Las víctimas del franquismo declaran ante la Justicia por primera vez

Pur escribió:

(Comentario aparte porque es referido a mi país, pero que hace a lo dicho en el comentario anterior sobre el asunto en España... algo que me está preocupando sobremanera, tiene que ver con el nombramiento de Milani como Jefe del Ejército Argentino... qué mierda pasa, no sé, aún no lo alcanzo a dilucidar, pero es una de las cosas que estoy siguiendo de cerca... tampoco sé por qué los Organismos de Derechos Humanos más grandes no se pronuncian, y sí lo hace otro sector... por supuesto pienso ignorar categóricamente cualquier discurso fachista que aproveche esta situación para reivindicar su postura de que los organismos de derechos humanos son una lacra... yo voy por la vía de preguntarme en serio qué está pasando que nombraron a este tipo. Te dejo una nota Corto por si te interesa, bah, por supuesto la dejo para todos, pero en especial para Corto que sigue estos asuntos de cerca y cuyo tratamiento lo considero serio: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] ).

La verdad se me hace difícil de digerir esta noticia, realmente conozco poco de Argentina como para aventurarme a opinar alegremente. Lo que si me atrevo a plantear es la cuestión de por qué los países que han salido de dictaduras militares siguen teniendo en el seno de su ejército y en puestos de relevancias a militares con una fuerte vinculación con el anterior régimen. Todo me suena a una especie de recordatorio de que siguen ahí y están vigilantes, no se me suena todo muy mal y siniestro. Es como si no fuera posible erradicar el germen de un régimen nocivo y genocida y que en cierto modo sigue teniendo una enorme influencia en la vida política del país.

CortoCortito escribió:

Pur escribió:

(Comentario aparte porque es referido a mi país, pero que hace a lo dicho en el comentario anterior sobre el asunto en España... algo que me está preocupando sobremanera, tiene que ver con el nombramiento de Milani como Jefe del Ejército Argentino... qué mierda pasa, no sé, aún no lo alcanzo a dilucidar, pero es una de las cosas que estoy siguiendo de cerca... tampoco sé por qué los Organismos de Derechos Humanos más grandes no se pronuncian, y sí lo hace otro sector... por supuesto pienso ignorar categóricamente cualquier discurso fachista que aproveche esta situación para reivindicar su postura de que los organismos de derechos humanos son una lacra... yo voy por la vía de preguntarme en serio qué está pasando que nombraron a este tipo. Te dejo una nota Corto por si te interesa, bah, por supuesto la dejo para todos, pero en especial para Corto que sigue estos asuntos de cerca y cuyo tratamiento lo considero serio: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] ).

La verdad se me hace difícil de digerir esta noticia,  realmente conozco poco de Argentina como para aventurarme a opinar alegremente. Lo que si me atrevo a plantear es la cuestión de por qué los países  que han salido de dictaduras militares siguen teniendo en el seno de su ejército y en puestos de relevancias a militares con una fuerte vinculación con el anterior régimen. Todo me suena a una especie de recordatorio de que siguen ahí y están vigilantes, no se me suena todo muy mal y siniestro. Es como si no fuera posible erradicar el germen de un régimen nocivo y genocida y que en cierto modo sigue teniendo una enorme influencia en la vida política del país.  

Si, inclusive en las dictaduras latinoamericanas todavía están vivos y en funciones (este Milani es joven, tendrá 60 o menos de 60 años). Lo que me desorienta de este nombramiento es que por supuesto ya habían echado a todos los que ocupaban cargos de mando superior (digo por supuesto por todo el camino que se emprendió de los juicios).

Pur escribió:

CortoCortito escribió:

Pur escribió:

(Comentario aparte porque es referido a mi país, pero que hace a lo dicho en el comentario anterior sobre el asunto en España... algo que me está preocupando sobremanera, tiene que ver con el nombramiento de Milani como Jefe del Ejército Argentino... qué mierda pasa, no sé, aún no lo alcanzo a dilucidar, pero es una de las cosas que estoy siguiendo de cerca... tampoco sé por qué los Organismos de Derechos Humanos más grandes no se pronuncian, y sí lo hace otro sector... por supuesto pienso ignorar categóricamente cualquier discurso fachista que aproveche esta situación para reivindicar su postura de que los organismos de derechos humanos son una lacra... yo voy por la vía de preguntarme en serio qué está pasando que nombraron a este tipo. Te dejo una nota Corto por si te interesa, bah, por supuesto la dejo para todos, pero en especial para Corto que sigue estos asuntos de cerca y cuyo tratamiento lo considero serio: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] ).

La verdad se me hace difícil de digerir esta noticia,  realmente conozco poco de Argentina como para aventurarme a opinar alegremente. Lo que si me atrevo a plantear es la cuestión de por qué los países  que han salido de dictaduras militares siguen teniendo en el seno de su ejército y en puestos de relevancias a militares con una fuerte vinculación con el anterior régimen. Todo me suena a una especie de recordatorio de que siguen ahí y están vigilantes, no se me suena todo muy mal y siniestro. Es como si no fuera posible erradicar el germen de un régimen nocivo y genocida y que en cierto modo sigue teniendo una enorme influencia en la vida política del país.  

Si, inclusive en las dictaduras latinoamericanas todavía están vivos y en funciones (este Milani es joven, tendrá 60 o menos de 60 años). Lo que me desorienta de este nombramiento es que por supuesto ya habían echado a todos los que ocupaban cargos de mando superior (digo por supuesto por todo el camino que se emprendió de los juicios).

A eso no puedo responderte, algo debe de haber que mantiene a un tipo como este tan bien situado.

CortoCortito escribió:

Pur escribió:

CortoCortito escribió:

Pur escribió:

(Comentario aparte porque es referido a mi país, pero que hace a lo dicho en el comentario anterior sobre el asunto en España... algo que me está preocupando sobremanera, tiene que ver con el nombramiento de Milani como Jefe del Ejército Argentino... qué mierda pasa, no sé, aún no lo alcanzo a dilucidar, pero es una de las cosas que estoy siguiendo de cerca... tampoco sé por qué los Organismos de Derechos Humanos más grandes no se pronuncian, y sí lo hace otro sector... por supuesto pienso ignorar categóricamente cualquier discurso fachista que aproveche esta situación para reivindicar su postura de que los organismos de derechos humanos son una lacra... yo voy por la vía de preguntarme en serio qué está pasando que nombraron a este tipo. Te dejo una nota Corto por si te interesa, bah, por supuesto la dejo para todos, pero en especial para Corto que sigue estos asuntos de cerca y cuyo tratamiento lo considero serio: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] ).

La verdad se me hace difícil de digerir esta noticia,  realmente conozco poco de Argentina como para aventurarme a opinar alegremente. Lo que si me atrevo a plantear es la cuestión de por qué los países  que han salido de dictaduras militares siguen teniendo en el seno de su ejército y en puestos de relevancias a militares con una fuerte vinculación con el anterior régimen. Todo me suena a una especie de recordatorio de que siguen ahí y están vigilantes, no se me suena todo muy mal y siniestro. Es como si no fuera posible erradicar el germen de un régimen nocivo y genocida y que en cierto modo sigue teniendo una enorme influencia en la vida política del país.  

