 en el Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional nº1 de Buenos Aires, presidido por la magistrada María Servini.
Desde su constitución hace un año, la Red Aqua ha logrado persuadir a instituciones de siete comunidades autónomas de que apoyen la querella argentina. El balance de mociones aprobadas es el siguiente: el Parlamento vasco, 59 ayuntamientos entre ellos los de las capitales de provincias vascas y navarra. Aunque [b style="font-weight: bold"]Euskadi concentra la mayor parte de los apoyos[/b], con 40 municipios más en trámite de hacerlo, el proceso de adhesión institucional es una realidad en otras comunidades como Cataluña, Navarra, Asturias, Extremadura, Castilla-León y Madrid, donde la corporación municipal de Fuenlabrada (200.000 habitantes) ha aprobado recientemente una moción.
Sin embargo, Andalucía, que había permanecido hasta ahora al margen de este proceso, parece que va a sumar un importante aporte a este proceso tras la reunión convocada para este próximo sábado en Sevilla, a la que acudirán familiares de víctimas, y representantes de asociaciones de memoria histórica, colectivos de defensa de los derechos humanos, sindicatos y partidos políticos. Desde Madrid se desplazarán por la [b style="font-weight: bold"]Red Aqua[/b] los coordinadores José María Galante y Soledad Luque, así como los abogados argentinos Carlos Slepoy y Ana Massuti. Se pretende constituir un grupo de trabajo que coordine a nivel andaluz las demandas de familiares y asociaciones que estén interesados en sumarse a la querella, así como las mociones institucionales de apoyo a la causa.




Bueno a ver si poco a poco se consigue algo.

Y la justicia Argentina nos vuelve a mostrar el camino.

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En un día histórico para las víctimas del franquismo, la magistrada María Servini de Cubría ha dictado una resolución por la que dicta orden internacional de detención preventiva, con fines de extradición, para cuatro ex funcionarios de seguridad acusados de torturas: el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el ex comisario José Ignacio Giralte González; y ex inspector José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño.
Es decir, que en la causa abierta en Argentina para juzgar los crímenes del franquismo, han pasado a ser imputados estos cuatro ex funcionarios, que deben ser extraditados "a efectos de recibir declaración indagatoria". "Se procede que esta magistratura curse específicamente a las autoridades españolas esta orden de detención", dice textual la resolución de la magistrada. El texto especifica que se debe comunicar "el arresto preventivo de los nombrados con fines de extradición a efectos de recibir declaración indagatoria a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)".
La resolución, entonces, será enviada tanto a INTERPOL como a las autoridades españolas para proceder a la detención de los primeros cuatro procesados de la causa, abierta en abril de 2010, tal y como acaba de confirmar a Público uno de los abogados que ha recibido en mano la resolución de la jueza, el argentino Carlos Slepoy.
Los abogados solicitaron por escrito a la jueza, en marzo de este año, que emitiera órdenes de captura internacional contra nueve responsables del régimen franquista: tres ex ministros, José Utrera Molina (suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón), Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez; y dos ex jueces, además de los cuatro exfuncionarios de seguridad que ahora han pasado a estar procesados en la causa. La magistrada ha decidido proceder, por ahora, contra estos últimos.
La ley procesal argentina prevé que, si existen indicios de criminalidad en una persona, se la llame para que preste declaración indagatoria, cuyo efecto es la orden internacional de detención si el acusado se encuentra fuera del país. Ésta es la victoria más importante que consiguen las víctimas del franquismo en el marco de una causa que comenzó hace más de tres años. El proceso ha sufrido varios escollos que ahora comienzan a disiparse.


Nunca es tarde ni se está demasiado lejos.

Se encontrarán con más escollos, ya te lo digo yo, pero al menos se denuncia públicamente y se piden responsabilidades a nivel internacional. Aunque, para ser sinceros, hay alguno que otro que son criminales de guerra que no se les meterá mano por ser quienes son y de donde son.

(No digo nada más pues corro el riesgo de que Nerón no vuelva a dirigirme la palabra jamás, que pa mi que ya tiene una cruz con mi nombre preparada).

Mientras tanto en España permitimos que esta panda siga a lo suyo.

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Siguiendo la tónica de sus últimas apariciones, y con la polémica, aparte del aguilucho, siempre por bandera, la Fundación Nacional Francisco Franco ha reclamado al Ejército que intervenga "ante la deriva de España". Quizás sólo esperan un comunicado de los militares. Quizás no, y rememorando otros tiempos, ansían calles llenas de tanques.
A través de su cuenta oficial en Twitter, la entidad, presidida por la hija del dictador, ha lanzado el siguiente mensaje: "El Ejército no puede continuar callado ante la deriva de España, en manos de mafiosos y traidores".
No es que la red social haya hervido ante la proclama, pero sí que ha atraído una pequeña ola de respuestas. Ha habido quienes, compartiendo el mismo sentimiento nostálgico, no han dudado en apoyar un posible Golpe de Estado. Otros les han recordado que la apología de la violencia es delito en España.
La Fundación, lejos de avergonzarse (no es de extrañar, dado su objetivo de glorificar la figura del dictador), parece disfrutar de ser el foco de las miradas. Prueba de ello es que no ha dudado en retuitear cualquier mención a su mensaje alcista, incluso a los que les increpaban.
La entidad, que defiende ser privada y sin ánimo de lucro, estuvo recibiendo fondos públicos hasta la aprobación en 2007 de la Ley de Memoria Histórica por el entonces Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. En 2002, el PP se negó en rotundo a retirar las subvenciones.



