Golpe a la democracia.

Tema: Re: Golpe a la democracia. Mar Dic 20, 2022 11:04 am

Salú y República.

V.I.P. Mensajes : 46433

La democracia atropellada por el Tribunal Constitucional

Por primera vez en la historia democrática española, el Tribunal Constitucional ha paralizado una reforma legal del Parlamento español. Lo ha hecho por la mínima. Seis votos contra cinco. Gracias a la decisión de dos magistrados con el mandato caducado y afectados directamente por este cambio legal, que estaba diseñado para desbloquear un órgano constitucional que la derecha ha usurpado, incumpliendo el mandato de las urnas.
Es algo gravísimo. Y que sitúa a la democracia española fuera de los raíles institucionales por los que ha discurrido hasta hoy.

Pero no ha sido solo un atropello democrático. En realidad han sido tres.
El primero, por la abstención. O más bien por la ausencia de ella.
La ley es bastante clara y el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro Gonzalez Trevijano, la debería conocer. Artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una de las razones por las que un juez se debe abstener es por tener “interés directo o indirecto” en la causa sobre la que debe decidir.
Y la primera trampa de la derecha en una jornada negra para la democracia española ha estado ahí: que dos de los magistrados que debían haberse apartado por su propio pie de esta decisión se han negado a hacerlo.
Tanto Pedro González Trevijano como Antonio Narváez estaban obligados a abstenerse. Porque lo que este lunes debatía el Tribunal Constitucional era un asunto que les afecta de forma directa y personal. Tan directa como que se jugaban el puesto y el sueldo.
Dato importante: Trevijano cobra 13.300 euros brutos mensuales como presidente del Constitucional. Narváez, 11.973 euros brutos al mes.
Gracias a la votación de hoy, Trevijano y Narváez seguirán cobrando por más tiempo del Tribunal Constitucional –hasta que los insumisos del CGPJ tengan a bien cumplir con su obligación legal, que probablemente ya no tengan tanta prisa como la semana anterior–. Y si la decisión del Constitucional hubiera sido otra, este mismo viernes, Trevijano y Narváez habrían perdido su puesto y su sueldo. Y los asistentes. Y el coche oficial.
No dudo que ambos magistrados, en su fuero interno, crean que este salario y estas prerrogativas no les afectan en lo más mínimo en su decisión. No dudo incluso de que realmente sea así. Mal iríamos si el precio de un juez del Constitucional español fuera tan bajo. Pero el problema es otro: su apariencia de imparcialidad. Un requisito fundamental que es la razón por la que existen los motivos de abstención: porque no basta con que las decisiones sean justas, también tienen que parecerlo.
El precedente es terrible. A partir de este lunes, según el Tribunal Constitucional, ser juez y parte no es un motivo de abstención.
El segundo atropello democrático fue por la recusación. Por la forma en que se rechazó de plano.
Una explicación previa que roza la más absoluta obviedad: ningún juez se puede juzgar a sí mismo.
Por eso, cuando un afectado presenta una recusación –porque cree que el juez que le toca no es imparcial y está afectado por algunas de las causas legales que le obligan a abstenerse– quien tiene que decidir sobre ella nunca es el juez recusado. Son otros.
En la justicia ordinaria, suele ser el órgano superior. ¿Y en el Tribunal Constitucional? Pues como no existe ningún superior, es el resto del tribunal.
Así se hizo, por ejemplo, con la recusación en 2007 de Pablo Pérez Tremps. Que decidieron los otros magistrados del tribunal. Y donde Pérez Tremps, obviamente, no pudo votar.
Pérez Tremps fue apartado de la sentencia del Estatuto por seis votos contra cinco. Si él hubiera podido decidir sobre su propia recusación el resultado habría sido seis contra seis, y el voto de calidad de la entonces presidenta del tribunal, la progresista María Emilia Casas, habría desempatado la situación a su favor.
Recusar a Pérez Tremps fue clave para que la derecha pudiera tumbar el Estatut catalán. Y eso que en aquella recusación había argumentos muchísimo más débiles que los que hoy afectan a Narváez y Trevijano. Pero entonces a nadie se le ocurrió defender que Pérez Tremps pudiera votar sobre su propia recusación.
Es de cajón. Porque un juez no puede juzgarse a sí mismo.
La trampa que ha utilizado la derecha para saltarse todos los precedentes y que Trevijano y Narváez pudieran votar sobre su propia recusación la adelanté en mi artículo de este domingo. Fue votar otra cosa: no la recusación en sí, sino si esa recusación se debía tramitar.
Para los magistrados conspirados con el PP, tramitar la recusación era perder este pulso. Porque si se aceptaba a trámite, el mero trámite ya podía alargar por varias semanas el resto de las decisiones, y este mismo viernes Trevijano y Narváez iban a ser sustituidos. Y porque si se aceptaba como válida, perdían la mayoría en el tribunal para tumbar los planes del Parlamento, como era su principal intención.
Así que decidieron argumentar otra cuestión: que ni el grupo socialista ni el grupo de Unidas Podemos en el Congreso ni tampoco el presidente de la comisión de Justicia, Felipe Sicilia, (hubo tres recusaciones) tenían legitimación para recusar. Porque, según la peculiar visión de los magistrados conservadores, aunque son parte de este asunto –se permite su personación– no se les considera legitimados para recusar hasta que no responda el demandado: que es el Congreso como institución, y no sus diputados o grupos.
Hasta entonces, o hasta que lo pida el Congreso, la recusación ni se tramita. ¿Y si lo piden? Pues ya inventarán otra excusa. Como si fuera un asunto menor garantizar que estamos ante un tribunal imparcial.
Considerar que los mismos diputados cuyos derechos se cercenan son perjudicados pero no demandados por lo que hoy ha decidido el Tribunal Constitucional y que por tanto no pueden denunciar que dos de los jueces no tienen la necesaria apariencia de imparcialidad es una interpretación jurídica surrealista, por no decir algo peor. Es un absoluto disparate, por mucho que se vista de fina filigrana judicial.
El tercer atropello, el más grave, es amordazar al Parlamento español.
Ningún poder es absoluto en democracia. Tampoco el del Parlamento, por mucho que sea el único poder del Estado que eligen directamente los españoles con su voto.