Si, inclusive en las dictaduras latinoamericanas todavía están vivos y en funciones (este Milani es joven, tendrá 60 o menos de 60 años). Lo que me desorienta de este nombramiento es que por supuesto ya habían echado a todos los que ocupaban cargos de mando superior (digo por supuesto por todo el camino que se emprendió de los juicios).

A eso no puedo responderte, algo debe de haber que mantiene a un tipo como este tan bien situado.

(si, lo sigo de cerca al asunto, así que voy a ir actualizando con información, aunque no haga al tema del hilo de manera directa)

De nuevo vuelve la ONU a ver como nuestros gobernantes se tocan los cojones en este tema.

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El relator especial de la ONU, Pablo Greiff, ya se encuentra en España para evaluar las medidas que las autoridades han adoptado en favor de la memoria histórica, la rendición de cuentas, el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo.
Esta tarde ha tenido lugar su primera reunión en el Hotel AC Cuzco de Madrid con representantes de familiares de represaliados y miembros de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), que lleva desde hace años buscando que se abra la causa en el país latinoamericano dado que, en España, sus intentos han chocado contra un muro de silencio.
El objetivo de esta primera reunión ha sido poner al Relator al día sobre el desarrollo de la querella, sus vicisitudes y sus progresos. “Queremos mostrar al Relator nuestra querella como una consecuencia de la ausencia de Justicia en España y la necesidad de todos los estados de perseguir a este tipo de crimines”, ha manifestado Carlos Slepoy, abogado de CEAQUA.
“España esta incumpliendo flagrantemente no solo la legislación internacional sino  la propia legislación y constitución española. La ley de amnistía no puede ser ningún obstáculo, a la luz del Derecho Internacional, para investigar los crímenes del franquismo.”
Además, los querellantes han querido presentar al enviado de Naciones Unidas un callejero de Madrid con 300 calles que a día de hoy siguen llevando nombres franquistas como un señal evidente de que ninguno de los Gobiernos ha hecho sus deberes en materia de reparación y garantías de no repetición, que es justo lo que viene a comprobar el Relator. Slepoy ha incidido en que “Si no se persigue estos genocidios y además se les exalta, la posibilidad de que se repitan es mayor”.
Como letrado, Slepoy también ha querido incidir en el hecho de que el fiscal del Tribunal Superior de Justicia, Manuel Miranda,  haya decidido recurrir la decisión del Constitucional de admitir por fin el recurso de amparo de victimas y de familiares de represaliados.
Familias como la Chon Vargas Mendieta, cuyas esperanzas están puestas hoy en que la presencia de Naciones Unidas ayude a remover conciencias entre la judicatura y el Gobierno. “La ONU tiene que venir para hacer justicia”. En su opinión, “su presencia aquí es muy importante porque el juez, el fiscal y el tribunal siempre van a decir  lo que diga la ONU”.
Para Vargas Mendieta, y los demás miembros de CEAQUA, lo que no se explica es que tenga que ser Argentina quien haya dado el primer paso para juzgar los crímenes del franquismo cuando debería ser el propio Gobierno y en todo caso, la Unión Europea. “¿Qué beneficio tiene ser parte de la Unión Europa? ¿Sólo para apretarnos el cinturón? No se entiende Bruselas siga sangrando a los ciudadanos de este país y exprimiendo nuestros derechos fundamentales y que también  mire hacia otro lado cuando estos sinvergüenzas siguen incumpliendo los Derechos Humanos.


Al parecer estas víctimas no merecen el respeto que merecen otras.

Argentina se personará en lacausa contra la represión franquista. 


El Estado argentino se personará en la causa contra los torturadores del franquismo. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha comunicado a los abogados de la querella abierta en los tribunales que el Estado, a través del Gobierno de Cristina Fernández, será parte del proceso judicial de extradición del ex guardia civil Jesús Muñecas y del ex inspector de policía Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, según ha comunicado el abogado Carlos Slepoy a la plataforma argentina de la querella que juzga los crímenes del franquismo.
De acuerdo a lo comunicado por la Cancillería (como se conoce a Exteriores), la Embajada argentina en España será notificada para que presente un escrito ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional que anuncie su participación en las vistas judiciales de las extradiciones, fijadas para el 3 de abril en el caso de Muñecas, y para una semana más tarde en lo que concierne a Billy el Niño. El abogado que designará la embajada para estar presente en el proceso  es un letrado con el que suele trabajar el ente diplomático.
"Argentina ha valorado que su participación tiene una gran trascendencia, por cuanto hasta ahora, las únicas voces que iban a estar presentes en las vistas públicas eran las de los defensores de los imputados y la de la Fiscalía, que en ambos casos se van a negar a la extradición y a su juzgamiento en España", explicó a Público Carlos Slepoy. "La presencia del Estado argentino garantiza que va a haber una voz, que confiamos, será la de la Justicia argentina, y por tanto, la voz de los querellantes, que abogará por que se produzca la extradición efectivamente, o en su defecto, que se juzgue en España pero que se juzgue efectivamente".
Dos contra uno
En España, la ley prevé que los que pueden estar presentes en una vista de extradición son la defensa de los imputados, el fiscal, y el Estado del país requirente, que debe nombrar un representante.  Slepoy, uno de los principales impulsores de la querella, trabaja en la causa desde España, pero en este viaje a Buenos Aires se presentó ante la Cancillería con los abogados argentinos de la causa para insistir en la trascendencia que tendría la participación del Estado argentino en el proceso judicial.

De nuevo Andalucía da un paso, se va a solicitar la anulación de los jucios sumarísimos de Franco, aunque en algo no estoy de acuerdo¡, no van a entrar en resarcimientos patrimoniales, mucha gente fue expoliada y muchas fortunas franquistas tiene  sus orígenes en estos juicios y expropiaciones.

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La Junta de Andalucía pedirá al Gobierno que anule las sentencias franquistas y los juicios sumarísimos para devolver a las víctimas la dignidad, según ha anunciado hoy en Granada Diego Valderas, vicepresidente del Ejecutivo regional. Valderas ha hecho estas declaraciones antes de participar en Granada en una jornada de debate sobre el anteproyecto de ley andaluza de Memoria Democrática, con asociaciones y foros memorialistas, para "mejorar" el texto actual antes de su debate en el Parlamento andaluz.
El vicepresidente de la Junta ha subrayado la importancia de esta ley para "reforzar la democracia" en Andalucía y ha incidido en su papel para recuperar la verdad y la dignidad desde el concepto de justicia social de los que lucharon por la libertad. Ha adelantado que la Junta impulsará la anulación de las sentencias franquistas y exigirá al Gobierno que elimine todos los pronunciamientos similares de la dictadura y "que empiece por Blas Infante, padre de la patria andaluza".
Valderas ha reconocido que estas anulaciones no tendrán carácter retroactivo ni afectarán a cuestiones patrimoniales, pero ha incidido en que devolverán la dignidad en casos como el de Blas Infante, condenado después de ser asesinado. "Pediremos al Estado que se lo tome en serio y con la solvencia que corresponde", ha detallado Valderas, que ha explicado que el proyecto de ley recoge este impulso a las anulaciones pero que se pedirá antes de su aprobación "para ir por delante de los tiempos legislativos".
El director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo, ha cuantificado en "miles" las sentencias que podrían anularse y ha puntualizado que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo apoya esta eliminación de los juicios sumarísimos que se celebraron desde el inicio de la Guerra Civil y hasta la Transición. "Queremos que la ley sea patrimonio de todos los andaluces y la mejor forma de hacerlo es logrando que los ciudadanos participen. Es una ley de vanguardia que hoy se pone en la parte más avanzada en la recuperación de la memoria democrática del estado, pero ese es el gran compromiso de la Junta y de IU", ha explicado Valderas.
Valderas ha incidido en que la futura ley demuestra que "cumplimos con los compromisos políticos en materia de legislación" y se ha mostrado "orgulloso" de que la consejería que dirige haya impulsado los primeros proyectos del "grueso" del paquete legislativo. La futura ley impulsará además la señalización de los lugares con simbolismo e instará a la eliminación de nombres o símbolos que hagan alusión al franquismo.