Para mirárselo.

Yo vuelvo a opinar lo mismo, lo bueno de esto es que los escollos son parte del camino de cualquier causa de esta índole, no el final del camino.

Ayer se cumplieron 7 años de la desaparición con vida de Julio López, un hombre que fue detenido y torturado en épocas de la dictadura y que participó como testigo en los juicios. El día de la sentencia, Julio López se preparaba para presenciar la misma en los tribunales (la sentencia que daría perpetua al represor Etchecolatz), y nunca llegó a la audiencia. Es el primer desaparecido de la democracia. Siendo ese el primer juicio de una seguidilla larga, claramente se trató de un gesto mafioso con el fin de intimidar a todos los testigos. Por suerte no fue así... no existen escollos en estas causas capaces de detener el curso legal (se dilata pero no se detiene).

CortoCortito escribió:

Mientras tanto en España permitimos que esta panda siga a lo suyo.

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Siguiendo la tónica de sus últimas apariciones, y con la polémica, aparte del aguilucho, siempre por bandera, la Fundación Nacional Francisco Franco ha reclamado al Ejército que intervenga "ante la deriva de España". Quizás sólo esperan un comunicado de los militares. Quizás no, y rememorando otros tiempos, ansían calles llenas de tanques.
A través de su cuenta oficial en Twitter, la entidad, presidida por la hija del dictador, ha lanzado el siguiente mensaje: "El Ejército no puede continuar callado ante la deriva de España, en manos de mafiosos y traidores".
No es que la red social haya hervido ante la proclama, pero sí que ha atraído una pequeña ola de respuestas. Ha habido quienes, compartiendo el mismo sentimiento nostálgico, no han dudado en apoyar un posible Golpe de Estado. Otros les han recordado que la apología de la violencia es delito en España.
La Fundación, lejos de avergonzarse (no es de extrañar, dado su objetivo de glorificar la figura del dictador), parece disfrutar de ser el foco de las miradas. Prueba de ello es que no ha dudado en retuitear cualquier mención a su mensaje alcista, incluso a los que les increpaban.
La entidad, que defiende ser privada y sin ánimo de lucro, estuvo recibiendo fondos públicos hasta la aprobación en 2007 de la Ley de Memoria Histórica por el entonces Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. En 2002, el PP se negó en rotundo a retirar las subvenciones.



Para mirárselo.

  

Pur escribió:

... no existen escollos en estas causas capaces de detener el curso legal (se dilata pero no se detiene).

Disiento y lo siento (que chulo queda así dicho ).

Los escollos los hay, y si no los hay de manera natural pues ya se encargan de hacer lo mismo que en Gibraltar; se "fabrican". Otra cosa es que se puedan y se deban sortear òr una banda, sea la de babor o la de estribor, para que no pase lo que con el "Costa Concordia".

Cuando digo "estas causas", me refiero a cualquier causa (legal) que se haya iniciado contra delitos de lesa humanidad y genocidio. Se pueden detener, pero los que impulsan y siguen estas causas no se quedan en el molde (puesto que inclusive en el terreno legal hay muchas opciones de insistir). Lo único que puede dar por finalizado el asunto es una sentencia (que por el tenor de las causas difícilmente sean sentencias que deriven en favor de los acusados... inclusive si así fuera se puede recusar). Y es eso básicamente lo que las vuelve tan llenas de escollos... se pide justicia por un lado, y se intenta evitar ese proceso, por el otro.

Pur escribió:

Cuando digo "estas causas", me refiero a cualquier causa (legal) que se haya iniciado contra delitos de lesa humanidad y genocidio. Se pueden detener, pero los que impulsan y siguen estas causas no se quedan en el molde (puesto que inclusive en el terreno legal hay muchas opciones de insistir). Lo único que puede dar por finalizado el asunto es una sentencia (que por el tenor de las causas difícilmente sean sentencias que deriven en favor de los acusados... inclusive si así fuera se puede recusar).

Mira Pur ( o lee ) lo que te digo:

En este pajolero país se están abriendo causas (iniciando como tu dices) a diestro y siniestro que, si bien no son de esa índole criminal de lesa humanidad, todos (o al menos quienes no cerramos los ojos) sabemos que a la justicia (incluso ella misma) le están poniendo o pone palos en las ruedas de la carreta para que no llegue a destino (mismamente termine siendo desestimada por prescripción o por "defecto de forma", como está ocurriendo a mansalva con tanto mangante).

¿Escollos?. No hay más que ver los que puso de buena gana Gran Bretaña con el caso Pinochet. El tipo murió en la cama y, seguro estoy, que con un vaso de whisky en la mano brindando por "todos sus muertos" (y no me refiero a los parentales).