Los legisladores –los diputados y senadores– están igualmente sometidos a un sistema de contrapesos. Y uno de ellos, tal vez el más importante por su poder, es el del Tribunal Constitucional. Que decide si las leyes que aprueban las Cortes caben en la Constitución.
No es exactamente parte del Poder Judicial. Es una cámara política que actúa como un órgano de garantías por medio de otro sistema de contrapesos: por su sistema de elección, por tres quintos en el Congreso y Senado, y porque sus mayorías cambian a un ritmo más lento (cada nueve años, cuando le toca nombrar al Gobierno de turno) que lo que lo hacen las mayorías parlamentarias.
No es un poder menor. El Tribunal Constitucional tiene la capacidad de anular o recortar leyes ya en vigor. O incluso reformas legales –como el Estatut catalán– que fueron aprobadas por Las Cortes españolas, por el Parlament catalán y por los catalanes en referéndum.
Sus sentencias suelen ser lentas. La del aborto, por ejemplo, ya acumula 11 años de retraso. Muchas veces el Constitucional se pronuncia cuando ya no tiene ningún impacto ni interés su decisión. Lo que nunca han hecho, hasta hoy, es paralizar una reforma legal en plena tramitación; antes incluso de que entrase en vigor. Lo han hecho contra el criterio del letrado más importante del tribunal, cuyo informe han rechazado. Y también contra el criterio del fiscal.
Algún día tal vez sepamos también cómo acabó este recurso en manos de Enrique Arnaldo: el magistrado preferido por el PP y la FAES. Y si fue realmente una cuestión de azar.
La forma en la que ha actuado la derecha en el Constitucional, saltándose todas las barreras por el camino, demuestra a las claras cuál era la intención: hacer todo lo que fuera necesario a la velocidad que fuera necesaria para usurpar el poder en un tribunal donde la derecha mantiene su mayoría de manera ilegítima; fuera de su mandato legal.
Y lo de menos es lo que hoy argumenta el tribunal: que se aceptan las cautelarísimas que ha pedido el PP y se paraliza la votación en el Senado porque se haya utilizado un atajo legal –lo expliqué en otro artículo– para tramitar esta reforma con más rapidez de lo normal. Es el mismo atajo que se ha usado decenas de veces en el Congreso para reformas pequeñas mediadas o grandes. Es el mismo método que, por ejemplo, usó la derecha para aprobar el aforamiento del emérito.
Porque aquí hablamos de otra cosa. No de procedimientos o de atajos –¿hay atajo mayor que el que ha utilizado el Tribunal Constitucional para librarse de las recusaciones?–. Hablamos de una conspiración de la derecha, que lleva más de cuatro años ocupando los órganos constitucionales con su mandato democrático fuera de plazo. De ahí, del incumplimiento sistemático y flagrante de la Constitución por parte del Partido Popular, nace todo el conflicto posterior.
El Parlamento no habría tenido que reformar a toda prisa ninguna ley si el PP cumpliera en tiempo y forma con la Constitución. O si cumplieran con la ley los vocales del CGPJ que llevan cuatro años con el mandato caducado y ahora bloquean la renovación del Constitucional desde septiembre, con la nada oculta intención de retrasar el asunto hasta después de las próximas elecciones generales, a ver si para entonces ya ganan los suyos.
No es siquiera un problema del liderazgo en la derecha. Porque absolutamente todos los líderes de la derecha desde que existe el Partido Popular –José María Aznar, Mariano Rajoy, Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo– han incumplido los plazos constitucionales para la renovación del Poder Judicial. Todos han bloqueado, sin excepción. Todos con la misma intención: controlar la Justicia. Son los mismos que se dan golpes en el pecho con la Constitución, mientras la pisotean en sus compromisos democráticos más básicos.
Mientras la derecha se salta la Constitución, es la izquierda quien debe evitar que el tren democrático descarrile en su totalidad. Este lunes por la noche, la presidenta del Congreso, el presidente del Senado y el ministro de Presidencia han salido a dejar claro que acatarán la decisión, a pesar de criticarla duramente. ¡Qué remedio! Porque no hacerlo sería condenar a este país a un desastre aún mayor. Siempre es la izquierda –también por la correlación de fuerzas en la Justicia; ellos no se librarían de una condena– quien tiene que evitar el choque frontal y velar por el interés general. Mientras tanto, la derecha chapotea de forma permanente, irresponsable e impune en la desobediencia ante la ley. Se han convertido en un partido antisistema, sin asumir ninguna consecuencia por la gravedad de sus actos.
Todos los líderes de la derecha han bloqueado la renovación del Poder Judicial a su favor, para alargar su poder sobre los jueces. Todos. Pero nunca antes esa técnica antidemocrática había alcanzado esta extensión. El actual Poder Judicial, si nada cambia (que no parece), cumplirá cinco años en funciones. ¡Un mandato íntegro! Y mientras todo se pudre por esta decisión del PP, Feijóo presume de que “la democracia sale fortalecida”. Es de un cinismo difícil de superar. Porque sin el filibusterismo sistemático de la derecha para atrincherarse en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional nada de esto estaría ocurriendo hoy.
¿Qué entiende Feijóo por democracia? ¿Es democrático que un órgano político con el mandato caducado se imponga al parlamento votado por los españoles? ¿De verdad?
Tampoco se puede responsabilizar al Parlamento de este choque de legitimidades. Porque si el trámite parlamentario hubiera sido otro –sin el famoso atajo–, el bloqueo de la derecha habría sido diferente, pero el resultado habría sido igual. Porque están haciendo todo lo posible para atrincherarse en un poder que perdieron en las urnas: de forma sistemática y desde hace años. Porque consideran que todo vale contra el Gobierno de coalición. Porque creen que el Estado es de su propiedad. Porque confunden su interés personal con la Constitución. “Este Gobierno o España”, resume Feijóo. Porque en su España solo caben ellos, y nadie más.
Este lunes, un Tribunal Constitucional con el mandato caducado ha amordazado al Parlamento español. Los daños de este gravísimo ataque a los cimientos democráticos aún están por calcular.