Ahora el sr. Gallardón, ese ministro de justicia cuyo suegro era ministro con Franco, dirá que si dejemos tranquilo el pasado y bla bla bla  

CortoCortito escribió:

De nuevo Andalucía da un paso, se va a solicitar la anulación de los jucios sumarísimos de Franco, aunque en algo no estoy de acuerdo¡, no van a entrar en resarcimientos patrimoniales, mucha gente fue expoliada y muchas fortunas franquistas tiene  sus orígenes en estos juicios y expropiaciones.



Ahora el sr. Gallardón, ese ministro de justicia cuyo suegro era ministro con Franco, dirá que si dejemos tranquilo el pasado y bla bla bla  

Seguro.

Sigue adelante la querella en Argentina.

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Fueron ministros de Franco, y ahora encabezan el listado de imputaciones que este viernes presentan los abogados de las víctimas del franquismo ante la Justicia argentina. Antonio Carro, Licinio de la Fuente, Antonio Barrera, José María Sánchez-Ventura y Alfonso Osorio, son, en realidad, parte de un elenco que incluye también a dos ex miembros de la Judicatura militar y a ocho policías.
El abogado de la querella Carlos Slepoy presenta este viernes, junto con Máximo Castex, este elenco de nombres ante el juzgado de María Servini de Cubría, instructora de la causa que investiga los crímenes del franquismo. Lo hace un día después de la vista pública que celebró la Audiencia Nacional para estudiar el reclamo argentino de extradición sobre el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, y a seis de la que se celebrará para dilucidar lo mismo con respecto al ex inspector Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño.
Público ha tenido acceso en exclusiva al escrito, en el que se pide a la jueza que "dicte órdenes internacionales de detención respecto de Antonio Carro Martínez [ex ministro], Licinio de la Fuente de la Fuente [ex ministro], Antonio Barrera de Irimo [ex ministro], José María Sánchez-Ventura Pascual [ex ministro], Alfonso Osorio García [ex ministro], Jesús Quintana Saracíbar [policía], Carlos Rey González [ex miembro de la Judicatura], Antonio Troncoso de Castro [ex miembro de la Judicatura], Jesús González Reglero [policía], Ricardo Algar Barrón [policía], Félix Criado Sanz [policía], Pascual Honrado de la Fuente [policía], Jesús Martínez Torres [policía], Benjamín Solsona Cortés [policía]  y Atilano del Valle Oter [policía], a efectos de que sean detenidos por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y luego sean extraditados".
En total son cinco ex ministros franquistas, ocho policías, y dos ex miembros de la Judicatura militar de la dictadura: 15 acusados que se suman a los nueve presentados el año pasado. Sobre dos de estos últimos, Muñecas y Billy el Niño (más otros dos que en realidad habían fallecido), la jueza solicitó en septiembre del año pasado la detención internacional y la consecuente extradición.

Los cinco ex ministros, el ex miembro de la Judicatura Carlos Rey y el policía Jesús Quintana Saracíbar podrían enfrentar penas de reclusión perpetua, según los abogados, por "homicidio con la circunstancia agravante de haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas". Troncoso de Castro, por tentativa de homicidio agravado, podría ser condenado a entre 15 y 20 años de prisión, mientras que a los otros siete policías les correspondería la pena de entre 8 y 25 de cárcel por los delitos de torturas. "A Atilano del Valle Oter le resulta asimismo aplicable la pena de 15 a 20 años de reclusión por tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas", sostiene el texto.
Para todos ellos se pide la fijación de audiencias indagatorias, órdenes de detención internacional por medio de Interpol, y la solicitud a España de que curse prisión preventiva contra los acusados como paso previo a la extradición diplomática. "Los delitos han sido instrumentales para la comisión de un genocidio o, subsidiariamente, constituyen crímenes de lesa humanidad", concluye el escrito, "por lo que, en uno u otro caso, la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de justicia universal". Con la información que se presenta en el nuevo escrito, quedan representados, entre otros, el Proceso de Burgos y el caso Puig Antich, muy significativos en la causa que se impulsa desde Argentina.
Más pedidos de captura internacional
El juzgado de Servini de Cubría, mientras tanto, trabaja todavía en posibles pedidos de extradición, como el de los ex ministros franquistas Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina (suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón), que fueron los primeros miembros del Ejecutivo franquista en ser denunciados ante la Justicia argentina.
Entre los pedidos de procesamiento hay ocho policías, como ya adelantó este diario, entre los que se encuentra Jesús Martínez Torres, jefe de policía en San Sebastián, y desde 1982 y hasta 1994, comisario General de Información (a cargo del espionaje policial) durante el Gobierno del PSOE. En 2013 le fue concedido el título comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía.



Esperemos a ver qué ocurre, desde luego no espero colaboración del gobierno pero al menos alguien está haciendo el trabajo que ya deberíamos haber hecho aquí.

CortoCortito escribió:

Sigue adelante la querella en Argentina.