https://www.eldiario.es/escolar/democracia-atropellada-tribunal-constitucional_132_9808520.html

Tema: Re: Golpe a la democracia. Mar Dic 20, 2022 2:12 pm

Justificar lo injustificable, tratan los de El Diario.

Los porros letrados del Congreso avisaron que la reforma estaba mal tramitada.

V.I.P. Mensajes : 46433

marapez escribió:: La democracia atropellada por el Tribunal Constitucional

Por primera vez en la historia democrática española, el Tribunal Constitucional ha paralizado una reforma legal del Parlamento español. Lo ha hecho por la mínima. Seis votos contra cinco. Gracias a la decisión de dos magistrados con el mandato caducado y afectados directamente por este cambio legal, que estaba diseñado para desbloquear un órgano constitucional que la derecha ha usurpado, incumpliendo el mandato de las urnas.
Es algo gravísimo. Y que sitúa a la democracia española fuera de los raíles institucionales por los que ha discurrido hasta hoy.

Pero no ha sido solo un atropello democrático. En realidad han sido tres.
El primero, por la abstención. O más bien por la ausencia de ella.
La ley es bastante clara y el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro Gonzalez Trevijano, la debería conocer. Artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una de las razones por las que un juez se debe abstener es por tener “interés directo o indirecto” en la causa sobre la que debe decidir.
Y la primera trampa de la derecha en una jornada negra para la democracia española ha estado ahí: que dos de los magistrados que debían haberse apartado por su propio pie de esta decisión se han negado a hacerlo.
Tanto Pedro González Trevijano como Antonio Narváez estaban obligados a abstenerse. Porque lo que este lunes debatía el Tribunal Constitucional era un asunto que les afecta de forma directa y personal. Tan directa como que se jugaban el puesto y el sueldo.
Dato importante: Trevijano cobra 13.300 euros brutos mensuales como presidente del Constitucional. Narváez, 11.973 euros brutos al mes.
Gracias a la votación de hoy, Trevijano y Narváez seguirán cobrando por más tiempo del Tribunal Constitucional –hasta que los insumisos del CGPJ tengan a bien cumplir con su obligación legal, que probablemente ya no tengan tanta prisa como la semana anterior–. Y si la decisión del Constitucional hubiera sido otra, este mismo viernes, Trevijano y Narváez habrían perdido su puesto y su sueldo. Y los asistentes. Y el coche oficial.
No dudo que ambos magistrados, en su fuero interno, crean que este salario y estas prerrogativas no les afectan en lo más mínimo en su decisión. No dudo incluso de que realmente sea así. Mal iríamos si el precio de un juez del Constitucional español fuera tan bajo. Pero el problema es otro: su apariencia de imparcialidad. Un requisito fundamental que es la razón por la que existen los motivos de abstención: porque no basta con que las decisiones sean justas, también tienen que parecerlo.
El precedente es terrible. A partir de este lunes, según el Tribunal Constitucional, ser juez y parte no es un motivo de abstención.
El segundo atropello democrático fue por la recusación. Por la forma en que se rechazó de plano.
Una explicación previa que roza la más absoluta obviedad: ningún juez se puede juzgar a sí mismo.
Por eso, cuando un afectado presenta una recusación –porque cree que el juez que le toca no es imparcial y está afectado por algunas de las causas legales que le obligan a abstenerse– quien tiene que decidir sobre ella nunca es el juez recusado. Son otros.
En la justicia ordinaria, suele ser el órgano superior. ¿Y en el Tribunal Constitucional? Pues como no existe ningún superior, es el resto del tribunal.
Así se hizo, por ejemplo, con la recusación en 2007 de Pablo Pérez Tremps. Que decidieron los otros magistrados del tribunal. Y donde Pérez Tremps, obviamente, no pudo votar.
Pérez Tremps fue apartado de la sentencia del Estatuto por seis votos contra cinco. Si él hubiera podido decidir sobre su propia recusación el resultado habría sido seis contra seis, y el voto de calidad de la entonces presidenta del tribunal, la progresista María Emilia Casas, habría desempatado la situación a su favor.
Recusar a Pérez Tremps fue clave para que la derecha pudiera tumbar el Estatut catalán. Y eso que en aquella recusación había argumentos muchísimo más débiles que los que hoy afectan a Narváez y Trevijano. Pero entonces a nadie se le ocurrió defender que Pérez Tremps pudiera votar sobre su propia recusación.
Es de cajón. Porque un juez no puede juzgarse a sí mismo.
La trampa que ha utilizado la derecha para saltarse todos los precedentes y que Trevijano y Narváez pudieran votar sobre su propia recusación la adelanté en mi artículo de este domingo. Fue votar otra cosa: no la recusación en sí, sino si esa recusación se debía tramitar.
Para los magistrados conspirados con el PP, tramitar la recusación era perder este pulso. Porque si se aceptaba a trámite, el mero trámite ya podía alargar por varias semanas el resto de las decisiones, y este mismo viernes Trevijano y Narváez iban a ser sustituidos. Y porque si se aceptaba como válida, perdían la mayoría en el tribunal para tumbar los planes del Parlamento, como era su principal intención.
Así que decidieron argumentar otra cuestión: que ni el grupo socialista ni el grupo de Unidas Podemos en el Congreso ni tampoco el presidente de la comisión de Justicia, Felipe Sicilia, (hubo tres recusaciones) tenían legitimación para recusar. Porque, según la peculiar visión de los magistrados conservadores, aunque son parte de este asunto –se permite su personación– no se les considera legitimados para recusar hasta que no responda el demandado: que es el Congreso como institución, y no sus diputados o grupos.
Hasta entonces, o hasta que lo pida el Congreso, la recusación ni se tramita. ¿Y si lo piden? Pues ya inventarán otra excusa. Como si fuera un asunto menor garantizar que estamos ante un tribunal imparcial.
Considerar que los mismos diputados cuyos derechos se cercenan son perjudicados pero no demandados por lo que hoy ha decidido el Tribunal Constitucional y que por tanto no pueden denunciar que dos de los jueces no tienen la necesaria apariencia de imparcialidad es una interpretación jurídica surrealista, por no decir algo peor. Es un absoluto disparate, por mucho que se vista de fina filigrana judicial.
El tercer atropello, el más grave, es amordazar al Parlamento español.
Ningún poder es absoluto en democracia. Tampoco el del Parlamento, por mucho que sea el único poder del Estado que eligen directamente los españoles con su voto.
Los legisladores –los diputados y senadores– están igualmente sometidos a un sistema de contrapesos. Y uno de ellos, tal vez el más importante por su poder, es el del Tribunal Constitucional. Que decide si las leyes que aprueban las Cortes caben en la Constitución.
No es exactamente parte del Poder Judicial. Es una cámara política que actúa como un órgano de garantías por medio de otro sistema de contrapesos: por su sistema de elección, por tres quintos en el Congreso y Senado, y porque sus mayorías cambian a un ritmo más lento (cada nueve años, cuando le toca nombrar al Gobierno de turno) que lo que lo hacen las mayorías parlamentarias.
No es un poder menor. El Tribunal Constitucional tiene la capacidad de anular o recortar leyes ya en vigor. O incluso reformas legales –como el Estatut catalán– que fueron aprobadas por Las Cortes españolas, por el Parlament catalán y por los catalanes en referéndum.
Sus sentencias suelen ser lentas. La del aborto, por ejemplo, ya acumula 11 años de retraso. Muchas veces el Constitucional se pronuncia cuando ya no tiene ningún impacto ni interés su decisión. Lo que nunca han hecho, hasta hoy, es paralizar una reforma legal en plena tramitación; antes incluso de que entrase en vigor. Lo han hecho contra el criterio del letrado más importante del tribunal, cuyo informe han rechazado. Y también contra el criterio del fiscal.
Algún día tal vez sepamos también cómo acabó este recurso en manos de Enrique Arnaldo: el magistrado preferido por el PP y la FAES. Y si fue realmente una cuestión de azar.
La forma en la que ha actuado la derecha en el Constitucional, saltándose todas las barreras por el camino, demuestra a las claras cuál era la intención: hacer todo lo que fuera necesario a la velocidad que fuera necesaria para usurpar el poder en un tribunal donde la derecha mantiene su mayoría de manera ilegítima; fuera de su mandato legal.