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Fueron ministros de Franco, y ahora encabezan el listado de imputaciones que este viernes presentan los abogados de las víctimas del franquismo ante la Justicia argentina. Antonio Carro, Licinio de la Fuente, Antonio Barrera, José María Sánchez-Ventura y Alfonso Osorio, son, en realidad, parte de un elenco que incluye también a dos ex miembros de la Judicatura militar y a ocho policías.
El abogado de la querella Carlos Slepoy presenta este viernes, junto con Máximo Castex, este elenco de nombres ante el juzgado de María Servini de Cubría, instructora de la causa que investiga los crímenes del franquismo. Lo hace un día después de la vista pública que celebró la Audiencia Nacional para estudiar el reclamo argentino de extradición sobre el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, y a seis de la que se celebrará para dilucidar lo mismo con respecto al ex inspector Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño.
Público ha tenido acceso en exclusiva al escrito, en el que se pide a la jueza que "dicte órdenes internacionales de detención respecto de Antonio Carro Martínez [ex ministro], Licinio de la Fuente de la Fuente [ex ministro], Antonio Barrera de Irimo [ex ministro], José María Sánchez-Ventura Pascual [ex ministro], Alfonso Osorio García [ex ministro], Jesús Quintana Saracíbar [policía], Carlos Rey González [ex miembro de la Judicatura], Antonio Troncoso de Castro [ex miembro de la Judicatura], Jesús González Reglero [policía], Ricardo Algar Barrón [policía], Félix Criado Sanz [policía], Pascual Honrado de la Fuente [policía], Jesús Martínez Torres [policía], Benjamín Solsona Cortés [policía]  y Atilano del Valle Oter [policía], a efectos de que sean detenidos por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y luego sean extraditados".
En total son cinco ex ministros franquistas, ocho policías, y dos ex miembros de la Judicatura militar de la dictadura: 15 acusados que se suman a los nueve presentados el año pasado. Sobre dos de estos últimos, Muñecas y Billy el Niño (más otros dos que en realidad habían fallecido), la jueza solicitó en septiembre del año pasado la detención internacional y la consecuente extradición.

Los cinco ex ministros, el ex miembro de la Judicatura Carlos Rey y el policía Jesús Quintana Saracíbar podrían enfrentar penas de reclusión perpetua, según los abogados, por "homicidio con la circunstancia agravante de haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas". Troncoso de Castro, por tentativa de homicidio agravado, podría ser condenado a entre 15 y 20 años de prisión, mientras que a los otros siete policías les correspondería la pena de entre 8 y 25 de cárcel por los delitos de torturas. "A Atilano del Valle Oter le resulta asimismo aplicable la pena de 15 a 20 años de reclusión por tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas", sostiene el texto.
Para todos ellos se pide la fijación de audiencias indagatorias, órdenes de detención internacional por medio de Interpol, y la solicitud a España de que curse prisión preventiva contra los acusados como paso previo a la extradición diplomática. "Los delitos han sido instrumentales para la comisión de un genocidio o, subsidiariamente, constituyen crímenes de lesa humanidad", concluye el escrito, "por lo que, en uno u otro caso, la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de justicia universal". Con la información que se presenta en el nuevo escrito, quedan representados, entre otros, el Proceso de Burgos y el caso Puig Antich, muy significativos en la causa que se impulsa desde Argentina.
Más pedidos de captura internacional
El juzgado de Servini de Cubría, mientras tanto, trabaja todavía en posibles pedidos de extradición, como el de los ex ministros franquistas Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina (suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón), que fueron los primeros miembros del Ejecutivo franquista en ser denunciados ante la Justicia argentina.
Entre los pedidos de procesamiento hay ocho policías, como ya adelantó este diario, entre los que se encuentra Jesús Martínez Torres, jefe de policía en San Sebastián, y desde 1982 y hasta 1994, comisario General de Información (a cargo del espionaje policial) durante el Gobierno del PSOE. En 2013 le fue concedido el título comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía.



Esperemos a ver qué ocurre, desde luego no espero colaboración del gobierno pero al menos alguien está haciendo el trabajo que ya deberíamos haber hecho aquí.

Devolución de favores  

Y esta es la colaboración que la justicia argentina va a obtener por parte de España.

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Citación :

La Audiencia Nacional ha rechazado extraditar a Argentina al exinspector de Policía Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, al considerar que los 13 delitos de torturas por los que le reclama Argentina no pueden ser calificados de lesa humanidad ya que no formaban parte de un "ataque sistemático y organizado y ataque a un grupo de población". "Por más que los hechos descritos constituyan delitos de tortura a detenidos por un grupo determinado, aislado y concreto de funcionarios policiales", no puede considerarse un ataque sistematizado, según la Audiencia.
En el caso de que hubieran sido reconocidos como genocidio, el delito no tiene plazo de prescripción pero al ser calificadas de torturas, el plazo de diez años se ha cumplido ya que los hechos fueron cometidos entre febrero de 1971 y septiembre de 1975.
De esta manera, la justicia española cierra la puerta a la investigación abierta por la juez argentina María Servini tanto sobre Billy el Niño como por el excapitán de la Guardia Civil, Jesús Muñecas, acusados de crímenes durante el franquismo.
Además, en el auto de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el tribunal descarta que las torturas que se achacan al expolicía "guarden relación con los asesinatos y desapariciones forzadas a que se circunscribe el procedimiento argentino, que se perpetraron tras el 17 de julio de 1936".
El pasado día 25, la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó la extradición, también a Argentina, del ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, capitán Muñecas, por torturas en el franquismo, al considerar que este delito, presuntamente cometido en 1968, estaría prescrito y que los hechos de los que se le acusa no son constitutivos de genocidio.

Da gusto ver que la justicia en España avanza cada día más.

Esto es casi un insulto a las víctimas.

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Citación :

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) estudia denunciar a TVE por "ocultar" a los desaparecidos durante la represión franquista en el Telediario 2 del pasado 30 de agosto. La información, enmarcada en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, aludía a "100.000 desaparecidos por conflictos, desastres naturales o procesos de emigración" y recordaba que la ONU "exige a los Estados que eliminen todos los obstáculos para ayudar a las investigaciones sobre la suerte de estas personas".
Sin embargo, "en el reportaje no se hace ninguna mención a los 114.226 desaparecidos españoles", denuncia en un comunicado la ARMH, que recuerda que el Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria de la ONU "le ha dado un plazo de 90 días al Gobierno de España para que presente un plan de búsqueda de los desaparecidos españoles".
La ARMH considera que la "ocultación" de los desaparecidos españoles es "una forma de maltrato y negacionismo", pues entiende que se trata del "peor delito que puede cometerse contra un ser humano: detenerlo ilegalmente, torturarlo, asesinarlo y esconder su cadáver para extender su dolor en el tiempo y en su entorno familiar y social".
La asociación protestará ante la Defensora del Telespectador, el Consejo de Informativos de TVE y la dirección del ente público; presentará una queja a la Cruz Roja Española, una de las fuentes del reportaje, e informará a la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades. "Una televisión pública, que tiene el deber de informar con rigor y pluralidad, no puede hacer desaparecer a esos 114.226 desaparecidos", concluye la ARMH, "porque es una grave ocultación de nuestra historia reciente y un agravio".

Y no pasa absolutamente nada.

Para más inri esto sucede después de que un informe de La ONU le ponga la cara colorada ( por tercera vez en menos de un año ) al gobierno.