Y lo de menos es lo que hoy argumenta el tribunal: que se aceptan las cautelarísimas que ha pedido el PP y se paraliza la votación en el Senado porque se haya utilizado un atajo legal –lo expliqué en otro artículo– para tramitar esta reforma con más rapidez de lo normal. Es el mismo atajo que se ha usado decenas de veces en el Congreso para reformas pequeñas mediadas o grandes. Es el mismo método que, por ejemplo, usó la derecha para aprobar el aforamiento del emérito.
Porque aquí hablamos de otra cosa. No de procedimientos o de atajos –¿hay atajo mayor que el que ha utilizado el Tribunal Constitucional para librarse de las recusaciones?–. Hablamos de una conspiración de la derecha, que lleva más de cuatro años ocupando los órganos constitucionales con su mandato democrático fuera de plazo. De ahí, del incumplimiento sistemático y flagrante de la Constitución por parte del Partido Popular, nace todo el conflicto posterior.
El Parlamento no habría tenido que reformar a toda prisa ninguna ley si el PP cumpliera en tiempo y forma con la Constitución. O si cumplieran con la ley los vocales del CGPJ que llevan cuatro años con el mandato caducado y ahora bloquean la renovación del Constitucional desde septiembre, con la nada oculta intención de retrasar el asunto hasta después de las próximas elecciones generales, a ver si para entonces ya ganan los suyos.
No es siquiera un problema del liderazgo en la derecha. Porque absolutamente todos los líderes de la derecha desde que existe el Partido Popular –José María Aznar, Mariano Rajoy, Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo– han incumplido los plazos constitucionales para la renovación del Poder Judicial. Todos han bloqueado, sin excepción. Todos con la misma intención: controlar la Justicia. Son los mismos que se dan golpes en el pecho con la Constitución, mientras la pisotean en sus compromisos democráticos más básicos.
Mientras la derecha se salta la Constitución, es la izquierda quien debe evitar que el tren democrático descarrile en su totalidad. Este lunes por la noche, la presidenta del Congreso, el presidente del Senado y el ministro de Presidencia han salido a dejar claro que acatarán la decisión, a pesar de criticarla duramente. ¡Qué remedio! Porque no hacerlo sería condenar a este país a un desastre aún mayor. Siempre es la izquierda –también por la correlación de fuerzas en la Justicia; ellos no se librarían de una condena– quien tiene que evitar el choque frontal y velar por el interés general. Mientras tanto, la derecha chapotea de forma permanente, irresponsable e impune en la desobediencia ante la ley. Se han convertido en un partido antisistema, sin asumir ninguna consecuencia por la gravedad de sus actos.
Todos los líderes de la derecha han bloqueado la renovación del Poder Judicial a su favor, para alargar su poder sobre los jueces. Todos. Pero nunca antes esa técnica antidemocrática había alcanzado esta extensión. El actual Poder Judicial, si nada cambia (que no parece), cumplirá cinco años en funciones. ¡Un mandato íntegro! Y mientras todo se pudre por esta decisión del PP, Feijóo presume de que “la democracia sale fortalecida”. Es de un cinismo difícil de superar. Porque sin el filibusterismo sistemático de la derecha para atrincherarse en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional nada de esto estaría ocurriendo hoy.
¿Qué entiende Feijóo por democracia? ¿Es democrático que un órgano político con el mandato caducado se imponga al parlamento votado por los españoles? ¿De verdad?
Tampoco se puede responsabilizar al Parlamento de este choque de legitimidades. Porque si el trámite parlamentario hubiera sido otro –sin el famoso atajo–, el bloqueo de la derecha habría sido diferente, pero el resultado habría sido igual. Porque están haciendo todo lo posible para atrincherarse en un poder que perdieron en las urnas: de forma sistemática y desde hace años. Porque consideran que todo vale contra el Gobierno de coalición. Porque creen que el Estado es de su propiedad. Porque confunden su interés personal con la Constitución. “Este Gobierno o España”, resume Feijóo. Porque en su España solo caben ellos, y nadie más.
Este lunes, un Tribunal Constitucional con el mandato caducado ha amordazado al Parlamento español. Los daños de este gravísimo ataque a los cimientos democráticos aún están por calcular.

https://www.eldiario.es/escolar/democracia-atropellada-tribunal-constitucional_132_9808520.html

Tema: Re: Golpe a la democracia. Mar Dic 20, 2022 3:54 pm

Para que repites los mensajes??? Está arriba, no veo necesidad ninguna en repetirlo. No te gusta que se critiquen o que?

Tema: Re: Golpe a la democracia. Mar Dic 20, 2022 3:55 pm

καλλαικoι escribió:: Justificar lo injustificable, tratan los de El Diario.

Los porros letrados del Congreso avisaron que la reforma estaba mal tramitada.

Repitamos entonces la crítica también.

V.I.P. Mensajes : 31702

Ahora he mudado piel y ya soy experto en temas constitucionales. 20 euros por cada duda que resuelva, 2 por 35.

Golpe a la democracia. - Página 3 Bb85b61d70280c44c8bb034801ca4b6a

Golpe a la democracia. - Página 3 Bb85b61d70280c44c8bb034801ca4b6a

Tema: Re: Golpe a la democracia. Mar Dic 20, 2022 3:57 pm

Pues ahí va la pregunta: tiene el PP derecho a presentar un recurso y pedir medidas cautelares o no?

Tema: Re: Golpe a la democracia. Mar Dic 20, 2022 3:58 pm

Otra: que dice Europa de este tipo de tramitaciones? Que debe escucharse a todo el mundo o que se tramiten de forma exprés?

Tema: Re: Golpe a la democracia. Mar Dic 20, 2022 3:59 pm

Otra: el reemplazo de los magistrados debe hacerse por tercios o por sextas partes?

Tema: Re: Golpe a la democracia. Mar Dic 20, 2022 4:03 pm

Otra:!tienen razón los letrados del Congreso o también forman parte del golpe de estado?

Tema: Re: Golpe a la democracia. Mar Dic 20, 2022 4:08 pm

Otra: que les pasa a los que ignoran deliberadamente, eufemismo de desobedecer, una sentencia y no la acatan, como pide Echenique?

Tema: Re: Golpe a la democracia. Mar Dic 20, 2022 4:20 pm

καλλαικoι escribió:

El Postiguet escribió:: Que los españolazos, que también son parte del pueblo español sin duda, no les guste lo que se aprobaba, también entra en lo que se reconoce como democracia, pero al ser menor, en número y escaños, han de soportarlo.

Nadie tiene que soportar que se haga algo ilegal, por muy minoría que sea. Sea españolazo, español, españolito, catalán o catalufo. Y si esa ley lo es, que no lo sé, pues son los tribunales los que deben decidirlo.

Los catalanes son minoría con respecto al parlamento español, y bien que recurrieron al TC algunas leyes, y este algunas veces les dio la razón.

Seguimos en primero de democracia. Son cosas superbásicas, no sé ni como hay que explicar que aunque se sea mayoría no se puede aprobar una ley ilegal, los tribunales tienen derecho a echarla abajo.

Los catalufos son expertos en no respetar ni las leyes ni las resoluciones judiciales.

Tema: Re: Golpe a la democracia. Mar Dic 20, 2022 4:22 pm

καλλαικoι escribió:: Otra: que les pasa a los que ignoran deliberadamente, eufemismo de desobedecer, una sentencia y no la acatan, como pide Echenique?

Echeminga es como es el pobre.

V.I.P. Mensajes : 46433

Tatsumaru escribió:: Ahora he mudado piel y ya soy experto en temas constitucionales. 20 euros por cada duda que resuelva, 2 por 35.

V.I.P. Mensajes : 46433

El primero, por la abstención. O más bien por la ausencia de ella.
La ley es bastante clara y el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro Gonzalez Trevijano, la debería conocer. Artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una de las razones por las que un juez se debe abstener es por tener “interés directo o indirecto” en la causa sobre la que debe decidir.
Y la primera trampa de la derecha en una jornada negra para la democracia española ha estado ahí: que dos de los magistrados que debían haberse apartado por su propio pie de esta decisión se han negado a hacerlo.
Tanto Pedro González Trevijano como Antonio Narváez estaban obligados a abstenerse. Porque lo que este lunes debatía el Tribunal Constitucional era un asunto que les afecta de forma directa y personal. Tan directa como que se jugaban el puesto y el sueldo.
Dato importante: Trevijano cobra 13.300 euros brutos mensuales como presidente del Constitucional. Narváez, 11.973 euros brutos al mes.
Gracias a la votación de hoy, Trevijano y Narváez seguirán cobrando por más tiempo del Tribunal Constitucional –hasta que los insumisos del CGPJ tengan a bien cumplir con su obligación legal, que probablemente ya no tengan tanta prisa como la semana anterior–. Y si la decisión del Constitucional hubiera sido otra, este mismo viernes, Trevijano y Narváez habrían perdido su puesto y su sueldo. Y los asistentes. Y el coche oficial.
No dudo que ambos magistrados, en su fuero interno, crean que este salario y estas prerrogativas no les afectan en lo más mínimo en su decisión. No dudo incluso de que realmente sea así. Mal iríamos si el precio de un juez del Constitucional español fuera tan bajo. Pero el problema es otro: su apariencia de imparcialidad. Un requisito fundamental que es la razón por la que existen los motivos de abstención: porque no basta con que las decisiones sean justas, también tienen que parecerlo.
El precedente es terrible. A partir de este lunes, según el Tribunal Constitucional, ser juez y parte no es un motivo de abstención.