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Citación :

El Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas de Naciones Unidas ha presentado un demoledor informe tras su visita a España el pasado septiembre, que concluye con una larga lista de recomendaciones para el Gobierno y la petición de que en un plazo de 90 días "presente un cronograma en el que se indiquen las medidas que se llevarán a cabo" para implementar sus peticiones y asistir a las víctimas del franquismo.
El informe recuerda que España está "obligada" por el derecho internacional y la Declaración sobre protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (que ratificó en 2010)  a "asumir su responsabilidad" y elaborar "una política de Estado comprensiva, coherente y permanente" que permita a los familiares de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura saber qué pasó con sus seres queridos y recuperar sus restos. "Dado el transcurso del tiempo desde que la mayor parte de las desapariciones forzadas comenzaron a ejecutarse y la edad muy avanzada de muchos testigos y familiares, es urgente que el Estado adopte como inmediata prioridad la búsqueda de la verdad y en particular sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas", dice el informe.
El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas ha enviado al Gobierno  hasta 42 recomendaciones y manifiesta su disposición a "continuar el diálogo constructivo con el Estado español" al tiempo que ofrece su "asistencia" para que España cumpla con la declaración contra las desapariciones forzadas que ha ratificado. En conversación con EL PAÍS desde Texas, el autor del informe, Ariel Dulitzky, aseguró que la más importante y “urgente” de todas las recomendaciones es que “el Estado asuma su responsabilidad y elabore una política integral para dar verdad y justicia a las víctimas”. Preguntado por qué ocurrirá si el Gobierno español se excusa en la crisis económica para rechazar sus recomendaciones, Dulitzky responde: “Esto no es una cuestión económica, sino de voluntad política. Si se niega, seguiremos insistiendo, pero de momento tenemos esperanzas”. 
Estas son las peticiones a España del grupo de trabajo de naciones unidas sobre desapariciones forzadas:
1. Desaparecidos. Un plan nacional de búsqueda. Como norma general, la ONU recomienda a España que proporcione "mayor apoyo institucional y financiero" a las asociaciones y familiares de las víctimas del franquismo y que cree una "entidad estatal dotada de suficientes recursos humanos, técnicos y financieros" que se encargue de "todas las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas, incluyendo el establecimiento una base de datos central sobre desapariciones". Naciones Unidas pide al Gobierno que elabore un  "plan nacional de búsqueda" de estas personas y que lo ponga en marcha "a la mayor brevedad posible".  El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha hecho, hasta la fecha, todo lo contrario, ya que ha eliminado todas las partidas previstas en la ley de memoria histórica (derogada de facto) para ayudar a los familiares a localizar a las víctimas. 
2. Jueces en las fosas. La ONU pide a España que asegure que "los responsables de la administración y procuración de justicia se personen en el momento de la ejecución de las exhumaciones y luego analicen los resultados que las mismas arrojan y actúen de acuerdo con ellos". Los familiares de víctimas del franquismo siempre denuncian ante el juzgado correspondiente la apertura de las fosas, es decir, el hallazgo de restos humanos con signos evidentes de muerte violenta (cráneos agujereados por el tiro de gracia, casquillos, balas...), pero los juzgados casi nunca contestan.
3. Justicia. Investigaciones "de oficio". Naciones Unidas recomienda "investigar de oficio y juzgar todas las desapariciones forzadas a la luz de las obligaciones internacionales, de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas". Para ello, reclama  "eliminar todos los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones judiciales", como la ley de amnistía de 1977, el principal argumento esgrimido hasta ahora para no llevarlas a cabo. El único juez que abrió una investigación sobre los crímenes del franquismo, Baltasar Garzón, fue procesado por ello, acusado de prevaricación, y finalmente absuelto.La ONU propone a España "actualizar, depurar y poner a disposición del público" la base de datos que el magistrado elaboró desde su juzgado, el número 5 de la Audiencia Nacional, durante la frustrada investigación.
4. Símbolos. El Valle de los Caídos. La ONU pide a España que proporcione "los fondos adecuados" para que la ley de memoria histórica "pueda aplicarse" y que se cumplan, entre otros, los artículos relativos a la retirada de símbolos y vestigios del franquismo. En este sentido, el grupo de trabajo de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas solicita al Gobierno que "vele por el respeto a la disposición de la ley que dispone la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura" . Y reclama, especialmente, la "implementación" de las recomendaciones de la comisión de expertos nombrada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que proponía retirar del Valle de los Caídos los restos del dictador Francisco Franco y convertir el lugar en un museo de la memoria similar al que acoge en la actualidad la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina (ESMA).
5. Niños robados. Banco de ADN. La ONU propone a España "fortalecer los esfuerzos con miras a buscar e identificar a los niños y niñas que podrían haber sido víctimas de apropiación" y garantizar un banco nacional de ADN que integre "muestras genéticas de todos los casos denunciados".
6. Comisión de la verdad. El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU propone a España que considere "la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura".
7. Justicia universal. Colaborar con Argentina. Naciones Unidas pide que las reformas legislativas relativas a jurisdicción universal no afecten a la investigación de casos de desaparición forzada y solicita a España, además, que colabore con los Estados que, en aplicación de ese principio, abran investigaciones sobre este tipo de delitos, como ha hecho la justicia argentina con los crímenes del franquismo.
Estas recomendaciones no son vinculantes. El Gobierno no está obligado a cumplirlas, pero sí ha de contestar a Naciones Unidas, explicarle qué va a hacer y qué no y motivar su decisión.

Pues nada a esperar sentados.

LA ONU y creo que con esta ya van 4 en menos de un año, le pega otro meneo al gobierno. Que con mucho cuidado va a coger sus recomendaciones y se las va a pasar por el forro de los cojones.

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Citación :