Tema: Re: Golpe a la democracia. Mar Dic 20, 2022 9:17 pm

καλλαικoι escribió:: Justificar lo injustificable, tratan los de El Diario.

Los porros letrados del Congreso avisaron que la reforma estaba mal tramitada.

Injustificable es lo tuyo. Directamente.

Salú y República.

Tema: Re: Golpe a la democracia. Mar Dic 20, 2022 10:07 pm

Tema: Re: Golpe a la democracia. Mar Dic 20, 2022 11:20 pm

El Tribunal Constitucional ha prevaricado

JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN

Abogado. Comisionado español de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra). Ha sido Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo.

20/12/2022

Vivimos tiempos de turbulencias políticas en los que el desorden constitucional ha llegado a unos límites preocupantes. Si no conseguimos situar todas las piezas del entramado constitucional en su verdadero sitio podemos llegar a la ruptura del orden constitucional y exponernos a consecuencias imprevisibles.

Por supuesto la prevaricación solo puede imputarse a los seis magistrados que han conformado la mayoría pírrica que proclama, urbi et orbi, que una institución que según su Ley orgánica es el máximo intérprete de la Constitución, tiene competencia para conculcar clamorosamente, los principios fundamentales que la informan. La invasión de la autonomía de las Cámaras legislativas, interfiriéndose en el orden del día y en los trámites parlamentarios, no tiene precedentes en ningún sistema democrático, no solamente de la Unión Europea sino de otros muchos países, incluido el Reino Unido que es la cuna del parlamentarismo.

La Constitución en su artículo 66 establece claramente que las Cortes Generales, es decir, el Congreso de los Diputados y el Senado representan al pueblo español y si el artículo 1.2 de nuestro texto constitucional no me corrige la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Es obvio que el Tribunal Constitucional no forma parte de ninguno de los tres poderes del Estado.

La tramitación de una ley en el seno del Poder Legislativo podrá ser o no la más adecuada, según las circunstancias del caso. Se abre a todas las opiniones de los especialistas, pero nadie puede argumentar que el procedimiento elegido si se ajusta a las previsiones del Reglamento de las cámaras, su tramitación y votación es inevitable. Por algunos se ha alegado que la tramitación puede tener algún defecto formal y no tengo nada que objetar a sus posiciones. Pero resulta inadmisible, en todo caso, que el Tribunal Constitucional, sin apoyo legal alguno, se permita suspender la tramitación.

Este maldito embrollo, como se titula una película italiana inolvidable dirigida por Pietro Germi, tiene su origen en una subversión dirigida por el Partido Popular pretendiendo perpetuar su control sobre los vocales a su servicio en el Consejo General del Poder Judicial que se ha perpetuado a lo largo de más de cuatro años y que pretende mantenerse a ultranza con el objetivo de llegar a las elecciones generales. El objetivo es privar al Gobierno, con la colaboración de los seis los magistrados del Tribunal Constitucional, de la posibilidad de que los dos magistrados designados según la Constitución y la ley, cuyos nombramientos están publicados en el BOE, tenga efecto alguno.

Ya me he pronunciado sobre este punto y creo que la decisión del Presidente del Tribunal Constitucional Pedro González-Trevijano, negándose a convocar un Pleno para verificar si los dos magistrados nombrados por el Gobierno son juristas con más de 15 años de experiencia, constituye un delito de prevaricación por omisión que el Tribunal Supremo, en consolidada doctrina, ha aplicado a varios alcaldes que se negaban a convocar los plenos municipales.

En el momento de escribir estas líneas no conozco los razonamientos de las motivaciones que han llevado a esos seis magistrados a la adopción del acuerdo de interferirse en el funcionamiento autónomo de las cámaras legislativas. Pero sin duda alguna puedo afirmar que la admisión a trámite de un recurso de amparo formulado por los parlamentarios del PP resulta insólita, extravagantemente e ilegal. Parece mentira que esos magistrados desconozcan su propia Ley Orgánica. Para admitir a trámite un recurso de amparo, según el artículo 49, en la demanda solicitando el amparo se deben citar los preceptos constitucionales que se estimen infringidos y se fijará con precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad que se considere vulnerado.

Al parecer, invocan el artículo 23 de la Constitución en el que se recogen los derechos de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes. En este caso los parlamentarios han gozado de este derecho y han sido libremente elegidos por sufragio universal. Por tanto, nada que amparar. La segunda parte del artículo reconoce el derecho acceder a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalan las leyes. Del mismo modo considero que, también este aspecto, el derecho constitucional les ha sido plenamente satisfecho. Por consiguiente, es evidente que ningún derecho o libertad fundamental les ha sido vulnerado, salvo interpretaciones retorcidas y hasta grotescas que incluyen en el contenido del artículo el desempeño de sus funciones parlamentarias.

Pero lo más preocupante desde el punto de vista de la legalidad constitucional y del respeto a las normas de funcionamiento en los recursos de amparo, los seis magistrados que han demostrado una gran dosis de activismo político, se han saltado a la torera el artículo 56 de su Ley Orgánica en el que se establece clara y rotundamente que el recurso de amparo, como regla general, no suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados.

Es cierto que a continuación establece la posibilidad disponer la suspensión total o parcial de sus efectos para que el recurso de amparo no pierda su finalidad, pero añade: siempre y cuando la suspensión no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido. ¿El funcionamiento autónomo de las Cámaras legislativas es o no un interés constitucionalmente protegido? Rotundamente sí.

La arbitrariedad y la ilegalidad de la decisión que han adoptado los magistrados de la mayoría permite valorar si concurren o no los presupuestos necesarios para calificarla como un delito de prevaricación. Siempre he sostenido que el derecho penal es la última razón de intervención en cualquier conflicto y no voy a variar ahora mi criterio. Espero y deseo que los autores de esta tropelía constitucional, reflexionen y piensen en el interés general y en la necesaria convivencia de todos los españoles. Alinearse con los que quieren tensar la cuerda política hasta el límite del golpe blando, aún a costa de crear un clima político irrespirable y peligroso para la democracia, no habla bien de la dignidad e independencia de la que deben estar revestidos los componentes del Tribunal Constitucional.

https://blogs.publico.es/dominiopublico/49572/el-tribunal-constitucional-ha-prevaricado/

Tema: Re: Golpe a la democracia. Mar Dic 20, 2022 11:31 pm

Pallín, Público... es todo tan previsible...

Tema: Re: Golpe a la democracia. Mar Dic 20, 2022 11:31 pm

Si sólo hubieran prevaricado nos iría bien: han dinamitado las bases democráticas más elementales.

Salú y República.

Tema: Re: Golpe a la democracia. Mar Dic 20, 2022 11:32 pm

καλλαικoι escribió:: Pallín, Público... es todo tan previsible...

Tan previsible como tu falacia ad hominem.

Salú y República.

Administrador Mensajes : 39014

El problema de base es que el Tribunal Constitucional no está compuesto por los mejores jueces sino que está formado por jueces elegidos por los políticos. Por jueces útiles al partido que los coloca. Lo que lo convierte en un tribunal politizado.

Luego no podemos sorprendernos de que sus decisiones sean políticas y, por lo tanto, injustas.

Espero que, al menos, no resulten ser tan irresponsables de sus actos como el emérito.

Tema: Re: Golpe a la democracia. Miér Dic 21, 2022 12:15 am

el.loco.lucas escribió:: El problema de base es que el Tribunal Constitucional no está compuesto por los mejores jueces sino que está formado por jueces elegidos por los políticos. Por jueces útiles al partido que los coloca. Lo que lo convierte en un tribunal politizado.

Luego no podemos sorprendernos de que sus decisiones sean políticas y, por lo tanto, injustas.

Espero que, al menos, no resulten ser tan irresponsables de sus actos como el emérito.

Eso (dónde está el problema) es discutible: ¿quiénes son los mejores jueces? ¿quiénes deciden los que son los mejores jueces? Si hallamos los mejores ¿por qué tienen un mandato por unos pocos años?

El poder tiene que estar en manos del pueblo sí o sí, y, si el único sistema que tiene el pueblo para decidir quién forma parte de los poderes públicos es elegir diputados y senadores, es que el verdadero poder del único soberano (el pueblo) está delegado en diputados y senadores, luego es absolutamente lógico que los diputados elijan al Presidente del Gobierno, y es igual de lógico que, al menos parte del poder judicial, lo elijan los mismos diputados y senadores representantes de la soberanía del pueblo.

O eso o los elije el pueblo directamente.

En cuanto a que el poder judicial acabe politizado, sólo es porque el partido que les elije luego les exige la "debida fidelidad" y la devolución de los favores por intereses bastardos.

Y lo que hay que conseguir es que los jueces con poderes de gobierno dentro de la judicatura o con poderes en decisiones constitucionales, no se salten la normativa, durante cuatro años, como está ocurriendo, y luego se crean capaces de decidir si ellos mismos son recurribles o no (¿dónde se vio tamaño desatino?) y más, que se crean en el derecho de poder controlar órganos legislativos inviolables.

El verdadero problema no son los jueces, ni el legislativo, sino los golpistas que pretenden sacar tajada personal ciscándose en lo más sagrado de la democracia: los golpistas bulócratas.

Democracia es otra cosa que esa gandalla no es capaz de entender.

Salú y República.

Administrador Mensajes : 39014

Todo es discutible...

Para mí el problema más serio, y muy de fondo, es que un juez al servicio del partido político que lo coloca difícilmente estará al servicio de la Justicia.

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