España tiene espacio legal para abrir causas judiciales respecto a violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura, según el relator de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff.
El relator presentó esta semana su informe sobre España ante el Consejo de Derechos Humanos, en el que critica que el Estado no haya resarcido globalmente a las víctimas de la guerra civil y la dictadura.
La respuesta del Gobierno español la proporcionó el miércoles la embajadora de España ante la ONU en Ginebra, Ana María Menéndez, quien puso especial hincapié en señalar que la ley de Amnistía, de 1977, fue votada con un amplio apoyo social y con absoluto consenso político.
El documento de la ONU sigue la línea defendida por el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien compareció en noviembre ante este Comité para defender que las desapariciones forzadas durante la guerra civil y el franquismo son "delitos permanentes, que no prescriben". El exjuez de la Audiencia Nacional abrió una causa para investigar los crímenes del franquismo, a pesar de la oposición de la Fiscalía y fue absuelto del delito de prevaricación en este caso.
En una rueda de prensa convocada este viernes, De Greiff asumió que "es cierto que en la sociedad española hubo una movilización muy fuerte en la ley de amnistía", aunque destacó el objetivo primigenio de la misma.
"La ley fue primordialmente concebida para sacar de la cárcel a quienes fueron hechos prisioneros por el régimen. Leyendo las actas de los debates parlamentarios queda claro que la introducción de un artículo que le daba inmunidad legal a los oficiales franquistas fue una discusión tardía", señaló.
Dicho esto, el relator aseguró que "el debate no debería centrarse sobre los detalles históricos de la ley, sino sobre cuáles son las interpretaciones defendibles de esa ley en el momento actual en España".
"Y parte del punto que hago en el informe es que hay interpretaciones posibles que se ajustan a los requisitos del derecho y que permiten al sistema judicial ser accesible a las demandas de justicia de los ciudadanos", afirmó De Greiff.
"Y estas no son ni interpretaciones estrambóticas ni desconocidas, sino que incluso cortes españolas las han aplicado, como queda perfectamente claro en los casos de [Adolfo] Scilingo y [Augusto] Pinochet", explicó.
"[Estos casos fueron] decididos por tribunales españoles, donde aun enfrentando leyes de amnistía como las de Argentina y Chile los jueces encontraron una forma perfectamente razonable y defendible de hacer compatible las vigencias de estas leyes y la posibilidad de iniciar investigaciones judiciales en contra de los acusados", aseveró el relator.
Por otra parte, De Greiff también se refirió a la ley de Memoria Histórica de 2007, esgrimida por Menéndez para defender la política del Gobierno español en lo que se refiere al mandato del relator.
El experto dijo que para evitar debates estériles sobre si se está aplicando o no, y si es efectiva o no, lo que debería hacer el Estado español es redactar un informe sobre su implementación y lo que se ha conseguido desde que está vigente.
Precisamente, uno de los puntos que aborda esta ley es el de los símbolos, aspecto destacado en el informe.
De Greiff considera que "son especialmente dolorosos para las víctimas porque vanaglorian al régimen que violó sus derechos".
Por ello pidió su remoción o "resignificación", especialmente en el caso del Valle de los Caídos.
El relator dijo que hay que mantener el monumento pero contextualizándolo y dándole una explicación pedagógica de cómo fue concebido, construido y lo que significaba.
Asimismo, se mostró a favor de remover los restos del dictador Francisco Franco, enterrados allí.
"El espacio público y monumental tiene que respetar la historia y los derechos de todos", afirmó.
Finalmente, De Greiff respondió a Menéndez respecto al comentario de la embajadora sobre que "la garantía de no repetición" se sustentaba en la consolidación de la democracia española.
"Precisamente porque no existe ningún riesgo de quiebra institucional por parte de las Fuerzas Armadas, es que creo que el Estado tiene muchísima más oportunidad para avanzar en el reconocimiento de los derechos de todos", aseveró.
"La fortaleza de las instituciones democráticas queda mucho más reflejada en la forma en cómo abordan positivamente las peticiones de los ciudadanos que en su capacidad de dejar ciertos temas fuera de la agenda pública", concluyó.
En esta línea, la asociación Jueces para la Democracia ha denunciado este viernes que el Gobierno obstruye e incumple lo establecido en la Ley de Memoria Histórica y ha expresado su apoyo a las víctimas del franquismo, muchas de ellas de avanzada edad y que tienen derecho a una reparación adecuada de su sufrimiento.
Su portavoz, Joaquim Bosch, reclama que se destine dinero público para exhumar e identificar a las víctimas de las desapariciones forzadas durante la guerra civil y el franquismo: "Un Estado democrático no debe tolerar que sigan existiendo decenas miles de víctimas de una dictadura en fosas comunes junto a cunetas".

La última frase lo expresa todo con mucha claridad. Ahora hay que llegar a ser un estado democrático.

Por cierto ¿ que pensaríamos si nietos de Pinochet, Hitler,Stalin se pasearan por revistas del corazón enseñando propiedades expoliadas por sus abuelos orgullosamente?

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Aquí lo más que se ha llegado a decir es que abusa del photoshop. Cojonudo.

Vergüenza es poco.

Y así como quien no quiere la cosa se archiva la petición de arresto de la jueza argentina a 20  supuestos criminales franquistas. 

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Citación :

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha archivado la petición de una asociación de víctimas del franquismo para que se arreste en España a veinte personas, entre ellas los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, en la causa que lleva una jueza argentina por crímenes en la dictadura. El juez Velasco afirma en un auto que la Coordinadora Estatal en Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (Ceaqua), que pidió la detención, no está legitimada para pedir este tipo de arresto, ya que se debería hacer mediante un proceso de extradición que tendría que pedir formalmente el gobierno argentino al español. La asociación reclamó en noviembre que los últimos veinte acusados por la justicia argentina en la causa por los crímenes del franquismo fueran detenidos, tras lo que Interpol Argentina pidió a España su arresto preventivo con fines de extradición. Dentro de esta causa contra los crímenes del franquismo impulsada en Buenos Aires, la Interpol también reclamó a España el envío de todos los datos necesarios a fin de tramitar la orden de captura internacional. Ese procedimiento se llevó dentro de unas diligencias abiertas en el juzgado de Velasco y en enero el juez preguntó al Ministerio de Justicia español si se había autorizado la continuación del procedimiento. Justicia respondió entonces que se había pedido la documentación a Argentina por vía diplomática, pero que ese país no había respondido a la petición. Como Argentina no ha respondido, Velasco ha procedido a archivar las diligencias, ya que recuerda que solo un Estado puede requerir la extradición. "El proceso extradicional solo lo es entre estados, teniéndolo vedado no solo la asociación instante sino cualquier otra parte que no sea un Estado", argumenta el juez. Añade que Argentina aún puede pedir al Ministerio de Justicia español la entrega de los acusados, una cuestión que, remarca el juez, es "ajena a esta Audiencia Nacional, que solo participa en la parte judicial y no en la parte política del proceso extradicional". La asociación instó las solicitudes de detención a raíz de las últimas decisiones adoptadas por la jueza de la causa argentina, María Servini, quien el pasado octubre emitió un auto en el que ordenaba la detención de 20 acusados de crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco y hasta las primeras elecciones democráticas.

Estoy ansioso por ver la respuesta de la diplomacia Argentina, si es cierto que ha dejado sin respuesta una solicitud como esta es para repartir guantazos hasta que se te caiga la mano.

CortoCortito escribió:

Y así como quien no quiere la cosa se archiva la petición de arresto de la jueza argentina a 20  supuestos criminales franquistas. 

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Citación :

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha archivado la petición de una asociación de víctimas del franquismo para que se arreste en España a veinte personas, entre ellas los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, en la causa que lleva una jueza argentina por crímenes en la dictadura. El juez Velasco afirma en un auto que la Coordinadora Estatal en Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (Ceaqua), que pidió la detención, no está legitimada para pedir este tipo de arresto, ya que se debería hacer mediante un proceso de extradición que tendría que pedir formalmente el gobierno argentino al español. La asociación reclamó en noviembre que los últimos veinte acusados por la justicia argentina en la causa por los crímenes del franquismo fueran detenidos, tras lo que Interpol Argentina pidió a España su arresto preventivo con fines de extradición. Dentro de esta causa contra los crímenes del franquismo impulsada en Buenos Aires, la Interpol también reclamó a España el envío de todos los datos necesarios a fin de tramitar la orden de captura internacional. Ese procedimiento se llevó dentro de unas diligencias abiertas en el juzgado de Velasco y en enero el juez preguntó al Ministerio de Justicia español si se había autorizado la continuación del procedimiento. Justicia respondió entonces que se había pedido la documentación a Argentina por vía diplomática, pero que ese país no había respondido a la petición. Como Argentina no ha respondido, Velasco ha procedido a archivar las diligencias, ya que recuerda que solo un Estado puede requerir la extradición. "El proceso extradicional solo lo es entre estados, teniéndolo vedado no solo la asociación instante sino cualquier otra parte que no sea un Estado", argumenta el juez. Añade que Argentina aún puede pedir al Ministerio de Justicia español la entrega de los acusados, una cuestión que, remarca el juez, es "ajena a esta Audiencia Nacional, que solo participa en la parte judicial y no en la parte política del proceso extradicional". La asociación instó las solicitudes de detención a raíz de las últimas decisiones adoptadas por la jueza de la causa argentina, María Servini, quien el pasado octubre emitió un auto en el que ordenaba la detención de 20 acusados de crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco y hasta las primeras elecciones democráticas.

Estoy ansioso por ver la respuesta de la diplomacia Argentina, si es cierto que ha dejado sin respuesta una solicitud como esta es para repartir guantazos hasta que se te caiga la mano.

mmmm si, bueno, si lo que quiere es que Timerman solicite la extradición más vale que lo haga, pero me suena a excusa infundada e improcedente, no tengo claro si en verdad ese es el procedimiento: "El proceso extradicional solo lo es entre estados, teniéndolo vedado no solo la asociación instante sino cualquier otra parte que no sea un Estado"    

España debe cooperar en la lucha contra la impunidad de los crímenes del franquismo
Iniciada el 19 de noviembre de 2014.

El gobierno español no cooperó en el pasado, pero debe cooperar ahora con la justicia argentina y proceder a la extradición de los ciudadanos españoles acusados de cometer delitos que constituyen crímenes de lesa humanidad durante el franquismo.

El pasado 30 de octubre la justicia argentina ordenó, a fines de su extradición, la detención  de veinte ciudadanos españoles, entre los que se encuentran personal sanitario, exministros, y personas vinculadas a las fuerzas de seguridad del franquismo. Estas personas son sospechosas de haber cometido crímenes de derecho internacional en España, como la tortura o sustracción de menores, y que constituyen crímenes de lesa humanidad.

Según los estándares internacionales y el Trabado bilateral de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal, el Estado español debe proceder a la extradición de estas personas con prontitud, una vez se tramite el pedido de extradición.

Ya hubo un pedido de extradición y España no colaboró: en septiembre de 2013, la justicia argentina solicitó la cooperación de España para la extradición de José Muñecas Aguilar y Juan Antonio González Pachelo, alias “Billy el niño”, sospechosas de haber cometido torturas. Lamentablemente, en abril de 2014 se rechazó la extradición a Argentina de ambos imputados, con argumentos contrarios al derecho internacional.

Al igual que en la solicitud de extradición anterior, la jueza argentina María Servini de Cubría basa su competencia para investigar los presuntos delitos en el principio de jurisdicción universal, según el cual todos los estados están habilitados por igual para investigar los crímenes de derecho internacional, con independencia de dónde se hayan cometido dichos crímenes o de la nacionalidad de las víctimas o sus victimarios.

España se halla obligada bajo el derecho internacional a conceder la extradición a Argentina. Si, por algún motivo de índole legal tal obligación no pudiera ser satisfecha,  España se halla obligada a proceder con la investigación de tales crímenes ante sus propios tribunales de justicia.

Amnistía Internacional ha documentado extensamente y expresado de manera reiterada su preocupación por la ausencia de investigación por parte de la justicia española de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y posteriormente durante el franquismo por integrantes de las fuerzas estatales de seguridad. Esto constituye un incumplimiento por España de sus obligaciones de poner fin a la impunidad y de garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.

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Si no entiendo mal, no se trata de un pedido cualquiera de extradición, sino de un procedimiento judicial (que compete la jurisdicción por tratarse de crímenes de lesa humanidad), donde, según los tratados internacionales firmados, España debe colaborar (extraditar cuando el juez lo determina, para tomar indagatoria, es colaborar, no extraditar es no colaborar, por ende es ir contra el Tratado bilateral de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal). ¿No?.

Por otro lado no es esa la explicación que dieron vez pasada, acerca de los motivos por los cuales no colaborar con la justicia argentina ni con Interpol... en ese entonces hablaban de que los casos ya habían sido cerrados en los juzgados españoles porque habían prescrito...


La policía no detendrá a los 20 cargos franquistas como pide Interpol

España alega ante la secretaría general del organismo y consigue que retire el código rojo
Una juez argentina solicitó su arresto y extradición el pasado 30 de octubre.

NATALIA JUNQUERA / JESÚS DUVA Madrid 12 NOV 2014 - 22:38 CET

La policía española no tiene previsto detener a los 19 excargos franquistas reclamados desde Argentina e imputados por crímenes de lesa humanidad y torturas, a pesar de la orden de Interpol que ha recibido este miércoles. Tras recibir la orden, la Policía se ha limitado a trasladarla a la Fiscalía de la Audiencia Nacional pese a que a lo largo de la tarde un portavoz había asegurado, por error, que también habían presentado una alegación ante la Secretaria General de Interpol, con sede en Lyon, en base a una resolución de 2010 de ese organismo que permite paralizar órdenes de arresto relacionadas con delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y de guerra si el país al que pertenece el reclamado protesta. La policía no ha dado tal paso, según aclaró más tarde, aunque tampoco piensa detener a los 19 reclamados por Argentina de momento.

Interpol Argentina notificó el pasado 4 de noviembre a María Servini de Cubría, la juez que investiga desde Buenos Aires la única causa abierta en el mundo contra los crímenes del franquismo, que había remitido a su oficina de Madrid  una "comunicación muy urgente" solicitando la detención de los exministros José Utrera Molina y Rodolfo Martín Villa y los otros 18 cargos franquistas cuyo arresto y extradición reclama la magistrada. Uno de los reclamados, Antonio Barrera de Irimo, falleció recientemente.

El Gobierno ya ha hecho saber que no cree que la petición de la juez argentina vaya a prosperar. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha mostrado esta tarde su convencimiento de que se denegará la entrega de los 19 imputados porque los delitos que les imputa Servini de Cubría “están prescritos en España” y “por la ley de Amnistía de 1977”. El ministro ha recordado que así se había procedido cuando en septiembre de 2013 la misma juez reclamó la detención y extradición del expolicía José Antonio González Pacheco, Billy el Niño, y el ex guardia civil Jesús Muñecas, ambos imputados por torturas en la misma causa por delitos de lesa humanidad. Tampoco ellos llegaron a ser detenidos, aunque sí fueron citados en la Audiencia Nacional y el juez Pablo Ruz les retiró el pasaporte hasta que se resolvió no conceder la extradición a Argentina por considerar prescritos los delitos de que les imputaba Servini.

“Es increible que un ministro de Justicia diga eso: ¡Que los políticos dejen actuar a los jueces, y en todo caso, que colaboren con la justicia”, se queja el abogado de los querellantes, Carlos Slepoy. El letrado recuerda que la ley española de Extradición Pasiva (1985) establece que una vez recibida la orden de detención se debe proceder a la detención de los reclamados y ponerlos a disposición del juzgado de guardia “en un plazo no superior a 24 horas”. Slepoy insiste en que “las leyes de amnistía o punto final no pueden aplicarse sobre delitos de lesa humanidad, como este caso” y que así se lo ha reprochado la ONU a España. Naciones Unidas recomienda que los crímenes del franquismo sean juzgados aquí. “Presentaremos denuncias en todo el país. Queremos deslegitimar la impunidad”, añade el abogado.

(...)

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) exige "el estricto e inmediato cumplimiento" de la orden de detención realizada por la juez argentina y recuerda la plena vigencia del Tratado Bilateral de extradición y asistencia jurídica suscrito entre España y Argentina en marzo de 1987.

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Sobre los procedimientos de solicitud de alertas rojas de Interpol:

DECIDE, a la luz de las consideraciones anteriores, que, sin perjuicio de la aplicación de la
normativa general de INTERPOL en relación con el tratamiento de las solicitudes de cooperación
policial internacional, el tratamiento por conducto de INTERPOL de nuevas solicitudes sobre casos de
genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra debe continuar siempre que se trate de:

1) solicitudes presentadas por tribunales internacionales;
2) solicitudes presentadas por entidades creadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, con arreglo a las disposiciones específicas acordadas en relación con tales solicitudes;
3) solicitudes presentadas por los países miembros, salvo en el caso de que la solicitud se refiera
a un ciudadano de otro país miembro, y este otro país miembro, al ser informado por la
Secretaría General de la solicitud, proteste contra esta en el plazo de treinta días;

Resolución de Interpol sobre los crímenes de genocidio y lesa humanidad


El encubrimiento y las trabas ya son bochornosas. A ver cómo actúa la procuradora de la Nación Argentina (que supongo es la que tendrá que solicitar la extradición, según indica ahora el tal Velasco, a no ser que cuando habla de que la solicitud formal la debe hacer el gobierno argentino al gobierno Español, se esté refiriendo a los presidentes )

El procedimiento es el procedimiento, espero que la diplomacia lo subsane y emita la correspondiente solicitud de extradición.  Aunque viendo los antecedentes.
En este caso no se trata de un rechazo a una solicitud, sino al parecer de un procedimiento incorrecto. Voy a intentar localizarlo completo y te digo algo más.
Aunque por lo que veo no es cuestión de que el juez ponga impedimentos, es que hay algo que se ha ejecutado de manera incorrecta o se ha obviado, por eso me gustaría saber si es real que no se ha cursado esa petición o simplemente aquí no se han dado por enterados.

CortoCortito escribió:

El procedimiento es el procedimiento, espero que la diplomacia lo subsane y emita la correspondiente solicitud de extradición.  Aunque viendo los antecedentes.
En este caso no se trata de un rechazo a una solicitud, sino al parecer de un procedimiento incorrecto. Voy a intentar localizarlo completo y te digo algo más.
Aunque por lo que veo no es cuestión de que el juez ponga impedimentos, es que hay algo que se ha ejecutado de manera incorrecta o se ha obviado, por eso me gustaría saber si es real que no se ha cursado esa petición o simplemente aquí no se han dado por enterados.

ah dice que es ilegítimo que la extradición la solicite la Coordinadora Estatal en Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (Ceaqua)... ¿pero y cuando lo solicitó la Jueza Servini de Cubría?... no entiendo un pedo jajajaja

El poder judicial argentino forma parte del Estado argentino... ¿por qué luego dice que la solicitud formal de extradición debe ser entre Gobiernos? (que Gobierno y Estado no es lo mismo)

Citación :

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha archivado la petición de una asociación de víctimas del franquismo para que se arreste en España a veinte personas, entre ellas los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, en la causa que lleva una jueza argentina por crímenes en la dictadura. El juez Velasco afirma en un auto que la Coordinadora Estatal en Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (Ceaqua), que pidió la detención, no está legitimada para pedir este tipo de arresto, ya que se debería hacer mediante un proceso de extradición que tendría que pedir formalmente el gobierno argentino al español. La asociación reclamó en noviembre que los últimos veinte acusados por la justicia argentina en la causa por los crímenes del franquismo fueran detenidos, tras lo que Interpol Argentina pidió a España su arresto preventivo con fines de extradición. Dentro de esta causa contra los crímenes del franquismo impulsada en Buenos Aires, la Interpol también reclamó a España el envío de todos los datos necesarios a fin de tramitar la orden de captura internacional. Ese procedimiento se llevó dentro de unas diligencias abiertas en el juzgado de Velasco y en enero el juez preguntó al Ministerio de Justicia español si se había autorizado la continuación del procedimiento. Justicia respondió entonces que se había pedido la documentación a Argentina por vía diplomática, pero que ese país no había respondido a la petición. Como Argentina no ha respondido, Velasco ha procedido a archivar las diligencias, ya que recuerda que solo un Estado puede requerir la extradición. "El proceso extradicional solo lo es entre estados, teniéndolo vedado no solo la asociación instante sino cualquier otra parte que no sea un Estado", argumenta el juez. Añade que Argentina aún puede pedir al Ministerio de Justicia español la entrega de los acusados, una cuestión que, remarca el juez, es "ajena a esta Audiencia Nacional, que solo participa en la parte judicial y no en la parte política del proceso extradicional". La asociación instó las solicitudes de detención a raíz de las últimas decisiones adoptadas por la jueza de la causa argentina, María Servini, quien el pasado octubre emitió un auto en el que ordenaba la detención de 20 acusados de crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco y hasta las primeras elecciones democráticas.

Aquí parece que está algo más claro.

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Citación :

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decidido este martes desestimar la petición de la asociaciónn pro derechos Humanos España (APDHE) que solicitaba al juez que requiriera al Ministerio de Interior que ejecutara las detenciones para los acusados por la jueza argentina María Servini, 19 en total, por crímenes cometidos durante el franquismo.

Velasco se declara no legitimado para realizar estos arrestros porque se está ante un proceso de extradición entre dos países, aún en curso. Este archivo, por tanto, sólo afecta a la petición de APDHE, y no a la causa general, que sigue adelante sin cerrar puertas a que se produzcan futuras detenciones.

En el auto, el juez de la Audiencia Nacional aclara que en el proceso de extradición las partes son los Estados y no los particulares, como es la APDHE. Por ello, dice, no se le puede reconocer legitimación activa a la asociación, lo que obliga al archivo de las diligencias.

La magistrada argentina imputó el pasado noviembre a Martín Villa (ministro de Gobernación entre 1976 y 1979), a Utrera Molina, que es suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, a otros políticos de la dictadura, ex miembros de las Fuerzas Armadas, ex jueces y hasta un antiguo ginecólogo.

Entre los políticos, se encuentran los ex ministros Antonio Carro Martínez (ministro desde 1974 a 1975), Licinio de la Fuente (vicepresidente del Gobierno entre 1974 y 1975), José María Sánchez Ventura (ministro en el último gobierno franquista), Alfonso Osorio García (ministro de presidencia entre 1975 y 1976) y Antonio Barrera de Irimo, quien falleció el pasado septiembre.

Es más una cuestión de competencias, la causa como se explica sigue, se deniega el arresto porque entra en conflicto con un proceso abierto de extradición.
Esperemos.

Si, este artículo lo explica mejor (el otro lo explicaba para la mierda jajajaja)

Pero cómo que no se han dado por enterados?... rechazaron el pedido de la Jueza y el de Interpol...